Uno de los mayores desafíos de las democracias constitucionales contemporáneas es la consolidación de la legitimidad de los poderes judiciales; en especial, en contextos –como el mexicano– caracterizados por cuestionamientos y desafíos políticos, sociales y legales.
Desde una perspectiva institucional, los poderes judiciales se encuentran frente al reto de diseñar e implementar políticas que promuevan su independencia y credibilidad. En lo individual, los operadores judiciales tienen la responsabilidad de responder a las expectativas sociales para abonar a la legitimidad de su labor por medio de actuaciones y decisiones éticas, eficaces y con sensibilidad social que solucionen los problemas de las personas.
El Centro de Estudios Constitucionales tiene el objetivo de desarrollar un espacio de reflexión crítica y propositiva sobre el vínculo entre la ética de los operadores judiciales y la legitimidad de los poderes judiciales.
La investigación y la literatura académica han establecido que la legitimidad es un fenómeno multifactorial. En este sentido, esta agenda de investigación pretende indagar sobre el estrecho vínculo entre la conducta judicial y la legitimidad de los poderes judiciales, así como estudiar todos aquellos elementos que impactan la credibilidad de la adjudicación judicial.
Por ejemplo, la calidad y accesibilidad del servicio, la diversidad y paridad en la integración de la institución, el diseño de los procesos y las instituciones, la calidad de la relación entre las autoridades y las personas, entre muchos otros.
Todo esto desde una perspectiva teórica, empírica e interdisciplinaria que posibilite comprender el fenómeno en sus distintas dimensiones y, principalmente, construir propuestas puntuales para abonar a la confianza ciudadana y legitimidad de las instituciones judiciales. Para lograrlo, se planean toda una serie de actividades académicas que incorporarán una red colaborativa de personas expertas nacionales y extranjeras con el fin de compartir reflexiones, hallazgos y propuestas.