La recurrente reclama responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, en base al dictamen del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer de 16 de julio de 2014. La falta de actuación de los tribunales españoles ante reivindicaciones de la madre, que había formulado 47 denuncias contra su exmarido para evitar que su hija tuviera que realizar visitas no supervisadas con él por sus actuaciones de violencia de género anteriores, implicó que dichas visitas se mantuvieran sin supervisión y el progenitor asesinó a la hija en una de ellas.
La “vulneración no sólo tiene evidente encaje en el artículo 14 de la Constitución Española -derecho de igualdad y no discriminación por razón de sexo-, pues durante años no se pusieron en marcha medidas que hiciesen efectivas en la práctica previsiones legales existentes y de manera que si pudiese reestablecer una igualdad rota en el seno familiar por los graves actos de discriminación sufridos por la recurrente, sino también en su artículo 24 -derecho a la tutela judicial efectiva- pues en los diversos procedimientos judiciales que revisaron la práctica administrativa no se dio amparo efectivo al derecho de la recurrente a no ser discriminada, todo ello con indudable y grave afectación de su dignidad humana y de su derecho a la integridad moral - artículo 15 de la Constitución Española” (FD 7).
