La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de los artículos 36, la Ley Nacional de Ejecución Penal (entre otros), argumentó que, al distinguir injustificadamente entre los NNA que nacen durante el internamiento de sus madres y los que no, restringe el derecho tanto de estos como de sus madres a permanecer en el centro penitenciario con ellas. En otras palabras, de acuerdo con la Comisión, únicamente las madres cuyos hijos nacen durante su internamiento gozan del derecho a que los infantes permanezcan hasta los 3 años de edad con ellas.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que toda mujer privada de su libertad que tenga hijos o hijas cuenta con el derecho a que permanezcan con ella en el centro penitenciario, independientemente del lugar del nacimiento del menor, de acuerdo con los artículos 10 y 36, párrafos tercero y cuarto de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
