Una madre usaba drogas y los tribunales decidieron que era negligente en el cuidado de sus hijos. Sus hijos vivían con sus dos padres. Los tribunales ordenaron que los niños vivieran fuera de su hogar al considerar que existía un peligro inminente a su salud. A su vez, condiciones fueron impuestas al padre para cumplir antes de que sus hijos pudieran regresar a su hogar. En la primera audiencia, el tribunal en este asunto determinó que había una sospecha razonable de que los dos padres fallaron con su deber de cuidar de sus hijos. Después el tribunal decidió que no había suficientes pruebas de que el padre sabía que la madre de los niños usaba drogas. Finalmente, los tribunales impusieron condiciones para ambos padres con miras a remediar las circunstancias de peligro para los menores y facilitar eventualmente la reunificación de la familia. El padre sostuvo ante los tribunales nacionales que como padre es presuntamente apto ante la ley, y la negación de custodia interfirió con su derecho fundamental de ser padre.
La Corte Suprema de New Hampshire consideró la ley constitucional. El derecho fundamental a ser padre no es absoluto y el poder del estado de velar por los intereses de los menores no reviste menor importancia. Las condiciones impuestas al padre por los tribunales requieren en su esencia que el padre pruebe su aptitud de forma afirmativa, lo cual le priva de su presunción de aptitud. Sin embargo, los tribunales no estaban obligados de regresar la custodia de los menores al padre inmediatamente. En este asunto, la madre era negligente y los dos padres vivían en el mismo hogar lo cual constituía una grave situación y justificó la intervención por los tribunales sobre la custodia del padre. La Corte Suprema consideró apropiado el derecho fundamental del padre de criar y cuidar a sus hijos, y el interés del estado de proteger el bienestar de los niños. La audiencia sobre la aptitud del padre no impuso una carga impermisible en contra de sus derechos constitucionales de criar y cuidar a sus hijos.