El estado de Texas exigía que las clínicas prestando servicios reproductivos, como servicios de aborto, requirieran que los médicos tuvieran privilegios de admisión a un hospital no más lejos de treinta millas del lugar donde se realizaba el aborto. También, las clínicas tenían como requisito cumplir con todas las exigencias aplicables a un centro quirúrgico. Las clínicas y otros proveedores de servicios de aborto solicitaron ante las cortes nacionales que la ley fuera declarada inconstitucional por constituir una imposición indebida (“undue burden”) al derecho de una paciente de obtener un aborto antes de la viabilidad fetal.
La Corte Suprema consideró la ley inconstitucional por representar una imposición indebida e in justificada al derecho de una mujer a obtener un aborto antes de la viabilidad fetal. La Corte tomó en cuenta que la ley bajo examen no ofrecía ningún beneficio significativo para la salud de la mujer. Leyes que no son necesarias y que tienen como propósito o efecto presentar un obstáculo sustancial a una mujer procurando un aborto antes de la viabilidad del feto imponen una imposición indebida y son inconstitucionales. Ello reviste particular importancia cuando la ley no otorga suficientes beneficios médicos para justificar el obstáculo impuesto. Las Cortes tienen que considerar los beneficios y obstáculos que presenta la ley. El verdadero objetivo de los requisitos era hacer más difícil el acceso a servicios reproductivos.