La Corte Suprema examinó una ley de Luisiana que requería que los proveedores de servicios de aborto obtuvieran privilegios de admisión activos en un hospital dentro de las 30 millas donde los abortos se realizaban. Los demandantes son proveedores de servicios de aborto, y sostienen que la ley es inconstitucional por constituir una imposición indebida (“undue burden”) sobre el derecho de sus pacientes a obtener un aborto.
La Corte Suprema consideró la ley de Luisiana inconstitucional al constituir un impedimento indebido y un obstáculo sustancial para las mujeres que procuran acceder a un aborto. Las condiciones en los privilegios de admisión a hospitales han y seguirán haciendo imposible para los proveedores de abortos obtener estos privilegios por razones no relacionadas con el interés del estado de promover la salud y seguridad de una mujer. Los doctores pueden ser negados estos privilegios de admisión por razones no vinculadas con sus capacidades y competencias. La ley tampoco ofrece beneficios significativos relacionados con la salud, e impone en consecuencia una imposición indebida al derecho constitucional de la mujer a elegir un aborto. La ley representa un obstáculo sustancial para las mujeres que procuran un aborto y el impacto de la ley reduce dramáticamente el acceso a servicios de aborto, aumentando el riesgo de salud. El resultado será que muchas mujeres que buscan tener un aborto legal y seguro en Luisiana no podrán obtenerlo.