La Corte Suprema de Iowa consideró la constitucionalidad de una ley que imponía un periodo de 72 horas para una mujer llevar a cabo un aborto. Planned Parenthood of the Heartland (PPH) sostuvo ante la Corte que la ley es inconstitucional por imponer graves dificultades y barreras para las mujeres que persiguen un aborto. También solicitan que la Corte revisara la ley bajo el estándar de “escrutinio estricto” o “strict scrutiny” aplicable a derechos fundamentales en vez del estándar de imposición indebida (undue burden). El estado argumentó que el aborto no es un derecho fundamental bajo la constitución de Iowa y la ley tiene que ser revisada bajo el estándar de imposición indebida.
La Corte Suprema de Iowa consideró la ley inconstitucional y careciente de un objetivo convincente. Estableció que la ley crea obstáculos significativos en el acceso a un aborto de pacientes que viven en situación de pobreza y con limitado acceso a ginecólogos. La Corte consideró que el escrutinio estricto es el estándar apropiado para aplicar en este caso y requiere que las leyes sean específicamente dirigidas a perseguir las metas trazadas. El estándar de imposición indebida trata los derechos como si fuesen menos que fundamentales, permitiendo que estas leyes invaliden ámbitos profundamente personales de la autonomía familiar y reproductiva. El estado erróneamente interpretó el verdadero significado de la Cláusula del Debido Proceso. La autonomía y el dominio sobre el propio cuerpo van al corazón mismo de lo que significa ser libre. Por dichas razones, la Corte consideró que en este caso particular la intrusión del gobierno fue injustificada.