La decisión tiene como antecedente una demanda de pérdida de la patria potestad sustentada en un abuso sexual del padre hacia su hija. Al conocer el asunto la Primera Sala estimó que los derechos fundamentales de los NNA a ser escuchados en los procesos judiciales y a ser protegidos contra toda forma de abuso, en conexión con el principio de interés superior de la niñez, exigen que en los juicios en los que se demande la pérdida de la patria potestad con ese motivo, se cuente con apoyo de un profesional en psicología del testimonio infantil tanto en la obtención como en la valoración de la declaración del infante, al tiempo que esos derechos también imponen la necesidad de adoptar el estándar de prueba de la probabilidad prevaleciente y no de prueba plena para poder tomar la decisión probatoria sobre el caso concreto.
Además, añade la Corte que cuando los jueces de primera instancia conozcan de algún caso de abuso sexual a un niño, niña o adolescente, ya sea en la jurisdicción penal o civil, están obligados a ordenar la práctica una prueba pericial a cargo de un profesional debidamente capacitado para evaluar la credibilidad de esa declaración, siempre que existan razones para dudar del testimonio del niño.
