La ley de Pennsylvania requería que, excepto en emergencias médicas, cada mujer: (a) tenía que esperar 24 horas desde su consentimiento hasta la realización de un aborto; (b) debía recibir información sobre el aborto de parte del estado, incluyendo sobre el desarrollo del feto; (c) una mujer casada tenía que informar a su marido de su decisión a abortar; y (d) el aborto, en el caso de menores, requiere consentimiento de uno de sus padres o tutor, aportado en persona o por una orden judicial. Además, los médicos y las clínicas debían remitir anualmente al estado informes sobre los abortos realizados durante el año identificando los médicos que recomendaron estos procedimientos. Los demandantes realizaban abortos y solicitaron a las cortes nacionales que declarara la referida ley inconstitucional al interponer una imposición indebida (undue burden) u obstáculo sustancial al derecho de las mujeres a obtener un aborto.
La Corte consideró los requisitos de la ley de conformidad con la constitución, excepto la exigencia de que una mujer procurando un aborto tenga que notificar a su marido. La Corte confirmó el derecho de las mujeres a elegir un aborto, pero reafirmó que los estados pueden imponer restricciones a este derecho en el primer trimestre para proteger la vida. Sin embargo, las restricciones no pueden constituir un obstáculo sustancial para procurar el aborto. El requisito de notificar a un marido antes de que una mujer procure un aborto constituye un obstáculo sustancial. Los intereses de la libertad constitucionalmente protegidos de una mujer incluyen la decisión de terminar su embarazo antes del momento de la viabilidad fetal. Las Cortes tienen que considerar los obstáculos y beneficios de la ley, considerando los intereses de la mujer embarazada y los del estado en la vida potencial.