El caso fue presentado ante las cortes nacionales por 14 parejas del mismo sexo y dos hombres cuyas parejas han fallecido. Cuestionaron leyes que definían el matrimonio entre un hombre y una mujer en Michigan, Kentucky, Ohio y Tennessee, y como las mismas violaban la XIV Enmienda de la Constitución al denegarles el derecho al matrimonio. También sostuvieron que estas leyes violaban su derecho de tener reconocimiento en todos los Estados Unidos de matrimonios legalmente llevados a cabo en un estado.
La mayoría de la Corte Suprema sostuvo que el derecho al matrimonio es fundamental e inherente a la libertad de persona, y es protegido por la cláusula de debido proceso e igual protección de la ley contenida en la XIV Enmienda de la Constitución. El contraer matrimonio es descrito como un derecho, una libertad, y una garantía que no puede ser negada a las parejas del mismo sexo bajo las cláusulas del debido proceso e igual protección de la ley bajo la XIV Enmienda de la Constitución. Las leyes cuestionadas carecen de suficiente justificación, y privan de un trato igualitario a las parejas del mismo sexo, resultando en un daño sustancial, y promoviendo inestabilidad e incertidumbre en sus relaciones. También la Corte Suprema discute como la identificación y protección de derechos fundamentales es una parte clave de la tarea jurídica de interpretar la Constitución. Destaca asimismo como las cortes deben ejercer su juicio razonado para identificar intereses de las personas de naturaleza fundamental meritorios de respeto por los estados.