Residentes de Wisconsin, como el señor Roger Redhail, no tenían permiso ante la ley de obtener una licencia matrimonial por encontrarse retrasados en sus pagos de pensiones alimenticias. La ley de Wisconsin no permitía que una persona con retrasos en pagos de pensiones alimenticias pudiera casarse. Los residentes sostuvieron ante las cortes nacionales que la ley es inconstitucional por violar el derecho fundamental a la privacidad y a formar un matrimonio. La Corte Suprema consideró la ley inconstitucional y contraria al derecho a formar un matrimonio, impidiendo directa y sustancialmente que una persona pueda ejercer este derecho protegido por la Cláusula de Protección a la Igualdad y el Debido Proceso contenida en la Enmienda XIV de la Constitución.
El derecho a contraer un matrimonio es parte del derecho fundamental a la privacidad implícito en la Cláusula de Debido Proceso en la Enmienda XIV. Al ser un derecho fundamental, esta interferencia con la decisión personal de cada persona a casarse debe ser sujeta a un escrutinio estricto (“strict scrutiny”). El Estado sostuvo su interés en a) tener la oportunidad de aconsejar a los solicitantes de una licencia matrimonial de la importancia de cumplir con sus pensiones alimenticias, b) proteger el bienestar de los hijos fuera de una custodia legal con el padre, y c) proteger la capacidad de los solicitantes de matrimonio de cumplir con las obligaciones de apoyo a los hijos anteriores. La Corte consideró que esta ley no avanza los intereses del Estado, no proporciona apoyo para los hijos de los solicitantes, y existen otros medios para lograr el cumplimiento de obligaciones financieras sin afectar el derecho a contraer matrimonio.