La Corte Constitucional analiza el caso de una mujer que solicitó la Interrupción Voluntaria del Embarazo -IVE-, por malformación fetal y por poner en riesgo su vida o salud, y a la que su EPS[1] le negó dicho procedimiento.
Basándose en que “la penalización absoluta del aborto cosifica a la mujer y la despoja de su dignidad humana”, la Corte reitera que la IVE es un derecho fundamental cuando el embarazo (i) sea producto de violencia sexual debidamente denunciada, (ii) constituya peligro para la vida o salud de la mujer o (iii) exista grave malformación del feto que haga inviable su vida (las dos últimas certificadas por un médico).
Así las cosas, este derecho “no se limita a la realización de un procedimiento médico, sino también supone componentes básicos de información, accesibilidad y disponibilidad en los servicios por parte de las EPS.” Por tanto, no hay un límite gestacional para la realización de la IVE y la mujer inmersa en dichas causales tiene derecho a un diagnóstico oportuno, a que se le dé respuesta a su petición de interrumpir el embarazo en cinco días y a que las EPS o IPS a las que acude le garanticen este derecho.
En el caso concreto, la Corte advierte que aún existen todo tipo de barreras que impiden que las mujeres que solicitan la IVE accedan a esta de manera oportuna y en las condiciones adecuadas, lo cual no sólo constituye violencia y discriminación contra la mujer, sino que además implica un incumplimiento a las obligaciones internacionales sobre la materia. Así que exhorta al Congreso a legislar para eliminar esta problemática.
[1] Las Entidades Promotoras de Salud -EPS- son instituciones que se encargan de la afiliación y registro de las personas al Sistema de Seguridad Social en Colombia, así como de organizar y garantizar la prestación del servicio obligatorio de salud.
