Cuadernos de Jurisprudencia

Diversos instrumentos internacionales de derechos humanos señalan que en relación con el derecho a la salud es necesario que se cumplan ciertas garantías para que pueda entenderse como tutelado. Entre estas condiciones, que son necesarias del respeto de este derecho, están disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad. Este cuaderno de jurisprudencia sobre el derecho a la salud, en su componente de accesibilidad, inaugura la serie de cuadernos sobre este tema. Consideramos que, dada la complejidad y la importancia de los temas que son objeto de adjudicación constitucional en punto de este derecho, es necesario integrar los textos con temas específicos. Los fallos están clasificados en seis escenarios constitucionales de litigio: 1) acceso a la salud para personas con discapacidad, 2) derecho a la salud sexual y reproductiva, 3) derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes, 4) suministro y acceso a medicamentos, 5) derecho a la salud y seguridad social y 6) categorías solitarias, en este patrón fáctico están los casos que, por su singularidad, no encuadran en ninguno de los cinco escenarios anteriores. Desde el Centro de Estudios Constitucionales esperamos que este cuaderno acerque al lector, con un lenguaje claro, los criterios más relevantes sobre el derecho a la accesibilidad en salud. Este compendio es una herramienta útil tanto para profesionales del derecho como para cualquier persona interesada en comprender los alcances y limitaciones de este derecho fundamental en México.

En los últimos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto una variedad de casos relacionados con los derechos de los pueblos, comunidades y personas indígenas y afromexicanas. La protección constitucional de sus derechos individuales y colectivos ha sido tanto una preocupación, como una postura que la Corte ha asumido a lo largo de las últimas décadas. La sistematización de las decisiones más importantes relacionadas con el derecho a una consulta previa, en un contexto plural y multicultural como el mexicano, resulta fundamental para abonar a la discusión sobre la correcta aplicación de esta garantía de participación pública, y su relevancia para el respeto y la protección de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. La evolución de las líneas de jurisprudencias que conforman este cuaderno refleja la labor y el papel de la Suprema Corte en la adjudicación de estos derechos. Por medio de esta publicación, el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte intenta contribuir a los esfuerzos para promover una impartición de justicia con perspectiva intercultural.

En los últimos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto una variedad de casos relacionados con los derechos de los pueblos, comunidades y personas indígenas y afromexicanas; la protección constitucional de sus derechos individuales y colectivos ha sido tanto una preocupación como una postura que la Corte ha asumido a lo largo de las últimas décadas. Como concepto, el acceso a una justicia culturalmente adecuada permite dar cuenta y dotar de significado a las condiciones necesarias y garantías judiciales que deben de observarse en los procedimientos judiciales que involucran a personas indígenas y afromexicanas para proteger y respetar tanto su derecho al acceso pleno a la jurisdicción del Estado, como su derecho a ser juzgados conforme a sus usos y costumbres. La evolución de las líneas de jurisprudencias que conforman este cuaderno refleja la labor y el papel de la Suprema Corte en la adjudicación de estos derechos. Por medio de esta publicación, el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte intenta contribuir a los esfuerzos para promover una impartición de justicia con perspectiva intercultural.

En este cuaderno de jurisprudencia sobre igualdad y no discriminación en el ámbito laboral, clasificamos los asuntos en diez escenarios constitucionales de litigio. En el primer escenario, se encuentran los asuntos sobre discriminación laboral por condiciones de salud. En segundo lugar, se agrupan las sentencias sobre discriminación laboral por discapacidad. En tercer lugar, pueden encontrarse los fallos sobre discriminación laboral por edad y en el cuarto, por cuestiones de género. En el quinto patrón fáctico están reunidos los casos de discriminación por nacionalidad y de los requisitos para acceder a cargos públicos. En el sexto escenario están los casos de trabajadores de confianza y de base. En séptimo lugar están agrupados los casos sobre los requisitos para acceder al derecho a la seguridad social. En el octavo patrón fáctico se encuentran los fallos sobre trabajadores de la educación y sindicatos. A continuación, en el patrón fáctico nueve, están las decisiones sobre los miembros de las Fuerzas Armadas y las corporaciones policiales. Finalmente, en el escenario diez, se encuentran los casos que, debido a su singularidad, no encajaban en ninguno de los nueve primeros. Aquí se reúnen las sentencias sobre habitaciones para fumadores, exigencia de títulos profesionales y tatuajes, entre otros. El principio de igualdad y no discriminación es un punto estratégico desde el cual revisar lo que pasa antes de que se inicie la relación laboral y respecto de los sujetos que no tienen vínculo laboral formal, pero que son trabajadores. Esperamos que la reconstrucción de esta línea jurisprudencial sea útil tanto para facilitar la aplicación de la jurisprudencia constitucional sobre el punto, como para litigar los derechos laborales y hacer evidentes posibles discriminaciones en el mundo del trabajo.

La Suprema Corte ha desarrollado una extensa jurisprudencia sobre el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas a partir de una interpretación del artículo 16 constitucional. A pesar de su estrecha relación con el derecho a la privacidad, se trata de un derecho autónomo con un ámbito de protección propio. Un aspecto relevante es, sin duda, la intervención de las comunicaciones, por lo que el Tribunal Constitucional ha profundizado sobre la autoridad que puede solicitarla, aquella que puede autorizarla y los requisitos que debe cumplir. También ha explicado la forma en que debe incorporarse y valorarse en el proceso penal la información obtenida como resultado de una intervención. Paralelamente, la Suprema Corte ha estudiado en varios asuntos la geolocalización, una medida empleada por las autoridades encargadas de la investigación de delitos cuya relevancia ha aumentado notablemente en los últimos años, debido a los avances tecnológicos y el uso generalizado del teléfono celular. Dado el vínculo que existe entre la intervención de comunicaciones y la geolocalización, el Tribunal Constitucional ha analizado cómo deben actuar los concesionarios de redes públicas para respetar el derecho a la privacidad de sus usuarios. Además, ha explicado cómo debe regularse esta materia en el fuero militar. Este cuaderno de jurisprudencia es el tercero de una serie dedicada específicamente al estudio de los aspectos generales del derecho a la privacidad y de los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones privadas. Por medio de esta publicación, el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación busca contribuir a la salvaguarda de los derechos humanos en los procedimientos del orden penal, mediante un esfuerzo para difundir y socializar el contenido y alcance del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

En la justicia penal se conoce como “formas de conducción de la persona al proceso” a aquellos mecanismos que hacen posible que la persona acuda ante el Ministerio Público o la autoridad judicial para declarar o realizar diligencias para continuar con el procedimiento penal; así, la conducción de una persona al proceso penal es el primer acercamiento de un ciudadano o ciu­dadana con el sistema de justicia penal. Para hacer alusión al inicio del proceso penal, es necesario con­siderar tanto las reglas del sistema mixto como las del sistema penal acusatorio, pues las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las formas de conducción de la per­sona al proceso penal han sido emitidas en el marco de ambos sistemas. En ese sentido, este cuaderno de jurisprudencia aborda las de­cisiones de la Suprema Corte respecto a la presentación de la persona ante la autoridad ministerial para declarar y la orden de comparecencia dictada por la autoridad judicial para asistir a la audiencia inicial en el sistema penal acusatorio. Así, se espera que este cuaderno de jurisprudencia sea una herramienta útil e indispensable para que tanto el foro jurídico como la ciudadanía conozcan los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativos a las formas de conducción de la persona al proceso penal; éstas limitan el derecho humano a la libertad personal, por lo que resulta importante cono­cer cómo deben ser utilizadas por las autoridades ministeriales y judiciales de México para no transgredir ese derecho. 

El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas es un pilar fun­damental en la construcción de un México que reconoce y respeta la diver­sidad cultural. Los precedentes judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido clave para definir y delimitar la autonomía de los pueblos indígenas, el uso de sus tierras y recursos, así como la preservación de sus costumbres y formas de gobierno. Este cuaderno de jurisprudencia reúne los criterios de creación judicial de la SCJN referentes a la libre determinación. Los fallos están clasificados en cinco escenarios constitucionales de litigio: 1) contenido y alcance del derecho a la libre determinación, 2) protección de los derechos humanos como límite a la libre determinación, 3) derecho a la autonomía indígena, 4) derecho a la propiedad de la tierra y 5) fuero indígena. Desde el Centro de Estudios Constitucionales esperamos que este cuaderno acerque al lector los criterios más relevantes sobre la libre determinación en materia de justicia intercultural. Este compendio es una herramienta útil tan­to para profesionales del derecho como para cualquier persona interesada en comprender cómo la libre determinación se articula dentro del marco consti­tucional mexicano. 

La regulación del procedimiento abreviado se unificó tras la publi­cación del Código Nacional de Procedimientos Penales en 2014; la norma vigente señala que la facultad de solicitarlo correspon­de al Ministerio Público y que su procedencia requiere que no exista oposición por parte de la víctima del delito. La solicitud se puede realizar desde el momento de la vinculación a proceso y hasta antes del auto de apertura del juicio oral; la ley contempla que la persona imputada admita su responsabilidad y consienta la procedencia del procedimiento tras ser debidamente informada sobre sus implicaciones y alcances. El procedimiento abreviado implica una reducción significativa de la pena que sería impuesta de seguirse el proceso penal or­dinario. Si bien se trató de una figura novedosa para el sistema de justicia penal mexicano, esta forma de terminación anticipada del proceso o de renuncia al juicio tiene una amplia tradición en los sistemas adversariales. Conocer los precedentes de la SCJN en la materia es crucial para entender más sobre el contenido y los alcances de esta fi­gura, con el propósito de garantizar que su operación contribuya a la eficiencia del sistema de justicia sin menoscabar los dere­chos de las personas. Desde el Centro de Estudios Constitucio­nales, esperamos que este cuaderno sea útil y oportuno para las personas que operan el sistema de justicia, los abogados y las abo­gadas, las y los estudiantes y todo el público interesado en los derechos y el sistema de justicia. 

El arraigo es una medida cautelar excepcional y previa al proce­so penal en México. Se traduce como una restricción constitucionalmente válida de la libertad personal, en la cual se le orde­na a la persona investigada permanecer en un lugar determinado, con vigilancia de autoridades específicas. En este cuaderno se identificaron como escenarios constitucio­nales de litigio la naturaleza jurídica de la orden de arraigo; las figuras similares al arraigo; el juicio de amparo en contra de la orden de arraigo antes de la reforma constitucional en materia penal de 2008; la transición del arraigo en el periodo de imple­mentación de la reforma; los medios de control constitucional en contra de la orden de arraigo después de la reforma; los impedi­mentos y facultades de las autoridades en relación con el arrai­go y las limitaciones al arraigo impuestas por la Constitución. La formación de la línea jurisprudencial sobre arraigo se constru­yó con el propósito de facilitar a todas las personas el acceso a los precedentes resueltos por la Suprema Corte sobre el tema; se hizo de forma accesible para que sea usada no sólo por miembros del Poder Judicial, operadores jurídicos o por aboga­dos y abogadas especializados en la materia, sino por todas las personas que estén interesadas en la defensa y protección de los derechos humanos, particularmente, del derecho a la libertad personal. 

La libertad de trabajo en México está protegida por el artículo 5 de la Constitución. Esta libertad permite a las personas elegir su profesión, oficio o actividad dentro de los límites establecidos por la ley. Los precedentes judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido clave para definir y delimitar este derecho. Este cuaderno reúne los criterios de creación judicial de la SCJN referentes a la libertad de trabajo. Los fallos están clasificados en 13 escenarios constitucionales de litigio: 1. Limitaciones a las empresas comerciantes de medicina y trabajadores de la salud, 2. Derecho a la Seguridad Social, 3. Subcontratación, 4. Trabajo infantil, 5. Trabajadores académicos y planteles educativos, 6. Trabajadores al servicio del Estado, 7. Personal de las Fuerzas Armadas, 8. Personas en situación de movilidad y extranjeras, 9. Libertad contractual, 10. Servicios públicos en el comercio exterior, 11. Exigencia del título profesional, 12. Acceso a cargos públicos y 13. Categorías solitarias, en este patrón fáctico están los casos que, por su singularidad, no encuadran en ninguno de los 12 escenarios anteriores. Este cuaderno de jurisprudencia del Centro de Estudios Constitucionales tiene como objetivo acercar al lector los criterios más relevantes sobre la libertad de trabajo, con un lenguaje claro y accesible. El compendio es una herramienta útil tanto para profesionales del derecho como para cualquier persona interesada en comprender los alcances y limitaciones de este derecho fundamental en México.