Entre los expedientes históricos destacan:
- Juicio de amparo 2/1910. María de Jesús Zapata pidió el amparo de la justicia federal para su hermano Emiliano; su argumento descansaba en el reclamo de la violación que hoy se conocen como las garantías de seguridad jurídica y del “debido proceso” entonces consignadas en los artículos 16 y 20 de la Constitución. A tres días de estar incomunicado, Emiliano había sido consignado al servicio de las armas luego de un sorteo presenciado por el presidente municipal de Cuautla. De acuerdo con el testimonio rendido en el juicio de amparo, la condena derivó de una orden expresa del gobernador estatal para cubrir bajas en el Ejército.
- Serie penal 42/1912. Emiliano Zapata fue acusado de sedición. Su acusador apareció tras ser citado en varias ocasiones y domicilios, confirmando su acusación. Después de considerar todas las pruebas aportadas, el juez concluyó que a pesar de que se tipificaba el delito de sedición, era cierto también que el hecho encuadraba enteramente dentro del precepto del Artículo Primero de la Ley de Amnistía del 10 de abril de 1913. La sentencia declaró extinta para siempre la acción penal contra Zapata por ese delito.
- Serie penal 18/1913. El jefe de operaciones militares en Morelos –impuesto por Victoriano Huerta– ordenó detener a todos los diputados, al gobernador de Morelos y al presidente municipal de Cuernavaca, ante lo cual el Senado de la República declaró la desaparición de poderes y nombró al mismo jefe militar, Juvencio Robles, como gobernador del estado. La detención, según expuso Juvencio Robles a Huerta, fue por un acto de rebelión, como se interpretó el discurso condenando el asesinato de Madero. El expediente contiene el texto íntegro del discurso.
- Juicio de amparo 3/1921. El latifundio que fue la hacienda de Atlacomulco era parte de una extensión aún mayor que perteneció desde 1529, a Hernán Cortés y a sus descendientes. Sus herederos no aparecían con frecuencia, y los virreyes –en nombre de “su Majestad”– fueron disponiendo de partes del Marquesado y reduciendo su tamaño, situación tolerada por las autoridades independientes; estas propiedades no se incluyeron en los censos de tierras susceptibles de reparto, hasta que en 1921 y 1922, pobladores de Jiutepec –entre ellos, ex combatientes del Ejército Libertador del Sur–, solicitaron al estado la restitución de las tierras, incluidas 50 hectáreas de Atlacomulco. Ramón Álvarez comparece como afectado afirmando que se afectan sus derechos y que la gente de Jiutepec no justifica su demanda por haber sido beneficiados con el reparto de otra hacienda, y expuso además que había invertido para el cultivo de arroz. El gobernador autorizó dar en posesión provisional 50 hectáreas para integrarlas al fundo legal de Jiutepec.
- Juicio de amparo 3/1921. El súbdito español Valeriano Salceda, propietario de El Higuerón, demandó al gobernador con el argumento de que el reparto de tierras pertenecientes a su hacienda contravenía preceptos constitucionales en materia de propiedad. Según Salceda, la resolución de las autoridades agrarias adolecía de errores fundamentales: El Higuerón era sólo un conjunto de chozas instaladas en su propiedad, calidad no sujeta a reparto por la ley de 1915. Argumentó que esa población vivía del comercio y que sólo intentaban apropiarse de la infraestructura hidráulica que él había instalado durante los últimos diez años del Porfiriato, periodo en que obtuvo una concesión para el usufructo de las aguas y afluentes del Río Verde. Canales, mampostería y puentes pasaron a manos de pobladores de Jojutla, Tlaquiltenango y El Higuerón.
- Juicio de amparo 20/1921. En pleno auge porfiriano, las haciendas Santa Clara de Montefalco y Santa Ana Tenango –propiedad de Luis García Pimentel–, constituían parte considerable del estado de Morelos; casi 69 mil hectáreas que se iban desde la zona de Huautla hasta el Popocatépetl y parte del territorio poblano. Su poderío se extendía también sobre veinte pueblos cercados por esos terrenos, en Zacualpan, Jantetelco, Jonacatepec, Tepalcingo y Axochiapan. En 1921, su hijo pidió el amparo de la justicia para evitar que fueran decretadas como ociosas 36 hectáreas del predio El portezuelo que, según la versión del presidente municipal, disponía de aguas que nacían en predios de diferentes propietarios. El verdadero litigio era por el acceso al agua para el pueblo de Jonacatepec, impedido por la hacienda; García Pimentel aseguraba que el agua pertenecía a la hacienda de Tenango.
- Juicio de amparo 25/1943 y su acumulado 36/1943. Pablo Brígido Sánchez y Antonio Flores Mendoza fueron detenidos en Cuautla, mientras esperaban el tren que iba a Axochiapan; entre sus ropas llevaban ejemplares del Plan de Cerro Prieto, credenciales del Partido Socialista Mexicano y material considerado subversivo. Declararon que habían contactado a Jaramillo para pedirle ayuda con un inspector de alcoholes que les pedía dinero a cambio de permitir el funcionamiento de una productora de mezcal. El 6 de julio, mientras trabajaba en el mercado, Jaramillo fue detenido y consignado ante el Juez de Distrito de Cuernavaca por los mismos delitos que sus compañeros, entre ellos el de traición a la patria. Familiares y amigos iniciaron una campaña para solicitar la excarcelación de Jaramillo, apelando a la amnistía que le había otorgado el presidente. Su mujer Epifania y algunas agrupaciones campesinas, cívicas y de universitarios manifestaron al presidente su temor de que las autoridades locales y el jefe de la Zona Militar atentaran contra la vida del líder. El 16 de julio, al no encontrar elementos que configuraran los delitos señalados, los tres fueron liberados.
