Destacan los expedientes siguientes:
- Causa penal 17/1886. Trata de una introducción clandestina de mercancías de diversas especies vía marítima, en la cual se fijó fianza, los hechos se suscitaron en la ciudad de Muleje y el trámite se llevó a cabo en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.
- Juicio civil 33/1887. La Compañía Mexicana Internacional Colonizadora Luis Hüller pide la posesión de un predio de 3,170 hectáreas denominado El Sauzal de Camacho; también solicita notificación a los dueños de predios colindantes para que presenten sus títulos de propiedad a fin de delimitar el predio en cuestión. Fundamentan su derecho con un título de propiedad. En la resolución final aparece el nombre de Benito Juárez.
- Causa penal 4/1888. El 31 de julio en San Quintín, se capturaron 65 bultos con mercancía presuntamente ilegal, pues no contaba con las formalidades aduanales. Durante las averiguaciones surge un domicilio al que acuden las autoridades; nadie les abre, entran y descubren más mercancías con las mismas características. El mismo día aparecieron productos de contrabando en casa de un comerciante alemán y, días después, se encontró un gran depósito de bultos tapados con una lona y semi enterrados en arena. El asunto acabó con el descubrimiento de una red de contrabando, prisión para los dos extranjeros involucrados y el decomiso de una cantidad considerable de mercancías.
- Juicio civil 51/1888. Juicio de propiedad en el municipio de Santo Tomás contra las señoras Luz R. de López y María Amparo Ruiz de Burton, quien acredita su derecho con un título de propiedad expedido el 31 de diciembre de 1859 y firmado por el presidente interino Benito Juárez.
- Causa penal 5/1890. El señor Antonio Monroy inicia una averiguación para determinar si los monumentos que marcan la línea divisoria entre los Estados Unidos y México –en Tecate– fueron movidos de lugar. El juicio se sobresee al verificarse que no hubo ninguna modificación. Contiene el cálculo de los planos originales de la línea divisoria entre México y Estados Unidos conforme al Tratado de Guadalupe Hidalgo.
- Causa penal 66/1911. Se trata de una averiguación previa de rebelión y sedición en contra de Santiago Huerta, Francisco Gallegos Labrada y Tirso de la Toba, como representantes del Partido Liberal, comandados por los hermanos Flores Magón. El Ministerio Público Federal giró diversas órdenes de aprehensión en toda la República, resultando algunos detenidos en la ciudad de Mexicali, Baja California, quedando en libertad por falta de datos suficientes que comprueben la existencia del cuerpo del delito. La averiguación quedó abierta a Tirso de la Toba, prófugo de la justicia.
- Juicio de amparo 57/1933. La heredera de cuatro “pertenencias mineras” concedidas a su esposo en 1906, se inconforma con la oficina local de Hacienda porque, en 1932, no le aceptaron el pago de impuestos que venía efectuando con la misma tarifa desde la fecha de concesión; tampoco le reconocían esos pagos y además le imponían un recargo por los impuestos supuestamente no pagados; en total, su deuda ascendía a 562.26 pesos. Por otro lado, la Secretaría de Economía Nacional había declarado caduca la propiedad de aquellas minas y habían pasado a manos de Industria El Potosí, S. A. Inexacta aplicación de las Leyes sobre Impuesto Minero. El juicio de amparo es admitido por el Juzgado de Primera Instancia, pues en Ensenada no había Juzgados de Distrito.
- Causa penal 19/1934. Se trata de una Averiguación Previa por el delito de evasión de presos y reos federales, se siguió proceso penal a los custodios de los reos federales, siendo indispensable expedir exhortos de ruta tendientes a la captura de los prófugos.
- Juicio civil 9/1940. Este caso trata sobre un interdicto para retener la posesión de bienes inmuebles promovido por el apoderado de la compañía Jockey Club, S.A., contra la Secretaría de Agricultura y Fomento; no se pudo probar la acción y se absuelve al organismo gubernamental. Contiene el original de un título de propiedad firmado por el presidente Pascual Ortiz Rubio el 27 de julio de 1931, obtenido en subasta pública por la enajenación de un terreno nacional, perteneciente al antiguo Rancho de Tijuana y poco mayor a 180 hectáreas.
- Causa penal 112/1944. Se trata de un delito por posesión y tráfico de drogas y sobre juegos y apuestas. Se denuncia a José Macok y cómplices, en cuyos domicilios se encontraron fumaderos de opio –a los que asistían adictos orientales– y un garito donde se practicaban juegos de azar prohibidos por la ley. La sentencia, condenatoria, fue ratificada por el Tribunal Cuarto de Circuito. Este expediente contiene una firma del presidente Álvaro Obregón.
