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Sesión del 16 de Enero de 2014

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Acción de inconstitucionalidad 32/2012.

Derecho humano a la privacidad. Dado que no violan este derecho, se reconoce la validez de los artículos 133 Quáter, del Código Federal de Procedimientos Penales, que faculta al Procurador General de la República y a los servidores públicos en quienes delegue la facultad, solicitar por simple oficio o medios electrónicos a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea, tratándose de investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas, y del artículo 40 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que establece el deber de colaboración a cargo de dichos concesionarios y permisionarios  para tales efectos, que se extiende respecto de las solicitudes que emitan los procuradores de las entidades federativas  o de los servidores públicos en quienes deleguen esta facultad.

Derecho humano a la privacidad, legalidad, certeza y seguridad jurídica. Dado que no viola estos principios, se reconoce la validez del artículo 16, fracción I, apartado D, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que establece como requisito que deberán cumplir los interesados en participar en los procesos de licitación pública para la concesión sobre bandas de frecuencias del espectro para usos determinados, en específico, para el caso de los servicios de telecomunicaciones, aquellas acciones que en coordinación con la autoridad correspondiente, permitan combatir los delitos de extorsión, amenazas, el secuestro  o algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada.

Acción de inconstitucionalidad 65/2012.

Causas de improcedencia. Se desestima la aducida por el gobernador del Estado de Jalisco, prevista en la fracción VI del artículo 19 de la Ley reglamentaria de la materia,  en el sentido de que no existe definitividad en el decreto que se está reclamando, dado que no hay ningún medio de defensa que los diputados promoventes debieron agotar previamente antes de venir a la acción, y la facultad de iniciativa no constituye un medio de defensa en contra del acto impugnado.

Violaciones al procedimiento legislativo. Análisis sobre si resultan fundados los conceptos de invalidez en los que se plantea que el proceso legislativo que dio origen al decreto 24158/LIX/12, en la porción que deroga la fracción XI del artículo 9º, de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco, es violatorio de los principios de seguridad y deliberación parlamentaria, al no evidenciarse la existencia de una iniciativa en ese sentido y no exista certeza de que lo aprobado por la Asamblea haya sido objeto de conocimiento previo por parte de sus integrantes que les permitiera tener elementos suficientes para discutir al respecto.