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Septiembre 13, 2021
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Septiembre 13, 2021

Acción de inconstitucionalidad 54/2018

Objeción de conciencia. Es una forma de concreción o materialización del derecho humano de libertad religiosa, ideológica y de conciencia, de manera que forma parte de su núcleo esencial y comparte la fuerza vinculante directa de todo derecho reconocido por la Constitución General. 

Objeción de conciencia. El Congreso de la Unión, al prever en el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud la facultad del personal médico y de enfermería de ejercerla y excusarse de participar en los servicios de salud que se opongan al desarrollo de su libertad religiosa, ideológica y de conciencia, no creó, al margen de su competencia, un derecho humano ni un límite o restricción al derecho de la salud no prevista en la Constitución General.

Objeción de conciencia. Desde un plano abstracto, no es un límite ni una restricción del derecho a la salud, pues, al tratarse de la materialización de un derecho humano, su ejercicio no puede ser absoluto ni ilimitado.

Objeción de conciencia. El alcance del artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, que la regula, no excede del ámbito de los servicios contemplados en ésta, por lo que su expedición se enmarca exclusivamente en la materia de salubridad general, cuyas bases y sistema de distribución competencial corresponde delimitar al Congreso de la Unión, de acuerdo con el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución General.

Objeción de conciencia. El artículo transitorio Segundo del Decreto por el que se adicionó el artículo 10 Bis a la Ley General de Salud, en cuanto preve el plazo para que la Secretaría de Salud emita las disposiciones y lineamientos necesarios para su ejercicio en los casos que establece la ley, no delega de manera indebida a dicha autoridad la facultad de regular la creación de un derecho fundamental, sino que constituye una cláusula coherente con el sistema de concurrencias que se contempla en la Constitución Mexicana.

Objeción de conciencia. El artículo transitorio Tercero del Decreto por el que se adicionó el artículo 10 Bis a la Ley General de Salud no delega al Congreso de la Unión y a las entidades federativas la facultad de regular la creación de un derecho fundamental, pues solo mandata a estos órganos legislativos ajustar su ordenamiento para hacerlo congruente con la reforma legal respectiva.

Objeción de conciencia. Análisis sobre si el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud afecta desproporcionalmente el derecho de protección de la salud con motivo de una deficiente regulación de aquélla, al no delimitar de manera clara su ejercicio y no establecer los estándares que garanticen la disponibilidad de los servicios médicos de todas las personas, a través de personal no objetor.

Ministro Luis María Aguilar Morales
Septiembre 09, 2021

Acción de inconstitucionalidad 106/2018 y su acumulada 107/2018

Derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir. El artículo 4 BIS A, fracción I, en su porción normativa “desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley correspondiente, hasta su muerte,” de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, viola esa prerrogativa, al generar un ambiente de prohibición y obstrucción sobre los diferentes servicios de salud reproductiva, como resultado de colocar indebidamente en el mismo estatus a las personas nacidas y a la vida en gestión y equiparar su protección jurídica.

Derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir. La protección de la vida en gestación, como bien constitucionalmente valioso, no requiere de una cláusula constitucional de equiparación, sino de medidas que garanticen embarazos y partos saludables, así como la igualdad en el acceso de aquéllas a las oportunidades educativas y laborales.

Derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir. Las legislaturas de los estados carecen de competencia para conceptualizar la vida y, a partir de ello, delimitar el carácter de persona, asignándole una protección de carácter general y absoluto, en restricción de aquél. 

Acción de inconstitucionalidad. La sentencia de invalidez surte efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Sinaloa. 

 
Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena Sinaloa
Septiembre 07, 2021

Acción de inconstitucionalidad 148/2017

Derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir. Se reconoce la validez del artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, conforme al cual comete aborto quien causa la muerte al producto de la concepción, en cualquier momento del embarazo, ya que, por su posición y función en el Código, no afecta ese derecho y, más bien,  lo tutela en un escenario de maternidad deseada.

Derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir. Se declara la invalidez del artículo 196 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, que impone de uno a tres años de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciere abortar con el consentimiento de aquella, pues viola aquel derecho, al no incluir una formulación que permita interrumpir el embarazo en la primera etapa de gestación.

Derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir. Se declara la invalidez, por extensión, del artículo 198, párrafo primero, en la porción normativa "sea o”, del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, a fin de permitir que la mujer o persona gestante, cuyo embarazo fue consentido y que opta por interrumpirlo, sea asistida por personal sanitario, suprimiendo, en este supuesto, la sanción consistente en la suspensión temporal en el ejercicio de su profesión, oficio o práctica para la persona que realice el procedimiento sanitario o ayudara en éste. 

Derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir. Se declara la invalidez, por extensión, del artículo 199, en su acápite y párrafo primero, en su porción normativa “Se excusará de pena por aborto y”, del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en tanto que afecta tal derecho que, para los casos de violación, inseminación o implantación indebidas, peligro de la mujer embarazada, alteraciones genéticas o congénitas graves y culpa de la mujer embarazada, se califique al aborto como ilícito y que, por ende, subsista una noción de criminalidad en relación con esa acción aun tratándose de supuestos en los cuales la concepción se dio en un marco de ausencia de consentimiento  o bien se pretende dar cobertura y protección a la salud.

Derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir. Se declara la invalidez, por extensión, del artículo 199, fracción I, párrafo primero, en su porción normativa “dentro de las doce semanas siguientes a la concepción”, del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, al carecer de justificación y racionalidad que se establezca la posibilidad de practicar el aborto dentro de ese plazo, en relación con los supuestos de embarazo forzado.

Violación entre cónyuges y a otras personas con vínculos similares. Se declara la invalidez del artículo 224, fracción II, párrafo primero, del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, que sanciona con menor gravedad esa conducta, en relación con el tipo penal general de violación, por violar el derecho de igualdad en la ley y tener un impacto negativo en la protección de los derechos de la mujer.

Violación entre cónyuges y a otras personas con vínculos similares. Se declara la invalidez, por extensión, del artículo 224, fracción II, párrafo segundo, del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, el cual prevé que aquél se trata de un delito que se perseguirá por querella, es decir, a solicitud directa de la parte afectada, pues agudiza el desvalor con el cual el legislador estatal observó las violaciones sexuales que pueden acontecer en el senode un matrimonio, concubinato o pacto social, lo cual es incompatible con un esquema amplio e igualitario de protección de los derechos humanos.

Acción de inconstitucionalidad. La sentencia de invalidez, respecto de los preceptos que regulan el aborto, surtirá sus efectos retroactivos a la fecha en que entraron en vigor, es decir, al veintiséis de noviembre de dos mil diecisiete, a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Acción de inconstitucionalidad. La sentencia de invalidez, respecto del precepto que regula el delito de violación entre cónyuges y a otras personas con vínculos similares, surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Coahuila Penal Ministro Luis María Aguilar Morales
Septiembre 06, 2021

Acción de inconstitucionalidad 148/2017

Acción de inconstitucionalidad. Procede el sobreseimiento respecto del artículo 13, Apartado A, del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, al haber sido invalidado en la diversa acción de inconstitucionalidad 143/2017 y haberse dispuesto los efectos retroactivos correspondientes.

Acción de inconstitucionalidad. No procede el sobreseimiento respecto del artículo 224, fracción II, del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, reformado mediante decreto publicado el 12 de abril de 2019, ya que su invalidez tendría impacto en los procesos en que se hubiere aplicado.

Derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir. Su contenido y límites frente a la protección del bien constitucional del nasciturus.

Derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir. Análisis sobre si el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, conforme al cual comete aborto quien causa la muerte al producto de la concepción, en cualquier momento del embarazo, por su posición y función en el Código, vulnera ese derecho o bien lo tutela en un escenario de maternidad deseada.

Derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir. Análisis sobre si el artículo 196 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, que impone de uno a tres años de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciere abortar con el consentimiento de aquella, viola aquel derecho, por no incluir una formulación que permita interrumpir el embarazo en la primera etapa de gestación.

Derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir. Posibilidad de invalidar por extensión la porción normativa "sea o no consentido o” del primer párrafo del artículo 198 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, a fin de que no se imposibilite a la mujer o persona gestante que opta por interrumpir su embarazo ser asistida por personal sanitario, suprimiendo, en este supuesto, la sanción consistente en la suspensión temporal en el ejercicio de su profesión, oficio o práctica para la persona que realice el procedimiento sanitario o ayudara en éste. 

Derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir. Posibilidad de invalidar por extensión las porciones normativas “aborto no punible” y “se excusarán de pena” contenidas en el título y en el párrafo primero del artículo 199 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en tanto que afectaría tal derecho que, para los casos de violación, inseminación o implantación indebidas, peligro de la mujer embarazada, alteraciones genéticas o congénitas graves y culpa de la mujer embarazada, se califique al aborto como ilícito y que, por ende, subsista una noción de criminalidad en relación con esa acción aun tratándose de supuestos en los cuales la concepción se dio en un marco de ausencia de consentimiento o bien se pretende dar cobertura y protección a la salud.

Derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir. Posibilidad de invalidar por extensión la porción normativa “dentro de las doce semanas siguientes a la concepción” ubicada al final del párrafo primero de la fracción I del artículo 199 del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, al carecer de justificación y racionalidad que se establezca la posibilidad de practicar el aborto dentro de ese plazo, en relación con los supuestos de embarazo forzado.

 
Coahuila Penal Ministro Luis María Aguilar Morales
Septiembre 02, 2021

Acción de inconstitucionalidad 132/2019

Archivos para el Estado de Nuevo León. Se sobresee por cesación de efectos respecto del artículo primero transitorio de la Ley relativa, pues su contenido material se agotó en determinar la entrada en vigor de la legislación relativa, lo que ocurrió el 4 de noviembre de 2019.

Archivos para el Estado de Nuevo León. La libertad configurativa del legislador local para regular su sistema se encuentra limitada a que integración, atribuciones y funcionamiento de éste se prevea en términos equivalentes a los previstos en la Ley General de Archivos.

Archivos para el Estado de Nuevo León. El diseño del sistema local será equivalente al federal, cuando aquél no entorpezca, dificulte o imposibilite el funcionamiento del sistema nacional, ni su debida coordinación.

Archivos para el Estado de Nuevo León. Se declara la invalidez de los artículos 4, fracción XLVI, 11, fracción IV, en la porción normativa “en el Registro Estatal y”,  72, 73, 74, 75 y décimo primero transitorio, de la ley relativa, que implementan un registro local de archivos, toda vez que ello duplica las funciones de obtener y concentrar información y, en consecuencia, desborda el principal propósito que se persigue con la creación del Registro Nacional de Archivos, por lo que no se encuentra dentro de la libertad configurativa de los estados.

Archivos para el Estado de Nuevo León. Se reconoce la validez del artículo 64 de la ley relativa, en cuanto sólo contempla la participación en el Consejo Estatal de ciertos Presidentes Municipales y, respecto de los restantes municipios, prevé que su participación se haga a través de dos representantes para los de la zona sur y otros dos para la zona norte, toda vez que las entidades federativas cuentan con libertad de configuración para establecer los términos en que participarán los municipios en los consejos locales.

Archivos para el Estado de Nuevo León. Se reconoce la validez del artículo 64 de la ley relativa, en cuanto contempla dentro del Consejo Estatal al titular del ejecutivo, o a la persona que éste designe, pues ello no rompe con la equivalencia exigida por la Ley General.

Archivos para el Estado de Nuevo León. Se reconoce la validez del artículo 64 de la ley relativa, en tanto que no es exigible la equivalencia a nivel local para el integrante de la junta de gobierno del Instituto Nacional de Estadística Y Geografía, en la integración del Consejo Estatal, por no contar con homólogo a nivel estatal.

Archivos para el Estado de Nuevo León. Mayoría de siete votos respecto de la invalidez de la omisión del artículo 64 de la ley relativa, de prever la equivalencia a nivel local de la secretarías de gobernación y de función pública y de un representante del consejo técnico y científico archivístico en integración del Consejo Estatal, por lo que se prorroga la decisión de este punto. 

Archivos para el Estado de Nuevo León. La falta de previsión de los requisitos mínimos que debe reunir el representante de los archivos privados no se traduce en una regulación deficiente por parte del legislador local, al resultar directamente aplicable la Ley General de Archivos.

Archivos para el Estado de Nuevo León. Se declara la invalidez del artículo 95 de la ley relativa, pues, al considerar al archivo general del estado como una unidad administrativa que forma parte del gobierno del estado y cuya organización y estructura orgánica será determinada por el ejecutivo local, viola el mandato de equivalencia.

Archivos para el Estado de Nuevo León.  La ley relativa actualiza una omisión relativa de competencia de ejercicio obligatorio al no contemplar, para el Archivo General, los Órganos de Gobierno y de Vigilancia, así como la Dirección General.

Archivos para el Estado de Nuevo León. Se reconoce la validez del artículo 78 de la Ley relativa, ya que, al dotar al patrimonio documental de la entidad federativa con las calidades de inalienable, imprescriptible, inembargable y no sujeto a gravamen o afectación de dominio, no viola la competencia del Ejecutivo Federal, a través del Archivo General, para emitir declaratorias de patrimonio documental de la nación.

Archivos para el Estado de Nuevo León. Al contemplar el artículo 8 de la ley relativa que los documentos deberán ser producidos conforme a los procesos de gestión documental “establecidos en los presentes lineamientos”, es inconstitucional, al ser atribución del Consejo Nacional aprobar y difundir la normativa relativa a la gestión documental.

Archivos para el Estado de Nuevo León. El hecho de que el artículo 90 de la ley relativa no haya señalado expresamente que los sujetos obligados deben promover la profesionalización de los responsables de las áreas de archivos sino únicamente su capacitación, no viola el mandato de equivalencia.

Nuevo León Ministro Luis María Aguilar Morales