Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas

Abril 20, 2015

Acciones de inconstitucionalidad 25/2013 y su acumulada 31/2013

Detención con control judicial. Se declara la invalidez del artículo 271, párrafo sexto, fracciones I a VI, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que prevé la detención del probable responsable con control judicial en su domicilio, con la facultad de trasladarse al lugar de su trabajo, en las averiguaciones previas por delitos que sean de la competencia de los juzgados de paz en materia penal o siendo de los juzgados penales cuya pena máxima no exceda de cinco años de prisión.

Efectos. La declaración de invalidez de los artículos 270 Bis 1 y 271, párrafo sexto, fracciones I a VI, ambos del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, adquiere efectos generales retroactivos a partir del catorce de octubre de dos mil trece, fecha en que entraron en vigor, toda vez que dichos preceptos versan sobre la materia penal.

Acciones de inconstitucionalidad 25/2013 y su acumulada 31/2013, Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas
Febrero 19, 2015

Acción de inconstitucionalidad 16/2011 y su acumulada 18/2011

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez del artículo  16, in fine, de la Ley relativa para el Distrito Federal, toda vez que la participación que otorga a la  víctima en la audiencia ante el juez de ejecución se ciñe exclusivamente a los aspectos que refieren a la reparación del daño y respeta el principio de voluntariedad.

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez de los artículos  118, fracciones VI, VIII, IX, X, XI, XII y XVIII,119, 120, fracción III, 121, 122, 123, 124, 125, fracciones VII y VIII, y 127, fracciones II, V, VI, VII y X, de la Ley relativa para el Distrito Federal, toda vez que corresponde a la autoridad administrativa, y no a la jurisdiccional, imponer las medidas disciplinarias dentro de los centros de ejecución de las penas, sin menoscabo de que se satisfaga un procedimiento en el que se respete la garantía de audiencia del sentenciado.

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez de los artículos 136 y 137 de la Ley relativa para el Distrito Federal, toda vez que la incorporación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal al Comité de Visita General no supone una violación a la autonomía de dicha Comisión.

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se sobresee respecto del artículo 31, fracción IX, de la Ley relativa para el Distrito Federal, el cual establece que el sentenciado, a fin de ser acreedor al beneficio de reclusión domiciliaria, debe cubrir el costo del dispositivo electrónico de monitoreo, al haberse alcanzado una mayoría no calificada en favor de su invalidez. 

 
Acción de inconstitucionalidad 16/2011 y su acumulada 18/2011, Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, Distrito Federal, Penal, Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas
Febrero 17, 2015

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se sobresee respecto del artículo 31, fracción V, de la Ley relativa para el Distrito Federal, que establece como requisito para obtener el beneficio de reclusión domiciliaria mediante monitoreo electrónico a distancia, acreditar estudios técnicos u obtener resultados favorables en estos, al existir un empate a cinco votos.

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez del artículo 33 de la Ley relativa del Distrito Federal, que establece los delitos por los cuales no se otorgarán a los sentenciados beneficios penitenciarios, en su modalidad de tratamiento preliberacional y libertad preparatoria. 

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se sobresee respecto del artículo 35, fracciones III y V, de la Ley relativa para el Distrito Federal, que establecen como requisitos para otorgar el tratamiento preliberacional, que el sentenciado acredite los estudios técnicos que le sean practicados por el Centro Penitenciario y haber participado en el tratamiento técnico progresivo a través de las actividades educativas, recreativas, culturales y deportivas organizadas por el Centro Penitenciario,  al existir un empate a cinco votos.

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se sobresee respecto del artículo 37,  fracción II, de la Ley relativa para el Distrito Federal, que establece como requisito para obtener la libertad preparatoria  que el sentenciado que tenga sentencia ejecutoriada de privación de la libertad por más de tres años, haya acreditado plenamente, durante su estancia en prisión, los estudios técnicos que le sean practicados por el Centro Penitenciario, al existir un empate a cinco votos.

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se sobresee respecto del artículo 43, en la porción normativa que prescribe: “y en su caso acreditar el cumplimiento de las medidas de tratamiento propuestas”, en relación con las obligaciones de los sentenciados que reciben beneficios penitenciarios, al existir un empate a cinco votos.

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez del artículo 65, en la porción que dice: “La Autoridad Ejecutora podrá suprimir el libre acceso a un derecho o prerrogativa de los sentenciados en los Centros Penitenciarios cuando su ejercicio tenga fines ilícitos”, de la Ley relativa para el Distrito Federal.

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez del artículo 66, en la porción que dice: “la de modificar y neutralizar los factores que han influido en la conducta del individuo para delinquir”, la cual alude a la finalidad de las bases del sistema penitenciario, de la Ley relativa para el Distrito Federal.

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez 81, en la porción que dice: “y observación directa de su comportamiento; información que complementará a los estudios técnicos”, la cual alude a lo que se deberá considerar para la ubicación de los sentenciados en los Centros Penitenciarios, de la Ley relativa para el Distrito Federal.

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se sobresee respecto del artículo 82, fracción II, de la Ley relativa del Distrito Federal, el cual señala los indicadores que tendrá el progreso del tratamiento, al existir un empate a cinco votos.

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez del artículo 85 de la Ley relativa del Distrito Federal,  el cual define las características del sistema de reinserción social.

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez del artículo 86 de la Ley relativa del Distrito Federal, el cual establece que durante el período de estudio y diagnóstico, el personal técnico del Centro Penitenciario realizará el estudio de personalidad del sentenciado para determinar la ubicación y el tratamiento que le corresponda y la forma en que se desarrollará.

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez de los artículos 87, 88 y 89 de la Ley relativa del Distrito Federal, los cuales establecen en qué estudios se funda el tratamiento aplicable a cada sentenciado, cuáles son las medidas en las que éste se sujeta y qué duración tendrá.

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez del artículo 94, fracción V, de la Ley relativa del Distrito Federal, el cual se refiere a que los sentenciados que tuvieren una profesión, calificación pedagógica o grado técnico que les permita contribuir con el régimen educacional dentro del centro, podrán participar como docentes o auxiliares.

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez de los artículos 95 y 97, incisos a) y b), fracción V, de la Ley relativa del Distrito Federal, que establecen las bases para la organización del trabajo que podrán realizar los sentenciados.

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez del artículo 109 de la Ley relativa del Distrito Federal, el cual establece que el tratamiento psicológico se fundará en los resultados de los estudios técnicos que se practiquen al sentenciado.

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez del artículo 110 de la Ley relativa del Distrito Federal, el cual establece el objeto de que el área de psicología apoye, auxilie y asesore a la autoridad de los Centros Penitenciarios en todo lo concerniente a su especialidad.

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez del artículo 111 de la Ley relativa del Distrito Federal, el cual establece que las áreas médicas, psicológicas y psiquiátricas deberán presentar los informes que les sean requeridos por las autoridades competentes y, en su caso, proporcionar a éstas los elementos técnicos especializados en los casos que así lo solicite la autoridad judicial.

Acción de inconstitucionalidad 16/2011 y su acumulada 18/2011, Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, Distrito Federal, Penal, Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas
Febrero 12, 2015

Acción de inconstitucionalidad 16/2011 y su acumulada 18/2011

Ejecución de sanciones penales y reinserción Social. Análisis de la Ley relativa para el Distrito Federal, tomando en cuenta si la Constitución Federal permite la calificación del grado de peligrosidad de una persona a la luz del principio de reinserción social; si la reinserción social permite la aplicación de un tratamiento técnico para el sentenciado, y qué efectos puede tener este tratamiento para la obtención o no de beneficios penitenciarios.

Acción de inconstitucionalidad 16/2011 y su acumulada 18/2011, Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, Distrito Federal, Penal, Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas
Febrero 10, 2015

Acción de inconstitucionalidad 86/2009

Menores con discapacidad dependientes. La declaración de invalidez del párrafo primero del artículo 147 de la Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California, en la porción normativa que señala “no dependientes”, surtirá efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos del fallo al Congreso de dicho Estado, y sin menoscabo de que éste deberá haber concluido el ajuste a todo el marco legislativo aplicable, a más tardar en el siguiente período ordinario de sesiones.

Acción de inconstitucionalidad 16/2011 y su acumulada 18/2011

Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal. Presentación del proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad en la que se impugnan diversos preceptos de la ley relativa, y aprobación de los considerandos de competencia, oportunidad y legitimación.

Acción de inconstitucionalidad 86/2009, Baja California, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas
Febrero 09, 2015

Acción de inconstitucionalidad 86/2009

Menores con discapacidad dependientes. Se declara la invalidez del párrafo primero del artículo 147 de la Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California, en la porción normativa que señala “no dependientes”.

Menores con discapacidad, no dependientes. Análisis sobre los alcances de la declaración de invalidez del párrafo primero del artículo 147 de la Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California, en la porción normativa que señala “no dependientes”.

Acción de inconstitucionalidad 86/2009, Baja California, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas
Febrero 05, 2015

Acción de inconstitucionalidad 86/2009

Centros de Desarrollo Infantil y Estancias Infantiles Familiares. Se desestima el planteamiento consistente en declarar la invalidez de los artículos 147 BIS 1 y 147 BIS 2 de la Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California, que regulan la autorización sanitaria para su funcionamiento, al no alcanzar una mayoría calificada.

Menores con discapacidad dependientes. Análisis sobre si el artículo 147 párrafo primero, de la Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California, viola el principio de igualdad y no discriminación, al excluir a dicho grupo de personas de la categoría a la que los Centros de Desarrollo Infantil brindan el servicio de cuidado temporal, alimentación y educación inicial.

Acción de inconstitucionalidad 86/2009, Baja California, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas
Febrero 03, 2015

Acción de inconstitucionalidad 86/2009

Centros de Desarrollo Infantil y Estancias Infantiles Familiares. Análisis de los conceptos de invalidez de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relativos a que los artículos 147, 147 Bis y 147 Bis 2 de la Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California, que regulan, básicamente, la expedición de autorizaciones para su funcionamiento, violan los artículos 1°, 4° y 133 de la Constitución Federal, y diversas previsiones contenidas en la Convención sobre los Derechos del Niño y las Convenciones sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, por considerar que mantienen una inadecuada regulación y generan condiciones de discriminación respecto de menores con discapacidad.

Acción de inconstitucionalidad 86/2009, Baja California, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas
Enero 22, 2015

Contradicción de tesis 410/2013

Queja. Si con motivo de la interposición del recurso de queja en contra del desechamiento de la demanda de amparo, el tribunal ad quem estima que se actualiza alguna causa de improcedencia novedosa debe de dar vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, en términos del artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.

Contradicción de tesis 23/2014

Artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Ha quedado sin materia el presente asunto, en virtud de que los puntos de contradicción que contempla ya fueron estudiados y resueltos por este Tribunal Pleno en las contradicciones de tesis 410/2013 y 426/2013.

Contradicción de tesis 325/2014

Artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. La obligación contenida en dicho precepto, en el sentido de dar vista al quejoso para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el inferior,  surge en el momento en que el Pleno del Tribunal Colegiado detecta de oficio el nuevo motivo de improcedencia.

23/2014 y 325/2013, Contradicciones de tesis 410/2013, Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas
Agosto 28, 2014

Contradicción de tesis 426/2013

Artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Presentación de una nueva propuesta que aborde el problema relativo a si, de conformidad con ese precepto, basta que se actualice uno de los requisitos consistentes en que la causa de improcedencia no haya sido alegada por las partes ni estudiada por el inferior, para dar vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga cuando de oficio se actualice alguna.

Contradicción de tesis 426/2013, Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas
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