Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos

Septiembre 04, 2014

Acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014

Método estadístico aleatorio para el recuento de paquetes electorales en la elección de senadores. Se aplaza la decisión en relación con la propuesta de declarar la invalidez de los artículos 44, párrafo 1, inciso u), y 320, párrafo 1, incisos d), e), j) y k), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que atiende a que la utilización de dicho método, como un sucedáneo del recuento individual de votos, no garantiza una certeza absoluta acerca de los resultados reales de una votación y, por tanto, su uso infringe el principio de certeza en materia electoral, en tanto que, por su propia naturaleza, todo mecanismo de muestreo solamente se aproxima a la obtención de un resultado fiable, pero mantiene un margen de error inaceptable en materia electoral, porque en ella no debe existir la mínima probabilidad de equivocación, sobre todo en los casos en los que la distancia entre una y otra fórmula es menor a un punto porcentual.

Facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para requerir informes con el fin de detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, sin sujeción al Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Se reconoce la validez del artículo 223 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dado que no infringe los artículos 41, fracción III, Apartado B, inciso a), subinciso 6, así como sus párrafos penúltimo y último, de la Constitución Federal, y Segundo transitorio, fracción II, inciso b), del decreto de reformas constitucionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, ya que estas disposiciones de la Norma Fundamental solamente ordenan la generación de un marco normativo que permita al Instituto Nacional Electoral y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la investigación de las operaciones probablemente realizadas con recursos de procedencia ilícita, sin que esto implique que dicha Secretaría esté impedida para actuar en ejercicio de la facultades de fiscalización propias que originalmente le competen en cuanto a este tipo de conductas tipificadas como delitos, en tanto que esta atribución coexiste con la que le obliga a llevar a cabo diversos requerimientos orientados a la investigación de dichos ilícitos, cuando así lo requiera la máxima autoridad administrativa en materia electoral.

Facultad de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para actuar sin sujeción a lo que determine la Unidad Técnica de Fiscalización. Se reconoce la validez de los artículos 190, numeral 2, 192, numeral 1, incisos f), g), j), k), m) y n), 199, párrafo 1, incisos f) y o), y 427, numeral 1, incisos b) y c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que no existe disposición constitucional que obligue a dicha Comisión a actuar invariablemente por conducto de aquella Unidad, por lo que el legislador secundario se encuentra en libertad de diseñar el sistema de fiscalización que mejor convenga para ampliar o reducir el margen de actuación autónoma de dicha Unidad, y dichas normas no propician trámites burocráticos excesivos, pues si la competencia constitucional en materia de fiscalización de las finanzas de los partidos y de las campañas de los candidatos, está depositada en el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, la legislación secundaria no puede dejar de atender a la titularidad de la atribución para permitir que un órgano técnico, como es la Unidad Técnica de Fiscalización, actúe por sí y ante sí, arrogándose una facultad que hoy no tiene; siendo también  infundado que las normas reclamadas hayan atribuido a la Comisión de Fiscalización la facultad para imponer sanciones derivadas del ejercicio de su función.

Plazo para la entrega de informes de ingresos y gastos de precampaña de los precandidatos y partidos. Se reconoce la validez de los artículos 229, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 79, párrafo 1, inciso a) fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, ya que la dimensión de dicho plazo depende en gran medida del régimen estatutario de cada partido, pues si bien es cierto que la ley establece plazos máximos para el desarrollo de las precampañas, lo cierto es que se trata de períodos dentro de los cuales cada partido, de acuerdo a sus procedimientos internos, debe agotar todas las formas y procedimientos que la ley establece como requisitos para la validez de sus mecanismos internos de selección, por lo que si consideran que el lapso para presentar los respectivos informes financieros les resulta estrecho, queda expedito su derecho para acortar el tiempo de precampañas con el objeto de cumplir oportunamente con la rendición de cuentas a las que la ley obliga a los partidos y candidatos, de suerte que el día de la jornada comicial cuenten con la información completa de los precandidatos y preparada también la que corresponda a los partidos políticos.

Definición legal de los actos anticipados de precampaña y de campaña electoral. Se reconoce la validez de los artículos 3, párrafo 1, incisos a) y b), toda vez que estas definiciones básicas no quedan limitadas a lo que prevé esta norma, pues si existen otras disposiciones en la misma ley cuya vocación es la de desarrollar con toda precisión qué debe entenderse por ese tipo de actos de proselitismo, debe estarse lógicamente a lo que estos preceptos específicos dispongan, dada la especialidad conforme la cual hubiesen sido redactados.

Omisión de sancionar la entrega de dádivas para obtener el voto, cuando los bienes no contengan propaganda política. Se declara la invalidez del artículo 209, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues hace nugatoria la prohibición de coaccionar o inducir el voto a cambio de dádivas, ya que el ofrecimiento y entrega material de los bienes queda sujeto a que ostenten, contengan o lleven adherida propaganda alusiva al partido o candidato que con ellas se pretenda promocionar, de modo que si los bienes trocados por votos no exteriorizan en forma concreta la imagen, siglas, o datos que evoquen la propaganda electoral que se quiera difundir, entonces no habría forma de sancionar esta modalidad de coaccionar a los ciudadanos, para que voten en favor de quien les quiere intercambiar el sufragio por bienes o servicios.

Regulación extemporánea del voto de los mexicanos residentes en el extranjero y la omisión de hacerlo respecto de diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. Se reconoce la validez  del artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues aunque ciertamente el artículo Segundo transitorio del Decreto de reformas constitucionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 programó la promulgación de la legislación electoral federal a más tardar el 30 de abril de 2014, la desatención del legislador federal secundario ha quedado superada con la promulgación de la leyes necesarias para hacer efectivos los mandatos constitucionales, publicadas el 23 de mayo siguiente; además, la posibilidad de que los mexicanos residentes en el extranjero emitan su voto en elecciones para diputaciones locales y para la integración de los ayuntamientos se dejó abierta para que fueran los propios Estados los que determinaran la forma en que ello se haría, y no existe disposición constitucional en el sentido de que la legislación electoral federal deba consignar la posibilidad de otorgar representatividad en la Cámara de Diputados a los mexicanos residentes en el extranjero (al menos 7 diputaciones); finalmente, la falta de previsión legal para que los mexicanos, desde el exterior, emitan su voto en las consultas populares, no constituye una deficiencia legislativa, ya que existe un ordenamiento dedicado en exclusiva a regular todo lo necesario para ese tipo de consultas, y en la cual ya se estableció dicha posibilidad.

Medición de los mensajes en radio y televisión en fragmentos de 20 y 30 segundos, 1 y 2 minutos. Se reconoce la validez de los artículos 167, párrafos 6 y 7; 180, párrafo 1, 181, párrafo 1, y 182, párrafo 1, incisos a) y b), todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues si se sujeta al Instituto Nacional Electoral a lo que disponga la ley en materia de distribución de tiempos en radio y televisión, eso no significa que este organismo esté limitado para el ejercicio de sus funciones y menos aún que esté cercenado de ellas, ya que precisamente es dicha Ley General la que le confiere en forma pormenorizada la competencia que la Constitución Federal le otorgó en esta materia, y por ende, no puede afirmarse con sentido lógico que sea el propio ordenamiento legal el que lo dote de competencia y también lo restrinja de ella; por otra parte, la determinación de la forma de medir el tiempo en radio y televisión no implica que se impida a los partidos y candidatos la promoción de su plataforma política, ya que la norma no dispone que los mensajes necesariamente tengan una duración de esos lapsos, por lo que bien podrían ampliarse a períodos superiores, conforme lo considere adecuado la autoridad electoral, de acuerdo con los horarios aptos para transmitir los mensajes, el número de contendientes, y un sinnúmero de aspectos de carácter técnico que habrán de evaluarse caso por caso; en otro aspecto, tampoco restringe el debate en periodos no electorales al establecer que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a mensajes de 30 segundos cada uno en radio y televisión, y finalmente es inexacto que los partidos queden reducidos a productores de promocionales en fragmentos de 30 segundos, banalizando la deliberación pública, e impidiendo el conocimiento de los candidatos y de las organizaciones quienes los proponen, toda vez que la radio y la televisión son solamente una herramienta más de la propaganda política autorizada, existiendo otros mecanismos para transmitir a la ciudadanía las plataformas políticas que primordialmente deben conocer para votar de manera informada.

Porcentajes diferenciados de distribución de tiempo en radio y televisión para los partidos políticos nacionales tratándose de elecciones locales. Se reconoce la validez del artículo 178, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que si un partido político nacional no obtuvo en alguna elección local inmediata anterior el número suficiente de votos para conservar sus prerrogativas estatales, su situación jurídica no puede ser equivalente a la de los partidos con una fuerza electoral que les hubiese permitido alcanzar o mantener, en su caso, el disfrute de tales prerrogativas, pues aceptar el argumento de que a los partidos políticos nacionales se les exima de contar con dicho reconocimiento expresado en las urnas, sí produciría un efecto contrario al principio de equidad, porque a pesar de que algunos partidos obtuvieran una exigua votación, tendrían el mismo tratamiento frente a quienes lograron superar el piso porcentual legalmente establecido para acceder a esos tiempos; por otra parte, es inexacto que el porcentaje diferenciado de acceso a la radio y la televisión al que tienen derecho los partidos, constituya una distinción imprevista constitucionalmente, y finalmente no se encuentra una supuesta antinomia que produzca incertidumbre entre los artículos 178, párrafo 2, y 167, párrafo 4, ambos de la Ley General citada.

Fórmula de asignación de un diputado local de representación proporcional, a los partidos que alcancen un 3% de la votación válida emitida. Se declara la invalidez de los artículos 28, párrafo 2, incisos a) y b); de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 9, párrafo 1, inciso c), de la Ley General de Partidos Políticos, ya que el párrafo tercero de la fracción II del artículo 116 de la Constitución Federal dejó en manos del legislador local los términos en los que habrían de diseñarse las fórmulas de asignación de diputados de representación proporcional, y ello significa que la legislación general en materia electoral no está constitucionalmente autorizada para determinar algún aspecto de dicho procedimiento.

Facultad de la Sala Regional Especializada para ordenar  reparar violaciones al procedimiento o pruebas para mejor proveer. Se reconoce la validez del artículo 476, párrafo 2, incisos a) b) c) y d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que esta facultad, lejos de provocar retrasos injustificados en la solución del asunto, evitan posteriores impugnaciones por infracciones al debido proceso legal, con la consecuente necesidad de reponer las actuaciones incorrectas y la pérdida de tiempo que ello implica; además, por imperativo constitucional, es una obligación ineludible de todos los órganos de impartición de justicia, en sentido formal o material, velar porque en la instauración de los procedimientos en los que les corresponda resolver, se respeten las reglas esenciales que los rigen cuando su infracción pueda trascender al resultado del fallo, de manera que aunque la ley no lo previera expresamente, siempre están vinculados a la observancia de las reglas que rigen el procedimiento, y a obligar a otras autoridades a que vigilen, en su caso, que en la integración de los expedientes no se produzca cualquiera de tales deficiencias, y menos aún la indefensión de las partes; asimismo, la facultad de dicha Sala Regional Especializada de llevar a cabo por sí, u ordenar al Instituto, la realización de determinadas diligencias para mejor proveer, y el plazo para practicarlas en la forma más expedita posible, constituye otra atribución que igualmente contribuye a resolver con el mayor número de elementos posibles el expediente sometido a su conocimiento, de forma tal que la justicia que se imparta responda a la realidad de los hechos, y no solamente a la falta de pericia de quienes no supieron o no pudieron aportar el suficiente material probatorio que a su interés conviniera.

Establecimiento estatutario de categorías de afiliados a los partidos políticos. Se reconoce la validez del 40 de la Ley General de Partidos Políticos, ya que las categorías a las que alude solamente se refieren al grado de compromiso que adquieran los afiliados con un partido; de modo que debe estimarse infundado el argumento relacionado con la presunta infracción al principio de igualdad, pues resulta válido que estatutariamente se consideren estas diferencias en las obligaciones voluntariamente adquiridas, para clasificar a quienes perteneciendo a una de esas organizaciones, no lo hacen con iguales deberes, sobre todo respecto de los que les representan erogaciones económicas periódicas, o que requieren de su presencia física en asambleas y reuniones de formación política; asimismo, tampoco se infringe el derecho de asociación de los ciudadanos para asociarse con fines políticos, ya que al existir el ofrecimiento de incorporase a sus filas con calidades diferenciadas de acuerdo con las responsabilidades que quieran asumir los aspirantes, tal apertura les permitirá ubicarse en alguno de los distintos grupos de apoyo, con la menor o mayor disponibilidad que mejor les convenga.

Inclusión de los gastos de “estructura partidista” y de “estructuras electorales” dentro de las ministraciones destinadas al sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos políticos. Se declara la invalidez de los artículos 72, párrafo 2, incisos b) y f); así como 76, párrafo 3, y por vía de consecuencia, del párrafo 3 del artículo 72, todos de la Ley General de Partidos Políticos, ya que la fracción II del artículo 41 de la Constitución Federal divide el financiamiento público de los partidos políticos nacionales en tres grandes rubros, y en el que corresponde a los gastos ordinarios, no cabe ninguno que tenga que ver con las campañas electorales, tales como los rubros económicos que se impugnan etiquetados como “estructurales”.

Exclusión del Distrito Federal para establecer otras formas de participación o asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidatos. Se declara la invalidez del artículo 85, párrafo 5, de la Ley General de Partidos Políticos, ya que al introducirse dentro de la norma reclamada la expresión “en sus Constituciones locales” prácticamente se dejó fuera al Distrito Federal de la posibilidad de que su órgano legislativo establezca otras formas de participación o asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidatos.

Presunta regulación deficiente en materia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes. Se reconoce la validez del artículo 78 bis, párrafo 5, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que, concretamente por cuanto al procedimiento para el ofrecimiento y admisión de pruebas, la propia ley controvertida contiene disposiciones que las desarrollan y pormenorizan, y por cuanto a las elecciones locales, cada entidad federativa quedó en libertad de diseñar sistemas propios para los mismos fines, en tanto que la Constitución Federal no encomendó al Congreso de la Unión la emisión de una legislación procesal de carácter general aplicable a todos los medios de impugnación.

Creación de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se reconoce la validez de los artículos 185, 192 y 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al ser es inexacto que la institución de  dicha Sala haya sido producto de una decisión legislativa de carácter transitorio, y dado que la circunstancia de que en el artículo 99 de la Constitución Federal no se mencione a una Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no implica que este órgano jurisdiccional carezca de sustento constitucional, ya que el párrafo octavo del dicho precepto expresamente depositó en las leyes secundarias la asignación de la competencia que corresponda conocer a las Salas de dicho Tribunal. 

Presunta inequidad de los plazos de registro de los aspirantes a candidatos independientes, frente a los establecidos para la creación de nuevos partidos políticos. Se reconoce la validez del artículo 369 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que el registro de un partido de nueva creación y el de una candidatura independiente, constituyen dos formas diferentes de promoción política, pues mientras que las organizaciones aspirantes a ser partidos ni siquiera se presentan ante los electores con precandidatos para recabar las firmas necesarias para contar con respaldo ciudadano; en el segundo caso, es la presencia personal del individuo que se pretende postular como candidato sin partido quien busca el respaldo ciudadano desde que pretende su registro.

Porcentaje de respaldo ciudadano para que las candidaturas independientes obtengan su registro. Se reconoce la validez del artículo 371, párrafos 1, 2 y 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues el legislador secundario cuenta con un amplio margen de libertad para configurar, tanto la forma como se debe acreditar el apoyo ciudadano a los candidatos sin partido para que obtengan su registro, como las cifras suficientes con que se debe demostrar documentalmente la existencia de ese apoyo; además, la circunstancia de que se exija un mayor número de electores de respaldo a los candidatos independientes que deseen postularse para el cargo de Presidente de la República, frente a los que la propia ley reclamada exige para la creación de nuevos partidos nacionales, no implica un trato desigual respecto de categorías de sujetos equivalentes; asimismo, los valores porcentuales del 1% del electorado para participar en la elección presidencial, y del 2% tratándose de escaños de mayoría relativa de senadores y diputados, legalmente exigidos a los candidatos independientes como respaldo ciudadano que les permita obtener su registro oficial, no se advierte que se refieran a un número exorbitante o inédito desde el punto de vista constitucional; igualmente, el hecho de que no correspondan aritméticamente los señalados valores porcentuales del 1% para los candidaturas independientes para la elección presidencial, y el del 0.26% exigido a partidos nacionales de nueva creación, revela el claro propósito del legislador de alentar a que la ciudadanía organice nuevos partidos que actúen en forma permanente; finalmente, el trato diferenciado de los plazos para recabar el respaldo ciudadano de los candidatos independientes, respecto de los partidos políticos, tampoco puede juzgarse inequitativo desde la perspectiva del derecho fundamental a la igualdad.

Requisitos para el registro de las candidaturas independientes. Se reconoce la validez de los artículos 383, 385, párrafo 2, incisos b) y g), y 386, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de que la exigencia de que el aspirante a una candidatura independiente demuestre ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos, mediante su correspondiente acta de nacimiento y su credencial para votar vigente, solamente contempla los requisitos básicos de elegibilidad que se requieren para ocupar un cargo de elección popular, y la diversa documentación consistente en los datos de la cuenta bancaria en la que se concentrará la actividad financiera de la candidatura independiente no constituye propiamente un requisito de elegibilidad, sino solamente un mecanismo de control financiero de los ingresos y egresos necesario para vigilar el origen lícito de los recursos utilizados y de su correcta aplicación al destino electoral para el cual se les recauda; asimismo, la obligación de reunir la documentación de las cédulas de respaldo ciudadano conforme los requerimientos técnicos respectivos tampoco se traduce en algún requisito de elegibilidad, pues solamente tiene el propósito de acreditar, en forma fehaciente, si la candidatura independiente alcanzó o no a recabar el valor porcentual de apoyo del electorado señalado por la ley; igualmente, tampoco implica una exigencia desmedida que la documentación para acreditar el respaldo ciudadano a las candidaturas independientes se integre con las copias de las credenciales de los electores que hubiesen otorgado su apoyo para que una persona participe en la elección, pues conforme al principio de certeza que rige la materia electoral, resulta indispensable garantizar tanto al interesado como la ciudadanía, y a los demás contendientes, que la incorporación de un candidato adicional tuvo un apoyo incontrovertible para que se sumara a la elección, dada la abundancia de pruebas en ese sentido y la posibilidad de comprobar su autenticidad en cualquier momento, sin que pueda pretenderse que bastara con mencionar los datos de identificación de dichas credenciales, como ocurre con los partidos políticos nacionales de nueva creación, toda vez que en el procedimiento para llegar a obtener su registro, estos últimos celebran asambleas para la conformación del número de sus afiliados, documentando en actas sus resultados, lo cual no acontece con quienes aspiran a ser candidatos independientes;  tampoco se advierte que la medida consistente en que en el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un aspirante, sólo se computará la primera manifestación presentada, viole la libertad de los ciudadanos de decidir a quién brindarán su apoyo; finalmente, la sanción para el caso de que la solicitud no reúna el porcentaje requerido consistente en que se tenga por no presentada no vulnera los artículos 14 y 16 constitucionales, ni restringe la garantía de audiencia.

Restricción para solamente dictar prevenciones a los candidatos independientes siempre y cuando todavía puedan desahogarlas oportunamente. Se reconoce la validez del artículo 384 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que los plazos de registro de candidaturas tanto de partidos políticos como de candidatos independientes están sincronizados de forma tal que en el año de la elección, entre el 15 y el 22 de febrero, tratándose de la renovación del titular del Poder Ejecutivo Federal y de la Cámara de Senadores; y entre el 22 y el 29 de marzo, cuando se renueve la Cámara de Diputados, los candidatos respectivos deberán demostrar cumplir con los requisitos legales para ser registrados, sin poder exceder estos periodos, por lo que resulta justificado y congruente que el legislador hubiese previsto que las prevenciones y desahogo para cubrir requisitos faltantes de los candidatos independientes solamente se dicten, o se tengan por cumplimentados siempre y cuando esto pueda realizarse dentro de los plazos que señala esta Ley, y el mandato relativo a que si no se subsanan los requisitos omitidos o se advierte que la solicitud se realizó en forma extemporánea, se tendrá por no presentada, tampoco se observa que prive de oportunidad de defensa a los candidatos independientes que pretendan su registro con documentación incompleta.

Obligación de entregar informes financieros de los actos tendentes a recabar el respaldo ciudadano. Se reconoce la validez del artículo 378, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que dicha obligación a cargo de los aspirantes a candidatos independientes constituye la única forma de verificar el origen y destino lícito de los recursos económicos utilizados para tal fin.

Sanciones fijas de negativa o de privación de registro, por actos anticipados de campaña y uso indebido de la radio y televisión. Se reconoce la validez de los artículos 372, párrafos 1 y 2, 374, párrafo 2, y 375, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establecen las sanciones de negativa de registro como candidato independiente, a la realización de actos anticipados de campaña, y la negativa de registro como candidato independiente o, en su caso,  la cancelación de dicho registro, a la contratación de propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión, y cuando se rebase el tope de gastos equivalente al diez por ciento del establecido para las campañas inmediatas anteriores, para actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano

Exclusión de los votos recibidos a favor de candidatos independientes para la determinación de la votación nacional emitida, para efectos de la asignación de diputados y senadores por el principio de representación proporcional. Se reconoce la validez de los artículos 15, párrafo 2, y 437 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que si los candidatos independientes, por disposición legal, no participan en la asignación de diputados y senadores de representación proporcional, lo congruente con esa exclusión es que los votos emitidos a favor de aquéllos no se contabilicen en la distribución de ese tipo de curules, con el objeto de que tampoco los candidatos de los partidos políticos se aprovechen de sufragios que fueron depositados en favor de otras personas ajenas al reparto de esos cargos de elección popular.

Acceso de las candidaturas independientes a la radio y televisión exclusivamente durante la campaña electoral. Se reconoce la invalidez del artículo 412 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que es inexistente la fase de precampaña para quienes se postulan en forma independiente, y dado que se trata de dos categorías jurídicamente diferentes de acceso a los cargos de elección popular, cuyas peculiaridades impiden colocarlos en plena igualdad por lo que hace al acceso a dichos medios de difusión.

Financiamiento público para las candidaturas independientes en su conjunto como si fueran un partido de nueva creación. Se reconoce la validez de los artículos 407 y 408 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que es la propia Constitución Federal la que estableció un trato diferenciado para asignar, por ejemplo, los tiempos en radio y televisión en conjunto a todas las candidaturas independientes, como si fueran un solo partido de nueva creación, y por ello no hay violación alguna al principio de equidad por parte del legislador secundario al introducir una regla análoga respecto del financiamiento público, pues con ella únicamente se reiteró el modelo diseñado por el Constituyente Permanente, conforme al cual las candidaturas independientes pueden dividir equitativamente entre ellas las prerrogativas que les correspondan; por otra parte, el tope legal impuesto al candidato independiente cuando le resulta el carácter de único para que sólo reciba el 50% de ese financiamiento público se trata de un porcentaje que responde al propio modelo legal diseñado para distribuir esos recursos económicos, pues si se estableció que la suma de lo que le correspondería a un partido de nueva creación sería suficiente para abastecer a todos los candidatos registrados sin partido que los postule, resulta lógico asumir que el monto del financiamiento conjunto para las candidaturas independientes se planeó para que cubriera las necesidades de al menos dos de ellos, de manera que si solo uno es quien contiende, lo equitativo es que solo disfrute de la mitad de lo que a ambos les hubiese correspondido.

Presunta inconstitucionalidad de los derechos y las obligaciones de las candidaturas independientes. Se reconoce la validez de los artículos 393 y 394 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales, en atención a que no se proporciona un mínimo razonamiento para explicar por qué, en concepto del partido político, se produce una regulación excesiva en perjuicio de las candidaturas independientes, ni cómo es que se podrían afectar los derechos de la ciudadanía, sin que además este Tribunal Pleno encuentre alguna razón para suplir la deficiencia de la queja para apreciar esa presunta afectación de los derechos de los electores.

Prohibición para las candidaturas independientes para recibir dinero en efectivo, así como metales y piedras preciosas. Se reconoce la validez del artículo 400 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues el candidato independiente no se equipara en todo a un partido político, ya que éstos tienen una serie de obligaciones que cumplir y una serie de finalidades en el propio orden constitucional que los candidatos independientes no lo tienen.

Prohibición para sustituir los propietarios de las fórmulas de diputados o senadores postulados como candidatos independientes. Se aplaza la decisión de la propuesta consistente en declarar la validez de los artículos 391 y 392 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, basada en que, cuando los simpatizantes manifestaron su apoyo a la fórmula atinente, entendieron que existía la posibilidad de que en caso de que faltara el propietario, el suplente tomaría su lugar, por lo que resulta justificable tener como válida la sustitución antes de la jornada electiva.

 
28/2014 y 30/2014, Acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, del Trabajo y de la Revolución Democrática, Partidos políticos Movimiento Ciudadano, Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos
Septiembre 02, 2014

Acciones de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014

Votación nacional emitida. Se reconoce la validez de los artículos 15, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que aunque la Constitución Federal no aluda literalmente a la “votación total emitida”, debe estimarse que constituye un concepto implícito en el artículo 54 constitucional, pues resulta indispensable para obtener el diverso monto del “total de la votación válida emitida”, en la medida en que esta última cifra se obtiene restándole a aquella cantidad global los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados, con el objeto de que solamente se tomen en cuenta para la asignación de diputados de representación proporcional los sufragios legalmente depositados en las urnas.

Prohibición de fijar propaganda electoral en el equipamiento urbano. Se reconoce la validez del artículo 250, párrafo 1, incisos a), b) y d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que no fija una veda en el intervalo entre una elección y otra, pues su propósito es el de  disponer los requisitos que debe cumplir la colocación de propaganda impresa en lugares públicos y de propiedad privada, con lo cual tampoco se pisotea la libertad de imprenta.

Permisión para que los medios de comunicación nacional y local organicen libremente debates con la participación de al menos dos candidatos. Se reconoce la validez del artículo 218, numeral 6, inciso b), de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues el párrafo 7 del propio artículo 218, implícitamente obliga a que se citen al respectivo debate a todos los candidatos participantes en la elección; además de que el inciso c) del párrafo 6, del propio artículo 218, establece la obligación legal de que en los debates “Se establezcan condiciones de equidad en el formato”, lo cual implica que, para su  realización, no basta con que simplemente se convoque a los candidatos interesados, sino que es menester llevar a cabo todos los actos necesarios para que exista acuerdo sobre los términos concretos de su verificación, todo ello bajo la supervisión de la autoridad electoral.

Método estadístico aleatorio para el recuento de paquetes electorales en la elección de senadores. Se analiza la propuesta de declarar la invalidez de los artículos 44, párrafo 1, inciso u), y 320, párrafo 1, incisos d), e), j) y k), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues la utilización de dicho método, como un sucedáneo del recuento individual de votos, no garantiza una certeza absoluta acerca de los resultados reales de una votación y, por tanto, su uso infringe el principio de certeza en materia electoral, en tanto que, por su propia naturaleza, todo mecanismo de muestreo solamente se aproxima a la obtención de un resultado fiable, pero mantiene un margen de error inaceptable en materia electoral, porque en ella no debe existir la mínima probabilidad de equivocación, sobre todo en los casos en los que la distancia entre una y otra fórmula es menor a un punto porcentual.

28/2014 y 30/2014, Acciones de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, del Trabajo y de la Revolución Democrática, Partidos políticos Movimiento Ciudadano, Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos
Septiembre 01, 2014

Acciones de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014

Proceso legislativo. Se reconoce la validez del relativo al decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, por lo que se refiere a las reformas y adiciones de los tres últimos ordenamientos citados.

Plazo máximo de 90 días para hacer modificaciones a las normas electorales. No se viola el dispuesto en el penúltimo párrafo de la fracción II del artículo 105 constitucional, ya que si la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se publicó el 23  de mayo de 2014, esto significa que oficialmente se promulgó con más de 4 meses de anticipación a la fecha del inicio de los procesos electorales programados para la primera semana del mes de octubre de 2014; además de que la circunstancia de que los magistrados electorales cuyo nombramiento deba llevarse a cabo por el Senado de la República se verifique o pueda verificarse con una cercanía menor al plazo de 90 días citado, no implica una infracción a ese precepto, y no existe la presunta antinomia entre los artículos Noveno y Vigésimo Primero transitorios.

Interpretación conforme. El artículo Décimo transitorio es constitucional a condición de que se interprete que podría resultar aplicable a los procesos electorales iniciados en 2015 y cuya jornada electoral tenga lugar en el mismo año, ya que el párrafo tercero del artículo Cuarto transitorio del decreto de reformas constitucionales hizo una salvedad en el sentido de que en las “…entidades federativas que tengan procesos electorales en 2014…”, las reformas constitucionales “…entrarán en vigor una vez que hayan concluido dichos procesos”, lo cual implica que no sería admisible aplicar tales reformas a las entidades federativas cuyos procesos iniciaron en el año 2014 y culminarán en el año 2015.

Renovación de los magistrados electorales locales. Es infundado el concepto de invalidez relativo a que los artículos que regulan el proceso de renovación de los tribunales electorales locales, así como el artículo Vigésimo Primero Transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, infringen los principios de irretroactividad de la ley, la inamovilidad judicial y el derecho al trabajo en su vertiente relacionada con el ejercicio de la función electoral, ya que dicha renovación es un mandato de fuente constitucional, por lo que su contenido solamente responde al propósito del Constituyente Permanente de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 116, fracción IV, inciso c), párrafo 5º; y Décimo transitorio, del decreto de reformas constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de febrero de 2014.

Difusión de los informes anuales gubernamentales rendidos fuera de los periodos de campaña electoral. El artículo 242, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no contraviene el párrafo octavo del artículo 134 constitucional, ya que esta disposición lo que prohíbe es la propaganda de los servidores públicos con fines puramente de promoción política personal, lo cual no acontece cuando cumplen con su obligación de rendir cuentas anualizadas de su gestión pública, ya que en estos casos se trata de información de carácter institucional para evaluar sus acciones de gobierno de cara a la sociedad.

28/2014 y 30/2014, Acciones de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, del Trabajo y de la Revolución Democrática, Partidos políticos Movimiento Ciudadano, Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos
Mayo 29, 2014

Controversia constitucional 32/2012

Efectos de la declaración de invalidez. La declaratoria de invalidez de la reforma a la Constitución del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el 16 de marzo de 2012, sólo puede tener efectos relativos a las partes en el litigio, en términos de la jurisprudencia P./J. 72/96, y surtirá efectos a partir de la legal notificación que de la sentencia se haga a las autoridades demandadas.

Contradicción de tesis 467/2012

Competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para pronunciarse sobre la validez de los Acuerdos Generales 21/2007 y 43/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los cuales resultaría procedente la interposición del recurso de revisión vía electrónica, esto es, por medio de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE). Se aplaza la discusión del asunto hasta la próxima sesión, dados los ajustes que ha sufrido la propuesta del proyecto en torno a este tema.

Controversia constitucional 32/2012; Contradicción de tesis 467/2012, Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos
Mayo 27, 2014

Controversia constitucional 32/2012

Derecho humano de los pueblos indígenas a ser consultados sobre las medidas legislativas susceptibles de afectarlos de forma directa, previamente a su aprobación. Se declara la invalidez de la reforma a la Constitución del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el 16 de marzo de 2012, en virtud de que no consta en el juicio que el Municipio de Cherán haya sido consultado previamente a su aprobación, mediante un procedimiento culturalmente adecuado, informado y de buena fe, a través de las instituciones que lo representan, en cumplimiento al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, lo que revela que el proceder del Poder Legislativo demandado violó su esfera de competencia y sus derechos.

Controversia constitucional 32/2012, Michoacán, Municipio de Cherán, Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos
Mayo 26, 2014

Controversia constitucional 32/2012

Legitimación activa. Los promoventes, en su calidad de Concejeros Mayores del Gobierno Comunal del Municipio de Cherán, Michoacán, cuentan con atribuciones para acudir a este procedimiento, y si bien los municipios carecen de interés legítimo para alegar una violación al artículo 2° de la Constitución Federal, porque las controversias constitucionales no fueron instituidas para defender los derechos de los pueblos o comunidades indígenas que se encuentran geográficamente dentro de su circunscripción territorial, esta regla no cobra aplicación cuando la parte actora demuestre que sus representantes fueron electos y legalmente reconocidos mediante el sistema de usos y costumbres, y alegue, además, que los actos reclamados presuntamente atentan contra ese modo de designación, la eficacia de su continuidad o la forma de su desempeño.

Controversia constitucional 32/2012, Michoacán, Municipio de Cherán, Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos
Mayo 19, 2014

Amparo directo en revisión 286/2014

Impedimento. El señor Ministro Alberto Pérez Dayán se encuentra in curso en la causa prevista en la fracción IV del artículo 66 de la Ley de Amparo abrogada, para conocer del presente asunto, en atención a que integró el tribunal colegiado cuya resolución se recurre.

Preclusión. No opera respecto de los argumentos de inconstitucionalidad de las normas reclamadas porque el primer amparo se concedió por legalidad, omitiéndose el análisis de la cuestión de constitucionalidad; dado que en ese caso la quejosa no tenía la carga procesal de hacer valer el recurso de revisión en contra de la sentencia, pues dicha cuestión estuvo supeditada a que no prosperara el planteamiento de legalidad y los motivos de inconstitucionalidad dependían de la interpretación que realizó a la norma la autoridad responsable.

Prescripción del derecho a la devolución de saldos a favor. Contrario a lo señalado por la quejosa en su primer agravio, los artículos 22 y 146 del Código Fiscal de la Federación no violan la garantía de seguridad jurídica, en tanto que sí establecen cuándo inicia el cómputo del plazo para tal efecto.

Proporcionalidad. Es infundado el segundo agravio de la recurrente en el sentido de que, de forma indebida, el órgano colegiado del conocimiento señaló que no le es aplicable dicho principio a los artículos 22 y 146 del Código Fiscal de la Federación; asimismo, es infundada la parte restante del segundo agravio de la recurrente, por medio del cual combate la inoperancia decretada por el órgano colegiado del conocimiento en relación con el planteamiento de inconstitucionalidad del artículo 6 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Recurso efectivo. Es inoperante el tercer agravio en el que la recurrente, en esencia, reclama que la declaratoria de inoperancia de los conceptos de violación primero, segundo y tercero del Tribunal Colegiado del conocimiento, la deja en estado de indefensión al no poder apelar en alguna instancia lo resuelto en la revisión fiscal por ese órgano colegiado y que, por lo tanto, debe ser en la revisión del juicio de amparo donde se pueda analizar su legalidad, aunado a que los recursos deben ser efectivos en contra de violaciones de derechos humanos.

Revisión adhesiva. Se declara sin materia, por su naturaleza accesoria, la que hizo valer la autoridad recurrente, toda vez que ha desaparecido la condición a la que se sujeta el interés del adherente.

Amparo directo en revisión 286/2014, Tributario, Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos
Abril 21, 2014

Contradicción de tesis 360/2013

Personas morales. Gozan de los derechos humanos que conforme a su naturaleza resulten necesarios para la realización de sus fines, para proteger su existencia, identidad y asegurar el libre desarrollo de su actividad.

Contradicción de tesis 360/2013, Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos
Noviembre 25, 2013

Amparo directo en revisión 466/2011

Amparo en contra de actos que afecten derechos agrarios de un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal. Se propone determinar que el artículo 217 de la Ley de Amparo, que establece que la demanda respectiva podrá interponerse en cualquier tiempo, transgrede los principios consagrados en el numeral 17 de la Ley Suprema y, en consecuencia, que lo procedente es revocar la sentencia recurrida, para el efecto de que el Tribunal Colegiado de Circuito inaplique dicho precepto y, en su lugar, considere el contenido del artículo  218 del Libro Segundo de la propia ley.

Amparo directo en revisión 466/2011, Ejido General Lázaro Cárdenas, Jalisco, Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos
Noviembre 21, 2013

Incidente de inejecución de sentencia 573/2012

Incidente de inejecución de sentencia. Se retira el asunto respectivo para que continúe el trámite del cumplimento de la sentencia de amparo.

Amparo directo en revisión 466/2011

Procedencia de la impugnación de la Ley de Amparo. En el presente caso se satisfacen los requisitos relativos, pues existe una resolución en que se aplicó efectivamente el precepto impugnado, la cual le causó perjuicio jurídico al hoy inconforme y existe, además, el medio de impugnación que aquí se analiza.

Operancia de los agravios propuestos en revisión. No opera la preclusión del derecho de impugnar la constitucionalidad del artículo 217 de la Ley de Amparo, porque aun cuando éste se aplicó en distintos actos y sentencias que tienen una secuela procesal, ya que derivan de un mismo juicio agrario que inició en el año dos mil uno,  lo cierto es que la empresa recurrente,  en cada una de esas determinaciones que le resultaron adversas, intentó controvertir su aplicación y constitucionalidad, sin que fuera procedente su análisis, al considerar los tribunales de amparo que no era el momento procesal adecuado; que no era atendible su impugnación, o que debía esperarse a que concluyera el procedimiento con la resolución final.

 
Amparo directo en revisión 466/2011, Ejido General Lázaro Cárdenas, Jalisco, Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos
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