Penal

Septiembre 07, 2021

Acción de inconstitucionalidad 148/2017

Derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir. Se reconoce la validez del artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, conforme al cual comete aborto quien causa la muerte al producto de la concepción, en cualquier momento del embarazo, ya que, por su posición y función en el Código, no afecta ese derecho y, más bien,  lo tutela en un escenario de maternidad deseada.

Derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir. Se declara la invalidez del artículo 196 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, que impone de uno a tres años de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciere abortar con el consentimiento de aquella, pues viola aquel derecho, al no incluir una formulación que permita interrumpir el embarazo en la primera etapa de gestación.

Derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir. Se declara la invalidez, por extensión, del artículo 198, párrafo primero, en la porción normativa "sea o”, del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, a fin de permitir que la mujer o persona gestante, cuyo embarazo fue consentido y que opta por interrumpirlo, sea asistida por personal sanitario, suprimiendo, en este supuesto, la sanción consistente en la suspensión temporal en el ejercicio de su profesión, oficio o práctica para la persona que realice el procedimiento sanitario o ayudara en éste. 

Derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir. Se declara la invalidez, por extensión, del artículo 199, en su acápite y párrafo primero, en su porción normativa “Se excusará de pena por aborto y”, del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en tanto que afecta tal derecho que, para los casos de violación, inseminación o implantación indebidas, peligro de la mujer embarazada, alteraciones genéticas o congénitas graves y culpa de la mujer embarazada, se califique al aborto como ilícito y que, por ende, subsista una noción de criminalidad en relación con esa acción aun tratándose de supuestos en los cuales la concepción se dio en un marco de ausencia de consentimiento  o bien se pretende dar cobertura y protección a la salud.

Derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir. Se declara la invalidez, por extensión, del artículo 199, fracción I, párrafo primero, en su porción normativa “dentro de las doce semanas siguientes a la concepción”, del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, al carecer de justificación y racionalidad que se establezca la posibilidad de practicar el aborto dentro de ese plazo, en relación con los supuestos de embarazo forzado.

Violación entre cónyuges y a otras personas con vínculos similares. Se declara la invalidez del artículo 224, fracción II, párrafo primero, del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, que sanciona con menor gravedad esa conducta, en relación con el tipo penal general de violación, por violar el derecho de igualdad en la ley y tener un impacto negativo en la protección de los derechos de la mujer.

Violación entre cónyuges y a otras personas con vínculos similares. Se declara la invalidez, por extensión, del artículo 224, fracción II, párrafo segundo, del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, el cual prevé que aquél se trata de un delito que se perseguirá por querella, es decir, a solicitud directa de la parte afectada, pues agudiza el desvalor con el cual el legislador estatal observó las violaciones sexuales que pueden acontecer en el seno de un matrimonio, concubinato o pacto social, lo cual es incompatible con un esquema amplio e igualitario de protección de los derechos humanos.

Acción de inconstitucionalidad. La sentencia de invalidez, respecto de los preceptos que regulan el aborto, surtirá sus efectos retroactivos a la fecha en que entraron en vigor, es decir, al veintiséis de noviembre de dos mil diecisiete, a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Acción de inconstitucionalidad. La sentencia de invalidez, respecto del precepto que regula el delito de violación entre cónyuges y a otras personas con vínculos similares, surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Coahuila, Penal, Ministro Luis María Aguilar Morales
Septiembre 06, 2021

Acción de inconstitucionalidad 148/2017

Acción de inconstitucionalidad. Procede el sobreseimiento respecto del artículo 13, Apartado A, del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, al haber sido invalidado en la diversa acción de inconstitucionalidad 143/2017 y haberse dispuesto los efectos retroactivos correspondientes.

Acción de inconstitucionalidad. No procede el sobreseimiento respecto del artículo 224, fracción II, del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, reformado mediante decreto publicado el 12 de abril de 2019, ya que su invalidez tendría impacto en los procesos en que se hubiere aplicado.

Derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir. Su contenido y límites frente a la protección del bien constitucional del nasciturus.

Derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir. Análisis sobre si el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, conforme al cual comete aborto quien causa la muerte al producto de la concepción, en cualquier momento del embarazo, por su posición y función en el Código, vulnera ese derecho o bien lo tutela en un escenario de maternidad deseada.

Derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir. Análisis sobre si el artículo 196 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, que impone de uno a tres años de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciere abortar con el consentimiento de aquella, viola aquel derecho, por no incluir una formulación que permita interrumpir el embarazo en la primera etapa de gestación.

Derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir. Posibilidad de invalidar por extensión la porción normativa "sea o no consentido o” del primer párrafo del artículo 198 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, a fin de que no se imposibilite a la mujer o persona gestante que opta por interrumpir su embarazo ser asistida por personal sanitario, suprimiendo, en este supuesto, la sanción consistente en la suspensión temporal en el ejercicio de su profesión, oficio o práctica para la persona que realice el procedimiento sanitario o ayudara en éste. 

Derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir. Posibilidad de invalidar por extensión las porciones normativas “aborto no punible” y “se excusarán de pena” contenidas en el título y en el párrafo primero del artículo 199 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en tanto que afectaría tal derecho que, para los casos de violación, inseminación o implantación indebidas, peligro de la mujer embarazada, alteraciones genéticas o congénitas graves y culpa de la mujer embarazada, se califique al aborto como ilícito y que, por ende, subsista una noción de criminalidad en relación con esa acción aun tratándose de supuestos en los cuales la concepción se dio en un marco de ausencia de consentimiento o bien se pretende dar cobertura y protección a la salud.

Derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir. Posibilidad de invalidar por extensión la porción normativa “dentro de las doce semanas siguientes a la concepción” ubicada al final del párrafo primero de la fracción I del artículo 199 del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, al carecer de justificación y racionalidad que se establezca la posibilidad de practicar el aborto dentro de ese plazo, en relación con los supuestos de embarazo forzado.

 
Coahuila, Penal, Ministro Luis María Aguilar Morales
Agosto 19, 2021
Acción de inconstitucionalidad 296/2020
 
Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Los congresos locales carecen de facultades regular dicha materia, salvo que se trate de aspectos orgánicos o cuestiones complementarias para la implementación de la reforma constitucional relativa.
 
Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Se declara la invalidez del artículo 6, párrafo tercero, de la de la Ley de Mediación y Conciliación para el Estado de San Luis Potosí, en la porción normativa que reconoce el derecho a los intervinientes, una vez que el imputado ha sido vinculado a proceso, de elegir ante qué órgano se desarrollará el mecanismo alternativo, pues, al no ser una disposición orgánica ni complementaria, invade la competencia del Congreso de la Unión para legislar en dicha materia.
 
Penal, San Luis Potosí
Abril 14, 2015

Amparo directo en revisión 1250/2012

Arraigo. El artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, que regula dicha figura procesal, es acorde con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, se confirma la sentencia recurrida y se niega el amparo al quejoso.

Amparo directo en revisión 1250/2012, Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Penal
Abril 13, 2015

Amparo directo en revisión 1250/2012

Arraigo. Se analiza si el artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, que regula dicha figura procesal, resulta constitucional.

Amparo directo en revisión 1250/2012, Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Penal
Abril 09, 2015

Amparo directo en revisión 1250/2012

Arraigo. La arquitectura constitucional del juicio de amparo directo, interpretado a la luz de su teleología, no impide al quejoso plantear la irregularidad de la norma legal que sirve de fundamento para la aplicación del arraigo, dado que dicha medida cautelar presenta un potencial de irradiación de efectos procesales con la fuerza normativa suficiente para trascender al dictado de la sentencia.

Arraigo. Se analiza si el artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, que regula dicha figura procesal, resulta constitucional.

Amparo directo en revisión 1250/2012, Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Penal
Febrero 19, 2015

Acción de inconstitucionalidad 16/2011 y su acumulada 18/2011

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez del artículo  16, in fine, de la Ley relativa para el Distrito Federal, toda vez que la participación que otorga a la  víctima en la audiencia ante el juez de ejecución se ciñe exclusivamente a los aspectos que refieren a la reparación del daño y respeta el principio de voluntariedad.

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez de los artículos  118, fracciones VI, VIII, IX, X, XI, XII y XVIII,119, 120, fracción III, 121, 122, 123, 124, 125, fracciones VII y VIII, y 127, fracciones II, V, VI, VII y X, de la Ley relativa para el Distrito Federal, toda vez que corresponde a la autoridad administrativa, y no a la jurisdiccional, imponer las medidas disciplinarias dentro de los centros de ejecución de las penas, sin menoscabo de que se satisfaga un procedimiento en el que se respete la garantía de audiencia del sentenciado.

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez de los artículos 136 y 137 de la Ley relativa para el Distrito Federal, toda vez que la incorporación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal al Comité de Visita General no supone una violación a la autonomía de dicha Comisión.

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se sobresee respecto del artículo 31, fracción IX, de la Ley relativa para el Distrito Federal, el cual establece que el sentenciado, a fin de ser acreedor al beneficio de reclusión domiciliaria, debe cubrir el costo del dispositivo electrónico de monitoreo, al haberse alcanzado una mayoría no calificada en favor de su invalidez. 

 
Acción de inconstitucionalidad 16/2011 y su acumulada 18/2011, Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, Distrito Federal, Penal, Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas
Febrero 17, 2015

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se sobresee respecto del artículo 31, fracción V, de la Ley relativa para el Distrito Federal, que establece como requisito para obtener el beneficio de reclusión domiciliaria mediante monitoreo electrónico a distancia, acreditar estudios técnicos u obtener resultados favorables en estos, al existir un empate a cinco votos.

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez del artículo 33 de la Ley relativa del Distrito Federal, que establece los delitos por los cuales no se otorgarán a los sentenciados beneficios penitenciarios, en su modalidad de tratamiento preliberacional y libertad preparatoria. 

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se sobresee respecto del artículo 35, fracciones III y V, de la Ley relativa para el Distrito Federal, que establecen como requisitos para otorgar el tratamiento preliberacional, que el sentenciado acredite los estudios técnicos que le sean practicados por el Centro Penitenciario y haber participado en el tratamiento técnico progresivo a través de las actividades educativas, recreativas, culturales y deportivas organizadas por el Centro Penitenciario,  al existir un empate a cinco votos.

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se sobresee respecto del artículo 37,  fracción II, de la Ley relativa para el Distrito Federal, que establece como requisito para obtener la libertad preparatoria  que el sentenciado que tenga sentencia ejecutoriada de privación de la libertad por más de tres años, haya acreditado plenamente, durante su estancia en prisión, los estudios técnicos que le sean practicados por el Centro Penitenciario, al existir un empate a cinco votos.

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se sobresee respecto del artículo 43, en la porción normativa que prescribe: “y en su caso acreditar el cumplimiento de las medidas de tratamiento propuestas”, en relación con las obligaciones de los sentenciados que reciben beneficios penitenciarios, al existir un empate a cinco votos.

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez del artículo 65, en la porción que dice: “La Autoridad Ejecutora podrá suprimir el libre acceso a un derecho o prerrogativa de los sentenciados en los Centros Penitenciarios cuando su ejercicio tenga fines ilícitos”, de la Ley relativa para el Distrito Federal.

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez del artículo 66, en la porción que dice: “la de modificar y neutralizar los factores que han influido en la conducta del individuo para delinquir”, la cual alude a la finalidad de las bases del sistema penitenciario, de la Ley relativa para el Distrito Federal.

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez 81, en la porción que dice: “y observación directa de su comportamiento; información que complementará a los estudios técnicos”, la cual alude a lo que se deberá considerar para la ubicación de los sentenciados en los Centros Penitenciarios, de la Ley relativa para el Distrito Federal.

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se sobresee respecto del artículo 82, fracción II, de la Ley relativa del Distrito Federal, el cual señala los indicadores que tendrá el progreso del tratamiento, al existir un empate a cinco votos.

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez del artículo 85 de la Ley relativa del Distrito Federal,  el cual define las características del sistema de reinserción social.

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez del artículo 86 de la Ley relativa del Distrito Federal, el cual establece que durante el período de estudio y diagnóstico, el personal técnico del Centro Penitenciario realizará el estudio de personalidad del sentenciado para determinar la ubicación y el tratamiento que le corresponda y la forma en que se desarrollará.

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez de los artículos 87, 88 y 89 de la Ley relativa del Distrito Federal, los cuales establecen en qué estudios se funda el tratamiento aplicable a cada sentenciado, cuáles son las medidas en las que éste se sujeta y qué duración tendrá.

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez del artículo 94, fracción V, de la Ley relativa del Distrito Federal, el cual se refiere a que los sentenciados que tuvieren una profesión, calificación pedagógica o grado técnico que les permita contribuir con el régimen educacional dentro del centro, podrán participar como docentes o auxiliares.

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez de los artículos 95 y 97, incisos a) y b), fracción V, de la Ley relativa del Distrito Federal, que establecen las bases para la organización del trabajo que podrán realizar los sentenciados.

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez del artículo 109 de la Ley relativa del Distrito Federal, el cual establece que el tratamiento psicológico se fundará en los resultados de los estudios técnicos que se practiquen al sentenciado.

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez del artículo 110 de la Ley relativa del Distrito Federal, el cual establece el objeto de que el área de psicología apoye, auxilie y asesore a la autoridad de los Centros Penitenciarios en todo lo concerniente a su especialidad.

Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez del artículo 111 de la Ley relativa del Distrito Federal, el cual establece que las áreas médicas, psicológicas y psiquiátricas deberán presentar los informes que les sean requeridos por las autoridades competentes y, en su caso, proporcionar a éstas los elementos técnicos especializados en los casos que así lo solicite la autoridad judicial.

Acción de inconstitucionalidad 16/2011 y su acumulada 18/2011, Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, Distrito Federal, Penal, Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas
Febrero 12, 2015

Acción de inconstitucionalidad 16/2011 y su acumulada 18/2011

Ejecución de sanciones penales y reinserción Social. Análisis de la Ley relativa para el Distrito Federal, tomando en cuenta si la Constitución Federal permite la calificación del grado de peligrosidad de una persona a la luz del principio de reinserción social; si la reinserción social permite la aplicación de un tratamiento técnico para el sentenciado, y qué efectos puede tener este tratamiento para la obtención o no de beneficios penitenciarios.

Acción de inconstitucionalidad 16/2011 y su acumulada 18/2011, Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, Distrito Federal, Penal, Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas
Julio 01, 2014

Acción de inconstitucionalidad 21/2013

Delincuencia organizada.  Se desestima la propuesta consistente en extender la declaración de invalidez de la porción normativa respectiva del artículo 171 del Código Procesal Penal de Nuevo León, a las correspondientes porciones de los artículos 3º, fracción IV, 182 Bis 8 y 326 Bis del Código de Procedimientos Penales, 5º de la Ley de Ejecución de Sanciones

Acción de inconstitucionalidad 21/2013, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Nuevo León, Penal, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
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