Nuevo León

Julio 03, 2014

Acción de inconstitucionalidad 21/2013

Restricción de comunicaciones privadas. Se declara la invalidez del artículo 26, párrafo cuarto, de la Ley que Regula la Ejecución de las Sanciones Penales del Estado de Nuevo León, en la porción normativa que indica “deberá restringir las comunicaciones de los imputados o condenados con terceros, salvo el acceso de su defensor. También”, toda vez que esta medida se prevé respecto de delitos diversos a los previstos en el artículo 2º de la Ley de Delincuencia Organizada, en tanto que las entidades tienen vedado legislar en esta materia; además, la medida está prevista de manera genérica y no limitativa para reclusos en centros especiales y, adicionalmente, se impone de forma absoluta, eliminando la posibilidad de valorar la necesidad de su imposición.

Prisión preventiva. Se declara la invalidez del artículo 171, párrafo penúltimo, del Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León, en las porciones normativas que indican “Rebelión en todas sus modalidades; terrorismo; delincuencia organizada y agrupación delictuosa; contra la seguridad de la comunidad, a que se refiere el Artículo 165 Bis”, y “parricidio; privación ilegal de la libertad a que se refiere los artículos 354, 355 y 355 Bis; y robo cometido por métodos violentos, previstos en el Código Penal para el Estado de Nuevo León, además los delitos establecidos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos”, toda vez que esta medida no puede preverse de manera oficiosa ni necesaria, salvo en los casos expresamente autorizados por la Constitución General.

Prueba de ácido desoxirribonucleico. Se declara la invalidez del artículo 275 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nuevo León, dado que en los términos previstos en esta disposición, dicha prueba opera como medida para la identificación de los testigos protegidos, figura que la Constitución Federal no autoriza sino para los casos de delincuencia organizada, además de que incide en el derecho a la dignidad, a la intimidad y a la integridad física, pues de aquélla puede extraerse información genética del individuos, tales como ciertos perfiles o rasgos biológicos que el sujeto no quiera hacer públicos, soslayándose la autodeterminación informativa, siendo una medida que no guarda relación alguna con la finalidad que supuestamente persigue. 

Acción de inconstitucionalidad 21/2013, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Nuevo León, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
Julio 01, 2014

Acción de inconstitucionalidad 21/2013

Delincuencia organizada.  Se desestima la propuesta consistente en extender la declaración de invalidez de la porción normativa respectiva del artículo 171 del Código Procesal Penal de Nuevo León, a las correspondientes porciones de los artículos 3º, fracción IV, 182 Bis 8 y 326 Bis del Código de Procedimientos Penales, 5º de la Ley de Ejecución de Sanciones

Acción de inconstitucionalidad 21/2013, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Nuevo León, Penal, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
Junio 26, 2014

Acción de inconstitucionalidad 21/2013

Delincuencia organizada. Análisis de la propuesta consistente en extender la declaración de invalidez de la porción normativa respectiva del artículo 171 del Código Procesal Penal de Nuevo León, a las correspondientes porciones de los artículos 3º, fracción IV, 182 Bis 8 y 326 Bis del Código de Procedimientos Penales, 5º de la Ley de Ejecución de Sanciones.

Acción de inconstitucionalidad 21/2013, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Nuevo León, Penal, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
Junio 24, 2014

Acción de inconstitucionalidad 21/2013

Secuestro y trata de personas. Se declara la invalidez de las porciones normativas que hacen referencia a Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro y a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, previstas en los artículos 26 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y 171 del Código Procesal Penal, ambos ordenamientos del Estado de Nuevo León, ya que las entidades federativas carecen de competencia para legislar en relación con las medidas de prisión preventiva y de restricción de comunicaciones con terceros, que ya se encuentran previstas en dichas leyes generales.

Acción de inconstitucionalidad 21/2013, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Nuevo León, Penal, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
Junio 23, 2014

Acción de inconstitucionalidad 21/2013

Delincuencia organizada. El Congreso del Estado de Nuevo León carece de competencia para legislar en la materia, por lo que al establecer que la prisión preventiva se impondrá de oficio en el caso de ese delito vulneró el artículo 73, fracción XXI, constitucional que establece que el único facultado para legislar al respecto es el Congreso de la Unión.

Acción de inconstitucionalidad 21/2013, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Nuevo León, Penal, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
Junio 19, 2014

Acción de inconstitucionalidad 21/2013

Delincuencia organizada. Análisis sobre si resulta fundado el concepto de invalidez relativo a la falta de competencia del Congreso de Nuevo León para legislar en esa materia, a la luz del artículo 3º de la Ley Federal relativa, que deja un ámbito de actuación a las entidades federativas en la investigación, persecución, procesamiento y sanción de los  delitos previstos en su artículo 2º, fracción V.

Acción de inconstitucionalidad 21/2013, Nuevo León, Penal, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
Mayo 12, 2014

Controversia constitucional 92/2010

Controversia constitucional. Se sobresee respecto de las consecuencias directas e indirectas, mediatas e inmediatas de la norma y omisiones, que se impugnan, ya que constituyen actos futuros e inciertos cuya existencia no se acredita en autos.

Emergencia Policial. El Congreso del Estado de Nuevo León tiene competencia para emitir la Ley relativa, Reglamentaria de la Fracción XVIII del Artículo 85 de la Constitución Política de dicha Entidad Federativa, ya que la Constitución Federal, así como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública facultan a los Estados para emitir leyes en la materia.

Sistema Nacional de Seguridad Pública. La facultad concedida al Congreso de la Unión en la Norma Suprema para emitir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de seguridad pública conforme al numeral 21 constitucional, no tiene como finalidad someter a los Estados a una regulación federal.

Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Congreso de la Unión, dentro del sistema de concurrencia establecido en el numeral 39, penúltimo párrafo, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dejó en libertad a los Estados y a los Municipios de poder coordinarse a fin de dar efectividad a la prestación del servicio de seguridad pública, posibilidad que pueden hacer extensiva a los casos de “fuerza mayor” o “alteración grave del orden público” previstos en la fracción VII del artículo 115 constitucional.

Emergencia Policial. No se actualiza omisión legislativa en la falta de establecimiento en la Ley relativa, de las bases y mecanismos para la celebración del convenio de coordinación, ya que el Congreso del Estado de Nuevo León no está obligado por la Constitución Federal para actuar en el sentido propuesto por el Municipio actor; tampoco existe un  actuar omisivo del Poder Ejecutivo local de celebrar con el municipio convenio de coordinación, cooperación y/o colaboración para la aplicación y ejecución de la propia ley en casos de fuerza mayor o alteración grave del orden público.

Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por disposición expresa de la fracción VII del artículo 115 de la Constitución Federal, los Ejecutivos estatales pueden asumir el mando temporal de los cuerpos policiacos del ámbito municipal, a efecto de hacer frente a una situación excepcional así calificada por ellos, en el entendido que dicha asunción incluye no sólo la transmisión de órdenes y el correlativo deber de acatarlas, sino a toda la infraestructura y operatividad que ello conlleva, y la Ley relativa tiene como finalidad desarrollar los términos bajo los cuales el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León llevará a cabo la referida facultad.

Emergencia Policial. El Artículo Sexto de la Ley relativa faculta única y exclusivamente al titular del Ejecutivo local a emitir la declaratoria de existencia de fuerza mayor o de alteración grave del orden público, atribución a la cual le confiere el carácter de indelegable, de manera tal que, en términos constitucionales y legales, ningún otro servidor público estatal podrá realizarla,  y no implica en modo alguno que por ese hecho dichas instituciones pasen a formar parte del ámbito estatal, sino que conservan su estatus de pertenencia y subordinación originaria al ente municipal y solamente se verán obligados por mandato constitucional expreso a acatar las órdenes que les transmita el Gobernador del Estado única y exclusivamente en los casos extraordinarios previstos en la ley.

Emergencia policial. El Artículo Segundo de la Ley relativa no genera una condición de relación jerárquica entre el Ejecutivo estatal y los cuerpos policiacos municipales en detrimento de una “lealtad institucional”, ya que el ejercicio de la atribución extraordinaria del Ejecutivo estatal no da lugar a una relación orgánica de supra-subordinación entre el Gobernador y la fuerza pública municipal.

Emergencia policial. No corresponde al legislador ordinario señalar en un ordenamiento legal los supuestos taxativos que configuran una causa de fuerza mayor o de alteración grave del orden público que den lugar al ejercicio de esa atribución de índole fundamental, y el hecho que no se contemple en la Ley relativa un catálogo de situaciones que le permitan llevarla a cabo, no la hace inconstitucional; además, la Carta Magna confiere a los Ejecutivos estatales la libertad de apreciación para actuar en los casos que ellos mismos consideren como de fuerza mayor y de alteración grave del orden público, pero siempre sujeta a los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el artículo 16 de la Constitución Federal.

Emergencia Policial. Se reconoce la validez de la Ley relativa, Reglamentaria de la Fracción XVIII del Artículo 85 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, ya que solamente instrumenta la operatividad y formalidad bajo la cual el Ejecutivo del Estado podrá asumir el mando de la policía preventiva municipal y transmitirles órdenes, en aquellos casos que ellos mismos juzguen como de fuerza mayor o alteración grave del orden público, siendo que una de las notas distintivas de esta atribución constitucional de los Ejecutivos locales es que sólo pueden ejercitarla de manera estrictamente temporal, y no puede ser cuantificable en el tiempo al estar supeditada a que la situación de hecho que la origine haya cesado a juicio del titular del Poder Ejecutivo local.

Controversia constitucional 92/2010, Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas
Abril 08, 2014

Controversia constitucional 120/2011

Desarrollo Urbano. Se sobreesee respecto de la omisión que se imputó al Poder Legislativo del Estado de Nuevo León de atender la iniciativa de reformas a la Ley relativa del Estado, presentada por el Presidente Municipal de San Pedro Garza García, máxime que, de manera oficiosa y como hecho notorio, de la información que el Congreso de la entidad pone a disposición en su página web, se advierte la existencia de diversas actuaciones que la propia legislatura llevó a acabo a efecto de atender dicha iniciativa, y de las cuales se constata claramente que el trámite respectivo culminó con la publicación del Decreto 337 en el Periódico Oficial de la entidad el 22 de junio de 2012.

Combate al juego prohibido. Se declara infundado el concepto de invalidez relativo a la omisión imputable al Gobierno del Estado de Nuevo León de ejercer sus facultades y deberes en concordancia con el “Acuerdo de Coordinación en Materia de Juegos y Sorteos para Combatir el Juego Prohibido”, signado el 18 de agosto de 2006, pues de autos se desprende que las autoridades demandadas han llevado a cabo, en primer lugar, acciones tendientes a combatir la problemática del establecimiento de casas de juego, centros de apuestas, casinos y similares, a través de diversas iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo Local, y, en segundo lugar, actuaciones de política pública en materia de atención de adicciones, de información preventiva sobre consecuencias de la práctica de juegos ilegales, así como de sus proyectos en materia de cultura de la paz y ludopatía, por lo que no se actualiza alguna violación al artículo 115 constitucional.

Desarrollo Urbano. Se declara infundado el concepto de invalidez relativo a que la aprobación del Decreto número 246, por el cual se adiciona el artículo 127 Bis y se deroga la fracción III del artículo 127 de la Ley relativa del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial el 4 de noviembre de 2011, viola la autonomía municipal, el principio de razonabilidad y las facultades de zonificación exclusivas del municipio, de acuerdo con la Ley General de Asentamientos Humanos, y a que dicho decreto no comprende los establecimientos que continúan en operación, además de que ha introducido privilegios y ventajas indebidas en una ley privativa.

Contradicción de tesis 145/2013

Incidente de nulidad de notificaciones. En el juicio de amparo directo, corresponde al Presidente del Tribunal Colegiado dictar la resolución respectiva en contra actuaciones realizadas previamente a la emisión de la sentencia, como en contra de la notificación de ésta.

Controversia constitucional 120/2011, Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas
Abril 07, 2014

Controversia constitucional 120/2011

Controversia constitucional. Es oportuna la presentación de la demanda y de su ampliación.

Causales de improcedencia. Las invocadas por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León deben ser desestimadas dado que éstas se encuentran interrelacionadas con los temas de fondo, esto es, la existencia o no de los actos que se le imputan y su participación en las supuestas omisiones.

Desarollo urbano. Estudio del agravio relativo a la inactividad del órgano legislativo para atender la iniciativa de reformas a la Ley relativa del Estado de Nuevo León, presentada por el Presidente Municipal de San Pedro Garza García.

Controversia constitucional 120/2011, Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas
Abril 01, 2014

Controversia constitucional 79/2013

Tribunales de justicia administrativa municipal. Se declara la invalidez del artículo 183, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, dado que prevé que el cargo de Magistrado termina en cualquier momento que se decida nombrar a otra persona, lo que es contrario a la garantía de estabilidad en el cargo y del principio de independencia judicial.

Tribunales de justicia administrativa municipal. Se declara la invalidez del artículo Tercero Transitorio del Decreto 058 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León de 12 de abril de 2013, en la porción normativa que dice: “a efecto de informar el Magistrado designado como responsable de concluir los asuntos en trámite recibidos hasta antes del acuerdo de su extinción”, pues deja en manos de los ayuntamientos la potestad irrestricta de desaparecer dichos tribunales, sin precisar si la decisión requiere de mayoría calificada de los miembros del ayuntamiento o si procede en todo tiempo o si está condicionada a que exista una modificación en la capacidad económica, técnica y humana del municipio o a alguna otra circunstancia, máxime que confiere al ayuntamiento la facultad de designar libremente a un magistrado responsable de concluir los asuntos en trámite, lo que de facto implica la posibilidad de remoción de los magistrados sin causa justificada y, en consecuencia, pone en riesgo la independencia de los órganos en cuestión.

Tribunales de justicia administrativa municipal. Se declara fundada la controversia constitucional, en contra de la omisión legislativa del Congreso del Estado de Nuevo León, consistente en la falta de señalamiento de la autoridad competente para imponer sanciones por responsabilidad administrativa a los magistrados de dichos tribunales y a sus servidores públicos adscritos, la cual deberá subsanarse mediante la emisión de la regulación correspondiente, a más tardar en el siguiente período ordinario de sesiones del Congreso del Estado de Nuevo León que inicia el primero de marzo y termina el primero de junio de dos mil catorce.

Tribunales de justicia administrativa municipal .Se declara infundada la presente controversia constitucional, en contra de la omisión atribuida al Gobierno del Estado de Nuevo León, consistente en el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio del Decreto de reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve en el Diario Oficial de la Federación.

Controversia constitucional 79/2013, Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
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