Procuraduria General de la Republica

Mayo 12, 2015

Acción de inconstitucionalidad 33/2013

Extinción de dominio. Las entidades federativas tienen competencia para legislar en la materia, excepto en relación con el delito de delincuencia organizada, que es de competencia federal exclusiva, en los términos de la fracción XXI del artículo 73 constitucional.

Extinción de Dominio. Se declara la invalidez del artículo 9, fracción V, de la Ley relativa del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el 4 de octubre de 2013, pues, al establecer que la extinción de dominio procede en contra del delito de “facilitación delictiva”, va más allá de lo previsto en la Constitución Federal, que limitó el ejercicio de dicha acción a los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas; en la inteligencia de que surtirá sus efectos una vez que se notifiquen los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso de esa entidad.

Acciones de inconstitucionalidad 20/2014 y su acumulada 21/2014

Extinción de Dominio. Se declara la invalidez de la fracción IV del artículo 2, en la porción normativa que indica: “delincuencia organizada,”; del artículo 4, en la porción normativa que señala: “delincuencia organizada,”; de la fracción IV e inciso a) del artículo 5, en las porciones normativas que indican: “o de delincuencia organizada,” y “delincuencia organizada,” respectivamente; de la fracción IV del artículo 62 en la porción normativa que señala: “la intervención de la delincuencia organizada o”; y del segundo párrafo del artículo 63, en la porción normativa que señala: “la intervención de miembros de la delincuencia organizada o”, todos de la Ley de del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial de la Entidad el trece de mayo de dos mil catorce; la cual surtirá sus efectos una vez que se notifiquen los puntos resolutivos de la sentencia al Congreso de esa entidad.

Acción de inconstitucionalidad 33/2013, Procuraduria General de la Republica
Julio 08, 2014

Acción de inconstitucionalidad 27/2013 y sus acumuladas 28/2013 y 29/2013

Cesación de Efectos. Se sobresee, por este motivo, respecto de los artículos 56, fracción V, 63, párrafo quinto, y 66, párrafo quinto, de la Constitución Política del Estado de Durango, reformada y adicionada mediante Decreto Número 540, publicado en el Periódico Oficial el 29 de agosto de 2013, por virtud de la publicación de los Decretos Números 128 y 171, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, de 6 de marzo y 24 de junio de dos mil catorce.

Materia electoral. El Partido del Trabajo tiene legitimación para impugnar el artículo 66 de la Constitución Política del Estado de Durango, reformado mediante Decreto Número 540, publicado en el Periódico Oficial el 29 de agosto de 2013, el cual disminuye a veinticinco el número de diputados que integran el Congreso Local, ya que tiene incidencia en dicha materia.

Violaciones al procedimiento legislativo. Resultan infundados los conceptos de invalidez en los que el Partido Acción Nacional hace valer violaciones al procedimiento de reforma a la Constitución Política del Estado que derivó en la expedición del Decreto Número 540 impugnado, ya que, por una parte, con la publicación de las iniciativas en el órgano informativo oficial del Congreso y en uno de los periódicos de la entidad, se cumplió con la obligación establecida en la Constitución Estatal de hacerlas del conocimiento de la ciudadanía y, por otra parte, sólo se advierte la obligación de votar las reservas particulares registradas, mas no los artículos reservados como tal, pues se entiende que, rechazándose las reservas, los artículos se aprueban en los términos propuestos en el dictamen y, aceptándose las reservas, se aprueban con las modificaciones que se introduzcan por virtud de éstas.

Disminución del número de diputados. Se reconoce la validez del artículo 66, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado, por el que se disminuyó el número de integrantes del Congreso Local de treinta a veinticinco diputados, pues ello no viola lo dispuesto por el artículo 116, fracción II, de la Constitución Federal, ya que se observó el mínimo establecido y la disminución no fue desproporcional respecto del número de habitantes.

Condición social. Análisis sobre si el artículo 69, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Durango, es discriminatorio por ese motivo al establecer como requisito para ser diputado local “saber leer y escribir”, en relación con el derecho a ser votado.

Acción de inconstitucionalidad 27/2013 y sus acumuladas 28/2013 y 29/2013, Durango, Partidos Políticos Acción Nacional y del Trabajo, Procuraduria General de la Republica, Ministro Sergio Armando Valls Hernández
Abril 03, 2014

Acción de inconstitucionalidad 1/2012

Servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Se reconoce la validez del artículo 123 de la Ley de Derechos Humanos de dicha entidad federativa, publicado en el Periódico Oficial local el 5 de diciembre de 2011, pues el Congreso del Estado actuó dentro de su libertad configurativa al establecer que las relaciones de trabajo de aquéllos deben regularse conforme al apartado A del artículo 123 constitucional.

Acción de inconstitucionalidad 1/2012, Hidalgo, Laboral, Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Procuraduria General de la Republica
Noviembre 05, 2013

Acción de inconstitucionalidad 63/2012

Feminicidio. La “Fe de Erratas” publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 7 de diciembre de 2012, con la que se pretende acreditar que el artículo 129, primer párrafo, del Código Penal para el Estado de Baja California, impugnado, dejó de tener efectos, no se hizo con la intención de corregir un error en la publicación que tuviera como fin reivindicar la voluntad del órgano legislativo para que la pena en años propuesta para ese delito fuera la “de prisión”, pues es un hecho que desde el Dictamen Número 20 de la Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa, el texto propuesto del artículo 129 relativo a ese tipo penal, contenía la omisión en el señalamiento de la naturaleza de la pena asignada y, al ser esto así, no se conoce si la voluntad del legislativo era establecer la pena “de prisión” o incluso alguna otra, ya que la fe de erratas no puede llegar al extremo de suplir las decisiones tomadas por el órgano legislativo.

Feminicidio. Análisis sobre si el artículo 129, primer párrafo, del Código Penal para el Estado de Baja California vulnera lo previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que la sanción para ese delito es “de 20 a 50 años”, es decir, sin hacer referencia precisa y exacta a la pena que corresponde.

Acción de inconstitucionalidad 63/2012, Baja California, Penal, Procuraduria General de la Republica, Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo
Noviembre 04, 2013

Acción de inconstitucionalidad 12/2013

Trata de Personas. Se declara la invalidez de los artículos 1°, fracción II, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 de la Ley número 821 para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en la Materia y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial de esa entidad federativa el 21 de marzo de 2013, la cual surtirá efectos retroactivos al veintidós del citado mes y año, pues tratándose de normas generales que emitan las entidades federativas respecto de ese delito, la libertad y soberanía en la configuración normativa de que, con sujeción a la Ley General en la materia, pueden gozar para regular cuestiones relacionadas, no puede abarcar el establecimiento de los tipos penales y sus sanciones.

Acción de inconstitucionalidad 63/2012

Feminicidio. Teniendo en cuenta que el acto reclamado consistió en el artículo 129, primer párrafo, del Código Penal para el Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 19 de octubre de 2012, y que los conceptos de invalidez recaen en la falta de precisión de la naturaleza de la sanción asignada para ese delito, se analiza si la “Fe de Erratas” emitida para corregir la primera publicación tiene o no el alcance de hacer que la norma publicada con la omisión de dicho señalamiento ha dejado de producir sus efectos

Acciones de inconstitucionalidad 12/2013 y 63/2013, Penal, Procuraduria General de la Republica, Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo
Octubre 31, 2013

Acción de inconstitucionalidad 64/2012

Narcomenudeo. La invalidez de los artículos 401, 402, 403, 404 y 405 del Código Penal del Estado de Coahuila, al igual que la de las porciones normativas  a las que se hizo extensiva la declaración de invalidez, surtirá efectos retroactivos al diecinueve de octubre de dos mil doce, fecha en que fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila, una vez que sea notificada al Poder Legislativo del Estado, y la del artículo Tercero Transitorio del Código Penal del Estado de Coahuila surtirá efectos retroactivos a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial estatal, esto es, al diecisiete de mayo de dos mil trece, en el entendido de que los procesos penales iniciados con fundamento en las normas invalidadas se encuentran viciados de origen, por lo que, previa reposición del procedimiento, se deberá aplicar el tipo penal previsto en la Ley General, vigente al momento de la comisión de los hechos delictivos; sin que ello vulnere el principio non bis in ídem.

Acción de inconstitucionalidad 54/2012

Secuestro y trata de personas. Se declara la invalidez del artículo 10 del Código Penal para el Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial de la entidad mediante “decreto 598”, en las porciones normativas que indican: “TRATA DE PERSONAS, previsto en el artículo 161”; “SECUESTRO y SECUESTRO EXPRÉS previstos por los artículos 199 y 199 BIS, respectivamente”; así como “Y SECUESTRO;”, ya que en la citada norma penal el legislador local calificó como delitos graves la trata de personas, el secuestro, el secuestro exprés y la tentativa de secuestro, siendo que dichas materias quedaron reservadas exclusivamente para el Congreso de la Unión mediante las reformas realizadas a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Federal, publicadas el cuatro de mayo de dos mil nueve —secuestro— y el catorce de julio de dos mil once —trata de personas—, respectivamente.

Secuestro y trata de personas. La anterior declaración de invalidez se extiende al artículo 10 del Código Penal para el Estado de Colima, publicado mediante “decreto 619” en el Periódico Oficial de la entidad de veintidós de septiembre de dos mil doce, en las porciones normativas que indican: “TRATA DE PERSONAS, previsto en el artículo 161”; “SECUESTRO, previsto por el artículo 199, respectivamente”; así como “Y SECUESTRO;”.

Secuestro exprés. Se declara la invalidez del artículo 199 Bis del Código Penal para el Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial de la entidad mediante “decreto 598”, ya que en esta norma el legislador local estableció el tipo de ese delito y las sanciones aplicables a quien cometa dicha conducta, invadiendo la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión.

Acciones de inconstitucionalidad 64/2012 y 54/2012, Penal, Procuraduria General de la Republica
Septiembre 19, 2013

Acción de inconstitucionalidad 165/2007

Cuestión política. Se reconoce la validez de los artículos 2, 3, fracciones I, II y VI, y 9 de la Ley Reglamentaria de la Fracción VI del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regula dicha instancia.

Cuestión política. De los antecedentes constitucionales de los artículos 76, fracción VI, 104, fracción VI (desde la reforma de 6 de  junio de 2011) y 105, fracción I, se advierte que ha sido voluntad expresa del Congreso Constituyente, del Poder Reformador de la Constitución Federal así como del Congreso de la Unión, al emitir la Ley Reglamentaria impugnada, que coexista la “controversia constitucional”, con una procedencia y características claramente definidas como un control jurisdiccional cuya competencia se encomienda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la facultad del Senado de la República para conocer de “conflictos políticos” que surjan entre los Poderes de un Estado, con motivo de una desavenencia de carácter fáctico entre éstos, cuya nota esencial radica en que constituye un medio de control de índole político, excluyente y residual.

Cuestión política. La prerrogativa del Senado de la República prevista en el artículo 76, fracción VI, constitucional, le permite conocer de conflictos entre los Poderes de un Estado, derivados de sus atribuciones constitucionales, excluyendo de su competencia cualquier desavenencia que implique desentrañar o fijar el alcance de algún precepto de la Constitución Federal o de las locales del Estado de que se trate, en relación con su esfera constitucional o legal de atribuciones así como sus garantías institucionales, empleando parámetros extrajurídicos, como la oportunidad, conveniencia, practicidad, inmediatez, utilidad, razones económicas, necesidades públicas, entre otros, que no conlleven un análisis técnico-jurídico del referido disenso, el cual se plantea de manera voluntaria entre los Poderes locales disidentes ante dicho órgano legislativo y cuya decisión se reflejará en un Decreto, habida cuenta de que en caso de que surja alguna inconformidad por parte de alguno de los Poderes en conflicto, existe la posibilidad de que dicha decisión sea impugnada a través del medio de control de la constitucionalidad que se estime pertinente, como la controversia constitucional, en cuyo supuesto corresponderá de manera definitiva a este Alto Tribunal determinar, atendiendo a la naturaleza y las particularidades del caso, su procedencia.

Cuestión política. Si uno de los Poderes Públicos de un Estado en conflicto  decide ir a conflicto político y el otro decide acudir a través de la controversia constitucional ante este Alto Tribunal, en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 6  de la Ley Reglamentaria impugnada, y con motivo de la especial posición que guarda esta Suprema Corte en cuanto al control de regularidad constitucional de todos los actos que se celebren o que se lleven a cabo en el Estado mexicano o por las autoridades de dicho Estado, corresponde de manera preferente el conocimiento de este tipo de conflictos a este Alto Tribunal.

Cuestión política. El Senado no podrá conocer de problemas de esferas competenciales, pues ello implicaría un problema de índole constitucional y cuya competencia exclusiva toca a la Suprema Corte, vía controversia constitucional, de ahí que la facultad conferida al Senado será condicionada o por exclusión respecto de todo aquello que no esté comprendido como competencia expresa de este Alto Tribunal.

Cuestión política. Considerando que la controversia constitucional tiene un lugar preferente sobre la cuestión política y que la primera excluye y condiciona la procedencia de la segunda, no toca al Senado definir qué es lo político, sino, en última instancia, a la Suprema Corte, por lo que a manera de aproximación puede señalarse que aquello que no está comprendido en el artículo 105 constitucional será, en principio, político, y que el Senado cuenta con una competencia excluyente, porque la competencia específica de la Suprema Corte excluye a las del Senado, y residual, en la medida en la que el Senado puede conocer de todo aquello que no esté expresamente señalado como competencia específica para este Alto Tribunal.  

Cuestión política. Al tratarse de un medio de control constitucional de índole político, con independencia de que las partes manifiesten expresamente su deseo de acudir ante el Senado para que resuelva el conflicto planteado, si la contienda finalmente consiste en una controversia constitucional, que tiene y debe resolverse jurisdiccionalmente por la Suprema Corte, aunque alguno de los Poderes quiera que lo conozca el Senado, deberá ser competencia de la Suprema Corte pues el Senado no puede conocer de un conflicto que está reservado por la Constitución Federal a este Alto Tribunal; además, una controversia no puede ser de competencia simultánea o concurrente entre la Suprema Corte y el Senado, sino que aquello que conforme a la Constitución sea competencia expresa de esta Suprema Corte excluye la posibilidad de que cualquier otro órgano federal o local se avoque a su conocimiento.

Cuestión política. Si alguna de las partes no queda conforme con la resolución que se da en esta instancia, es posible acudir a la controversia constitucional, máxime que no existe una causa de improcedencia expresa en sede constitucional que así lo impida, en el entendido de que es únicamente la Constitución Federal el instrumento normativo que puede excluir de control constitucional un determinado tipo de acto; en cuyo caso, este Alto Tribunal, atendiendo la naturaleza y las particularidades, podrá determinar su procedencia y conocer de la dicho medio de control, o bien, decidir que al tratarse de una cuestión política no justiciable, no es susceptible de ser del conocimiento de esta Suprema Corte. 

Acción de inconstitucionalidad 165/2007, Ministro Alberto Pérez Dayán, Procuraduria General de la Republica
Septiembre 17, 2013

Acción de inconstitucionalidad 165/2007

Cuestión política. El Congreso de la Unión cuenta con las atribuciones constitucionales expresas y suficientes para desarrollar normativamente la facultad encomendada al Senado de la República en el artículo 76, fracción VI, constitucional, debiendo destacarse que el legislador federal exclusivamente se limitó a cumplir con lo ordenado por el Constituyente, definiendo, explicando y precisando el ejercicio de dicha facultad para conocer de conflictos que susciten entre los Poderes locales, estableciendo, además, un procedimiento específico para que dicha atribución efectivamente pueda llegar a tener aplicación en la práctica.

Cuestión política. Análisis en torno a si los artículos 2, 3, fracciones I, II y VI, así como 9, de la Ley Reglamentaria, irrumpen las atribuciones que la Suprema Corte tiene encomendadas para conocer, vía controversia constitucional, de los conflictos que susciten entre los Poderes de un Estado.  

Acción de inconstitucionalidad 165/2007, Ministro Alberto Pérez Dayán, Procuraduria General de la Republica
Enero 31, 2012

Acción de Inconstitucionalidad 155/2007. Trabajo a favor de la comunidad. Análisis de la constitucionalidad de los artículos 72, fracción V, párrafo primero, y 73, fracción V, de la Ley de Prevención de Adicciones y el Consumo Abusivo de Bebidas Alcohólicas y Tabaco del Estado de Yucatán, que facultan a las autoridades administrativas para imponer a infractores la realización de trabajos en instituciones públicas, educativas, de asistencia social o en instituciones privadas asistenciales, a la luz del principio pro persona.

Trabajo a favor de la comunidad. Si debe imponerse únicamente como sanción penal o puede constituir una sanción administrativa, a partir de la interpretación armónica del artículo 21 constitucional, del Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo y 6º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Trabajo a favor de la comunidad. Su permutabilidad como condición de validez constitucional.

Trabajo a favor de la comunidad. Si se identifica con el “trabajo forzoso”, a que refiere el Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo.

Trabajo a favor de la comunidad. Proporcionalidad de su imposición al padre o tutor que desatienda el programa terapéutico y de rehabilitación, establecido o determinado en favor de sus hijos, pupilos o representados, en relación con el interés superior de éstos.

Trabajo a favor de la comunidad. Los artículos 72, fracción V, párrafo primero, y 73, fracción V, de la Ley de Prevención de Adicciones y el Consumo Abusivo de Bebidas Alcohólicas y Tabaco del Estado de Yucatán, que facultan a las autoridades administrativas para imponer a infractores la realización de trabajos en instituciones públicas, educativas, de asistencia social o en instituciones privadas asistenciales, son inconstitucionales.

 

155/2007, Procuraduria General de la Republica, Yucatán, Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano
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