Municipio de San Pedro Garza García

Mayo 12, 2014

Controversia constitucional 92/2010

Controversia constitucional. Se sobresee respecto de las consecuencias directas e indirectas, mediatas e inmediatas de la norma y omisiones, que se impugnan, ya que constituyen actos futuros e inciertos cuya existencia no se acredita en autos.

Emergencia Policial. El Congreso del Estado de Nuevo León tiene competencia para emitir la Ley relativa, Reglamentaria de la Fracción XVIII del Artículo 85 de la Constitución Política de dicha Entidad Federativa, ya que la Constitución Federal, así como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública facultan a los Estados para emitir leyes en la materia.

Sistema Nacional de Seguridad Pública. La facultad concedida al Congreso de la Unión en la Norma Suprema para emitir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de seguridad pública conforme al numeral 21 constitucional, no tiene como finalidad someter a los Estados a una regulación federal.

Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Congreso de la Unión, dentro del sistema de concurrencia establecido en el numeral 39, penúltimo párrafo, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dejó en libertad a los Estados y a los Municipios de poder coordinarse a fin de dar efectividad a la prestación del servicio de seguridad pública, posibilidad que pueden hacer extensiva a los casos de “fuerza mayor” o “alteración grave del orden público” previstos en la fracción VII del artículo 115 constitucional.

Emergencia Policial. No se actualiza omisión legislativa en la falta de establecimiento en la Ley relativa, de las bases y mecanismos para la celebración del convenio de coordinación, ya que el Congreso del Estado de Nuevo León no está obligado por la Constitución Federal para actuar en el sentido propuesto por el Municipio actor; tampoco existe un  actuar omisivo del Poder Ejecutivo local de celebrar con el municipio convenio de coordinación, cooperación y/o colaboración para la aplicación y ejecución de la propia ley en casos de fuerza mayor o alteración grave del orden público.

Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por disposición expresa de la fracción VII del artículo 115 de la Constitución Federal, los Ejecutivos estatales pueden asumir el mando temporal de los cuerpos policiacos del ámbito municipal, a efecto de hacer frente a una situación excepcional así calificada por ellos, en el entendido que dicha asunción incluye no sólo la transmisión de órdenes y el correlativo deber de acatarlas, sino a toda la infraestructura y operatividad que ello conlleva, y la Ley relativa tiene como finalidad desarrollar los términos bajo los cuales el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León llevará a cabo la referida facultad.

Emergencia Policial. El Artículo Sexto de la Ley relativa faculta única y exclusivamente al titular del Ejecutivo local a emitir la declaratoria de existencia de fuerza mayor o de alteración grave del orden público, atribución a la cual le confiere el carácter de indelegable, de manera tal que, en términos constitucionales y legales, ningún otro servidor público estatal podrá realizarla,  y no implica en modo alguno que por ese hecho dichas instituciones pasen a formar parte del ámbito estatal, sino que conservan su estatus de pertenencia y subordinación originaria al ente municipal y solamente se verán obligados por mandato constitucional expreso a acatar las órdenes que les transmita el Gobernador del Estado única y exclusivamente en los casos extraordinarios previstos en la ley.

Emergencia policial. El Artículo Segundo de la Ley relativa no genera una condición de relación jerárquica entre el Ejecutivo estatal y los cuerpos policiacos municipales en detrimento de una “lealtad institucional”, ya que el ejercicio de la atribución extraordinaria del Ejecutivo estatal no da lugar a una relación orgánica de supra-subordinación entre el Gobernador y la fuerza pública municipal.

Emergencia policial. No corresponde al legislador ordinario señalar en un ordenamiento legal los supuestos taxativos que configuran una causa de fuerza mayor o de alteración grave del orden público que den lugar al ejercicio de esa atribución de índole fundamental, y el hecho que no se contemple en la Ley relativa un catálogo de situaciones que le permitan llevarla a cabo, no la hace inconstitucional; además, la Carta Magna confiere a los Ejecutivos estatales la libertad de apreciación para actuar en los casos que ellos mismos consideren como de fuerza mayor y de alteración grave del orden público, pero siempre sujeta a los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el artículo 16 de la Constitución Federal.

Emergencia Policial. Se reconoce la validez de la Ley relativa, Reglamentaria de la Fracción XVIII del Artículo 85 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, ya que solamente instrumenta la operatividad y formalidad bajo la cual el Ejecutivo del Estado podrá asumir el mando de la policía preventiva municipal y transmitirles órdenes, en aquellos casos que ellos mismos juzguen como de fuerza mayor o alteración grave del orden público, siendo que una de las notas distintivas de esta atribución constitucional de los Ejecutivos locales es que sólo pueden ejercitarla de manera estrictamente temporal, y no puede ser cuantificable en el tiempo al estar supeditada a que la situación de hecho que la origine haya cesado a juicio del titular del Poder Ejecutivo local.

Controversia constitucional 92/2010, Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas
Abril 08, 2014

Controversia constitucional 120/2011

Desarrollo Urbano. Se sobreesee respecto de la omisión que se imputó al Poder Legislativo del Estado de Nuevo León de atender la iniciativa de reformas a la Ley relativa del Estado, presentada por el Presidente Municipal de San Pedro Garza García, máxime que, de manera oficiosa y como hecho notorio, de la información que el Congreso de la entidad pone a disposición en su página web, se advierte la existencia de diversas actuaciones que la propia legislatura llevó a acabo a efecto de atender dicha iniciativa, y de las cuales se constata claramente que el trámite respectivo culminó con la publicación del Decreto 337 en el Periódico Oficial de la entidad el 22 de junio de 2012.

Combate al juego prohibido. Se declara infundado el concepto de invalidez relativo a la omisión imputable al Gobierno del Estado de Nuevo León de ejercer sus facultades y deberes en concordancia con el “Acuerdo de Coordinación en Materia de Juegos y Sorteos para Combatir el Juego Prohibido”, signado el 18 de agosto de 2006, pues de autos se desprende que las autoridades demandadas han llevado a cabo, en primer lugar, acciones tendientes a combatir la problemática del establecimiento de casas de juego, centros de apuestas, casinos y similares, a través de diversas iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo Local, y, en segundo lugar, actuaciones de política pública en materia de atención de adicciones, de información preventiva sobre consecuencias de la práctica de juegos ilegales, así como de sus proyectos en materia de cultura de la paz y ludopatía, por lo que no se actualiza alguna violación al artículo 115 constitucional.

Desarrollo Urbano. Se declara infundado el concepto de invalidez relativo a que la aprobación del Decreto número 246, por el cual se adiciona el artículo 127 Bis y se deroga la fracción III del artículo 127 de la Ley relativa del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial el 4 de noviembre de 2011, viola la autonomía municipal, el principio de razonabilidad y las facultades de zonificación exclusivas del municipio, de acuerdo con la Ley General de Asentamientos Humanos, y a que dicho decreto no comprende los establecimientos que continúan en operación, además de que ha introducido privilegios y ventajas indebidas en una ley privativa.

Contradicción de tesis 145/2013

Incidente de nulidad de notificaciones. En el juicio de amparo directo, corresponde al Presidente del Tribunal Colegiado dictar la resolución respectiva en contra actuaciones realizadas previamente a la emisión de la sentencia, como en contra de la notificación de ésta.

Controversia constitucional 120/2011, Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas
Abril 07, 2014

Controversia constitucional 120/2011

Controversia constitucional. Es oportuna la presentación de la demanda y de su ampliación.

Causales de improcedencia. Las invocadas por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León deben ser desestimadas dado que éstas se encuentran interrelacionadas con los temas de fondo, esto es, la existencia o no de los actos que se le imputan y su participación en las supuestas omisiones.

Desarollo urbano. Estudio del agravio relativo a la inactividad del órgano legislativo para atender la iniciativa de reformas a la Ley relativa del Estado de Nuevo León, presentada por el Presidente Municipal de San Pedro Garza García.

Controversia constitucional 120/2011, Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas
Abril 01, 2014

Controversia constitucional 79/2013

Tribunales de justicia administrativa municipal. Se declara la invalidez del artículo 183, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, dado que prevé que el cargo de Magistrado termina en cualquier momento que se decida nombrar a otra persona, lo que es contrario a la garantía de estabilidad en el cargo y del principio de independencia judicial.

Tribunales de justicia administrativa municipal. Se declara la invalidez del artículo Tercero Transitorio del Decreto 058 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León de 12 de abril de 2013, en la porción normativa que dice: “a efecto de informar el Magistrado designado como responsable de concluir los asuntos en trámite recibidos hasta antes del acuerdo de su extinción”, pues deja en manos de los ayuntamientos la potestad irrestricta de desaparecer dichos tribunales, sin precisar si la decisión requiere de mayoría calificada de los miembros del ayuntamiento o si procede en todo tiempo o si está condicionada a que exista una modificación en la capacidad económica, técnica y humana del municipio o a alguna otra circunstancia, máxime que confiere al ayuntamiento la facultad de designar libremente a un magistrado responsable de concluir los asuntos en trámite, lo que de facto implica la posibilidad de remoción de los magistrados sin causa justificada y, en consecuencia, pone en riesgo la independencia de los órganos en cuestión.

Tribunales de justicia administrativa municipal. Se declara fundada la controversia constitucional, en contra de la omisión legislativa del Congreso del Estado de Nuevo León, consistente en la falta de señalamiento de la autoridad competente para imponer sanciones por responsabilidad administrativa a los magistrados de dichos tribunales y a sus servidores públicos adscritos, la cual deberá subsanarse mediante la emisión de la regulación correspondiente, a más tardar en el siguiente período ordinario de sesiones del Congreso del Estado de Nuevo León que inicia el primero de marzo y termina el primero de junio de dos mil catorce.

Tribunales de justicia administrativa municipal .Se declara infundada la presente controversia constitucional, en contra de la omisión atribuida al Gobierno del Estado de Nuevo León, consistente en el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio del Decreto de reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve en el Diario Oficial de la Federación.

Controversia constitucional 79/2013, Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
Octubre 21, 2013

Controversia constitucional 74/2011

Controversia constitucional. Se sobresee en la presente controversia constitucional respecto de "las consecuencias de hecho como de derecho, directas e indirectas, mediatas e inmediatas” que derivan de actos impugnados, siendo que no es posible analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de actos u omisiones que no se impugnaron específicamente.

Cosa juzgada. Análisis sobre si se actualiza la improcedencia de la controversia constitucional, por operar dicha condición, toda vez que el propio Municipio actor promovió la diversa controversia constitucional 46/2002, resuelta por este Pleno en sesión de diez de marzo de dos mil cinco, en la que supuestamente se reclamó la omisión legislativa que combate en este asunto.

Controversia constitucional 74/2011, Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas
Junio 11, 2012

Controversia constitucional 61/2010

1. Controversia constitucional. Determinar si la omisión impugnada fue estudiada en la diversa controversia constitucional 46/2002, implica un análisis de fondo, por lo que debe desestimarse la causal de improcedencia relativa.

2. Controversia constitucional. El no ejercicio por parte del Municipio actor de su facultad para iniciar leyes no genera su consentimiento respecto de la omisión legislativa alegada.

3. Controversia constitucional. Se sobresee por extemporaneidad respecto de los artículos 47, fracción VII, y 56, fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León y, en consecuencia, respecto de los actos relativos al sostenimiento de la competencia y la intromisión en el ámbito municipal por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Nuevo León, al fundarse en dichos preceptos.

4. Controversia constitucional. Posibilidad de que los artículos 169 y 170 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, configuren una nueva omisión legislativa fundada, en tanto que dichos preceptos, si bien señalan que los ayuntamientos podrán crear los órganos necesarios para dirimir las controversias administrativas suscitadas entre la administración pública municipal y los gobernados, para la integración, funcionamiento y atribuciones de esos órganos se hace la remisión a un inexistente “ordenamiento legal correspondiente”.

 

61/2010, Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, Ministro José Ramón Cossío Díaz
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