Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Agosto 17, 2015

Acción de inconstitucionalidad 101/2014

Pensiones. Se declara la invalidez de los artículos 16, párrafo primero, en la porción normativa que indica “pensionistas”, así como párrafo segundo en la porción normativa   que   señala  “y  pensiones gravables”, 19, y 95, fracción II, en la porción normativa que determina “y pensionistas”, y tercero transitorio de la Ley relativa del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, toda vez que los pensionados o jubilados se encuentran en situaciones distintas a los trabajadores en activo, y la mala situación financiera en que se encuentra el Instituto de Pensiones, así como la finalidad de asegurar la viabilidad económica de dicho Instituto y del cobro futuro de las pensiones no son razones legítimas para limitar o desaparecer la distinción entre jubilados y pensionados.

Pensiones. Se declara la invalidez del artículo 32 de la Ley relativa del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, pues el no estar al corriente con las cuotas de seguridad social no puede ser una limitación para efectuar trámites ante el Instituto de Pensiones, ya que esto restringe el acceso del trabajador y de sus familiares al derecho a la seguridad social, máxime cuando el obligado a efectuar los descuentos y enterar al Instituto dichas cuotas es el patrón.

Acción de inconstitucionalidad 101/2014, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Veracruz, Ministro José Ramón Cossío Díaz
Abril 28, 2015

Acción de inconstitucionalidad 10/2013

Trata de personas. Se declara la invalidez de los artículos 27 y 37 de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar dicho delito en el Estado de Querétaro, la cual surtirá sus efectos una vez que se notifiquen los puntos resolutivos de la sentencia al Congreso de esa entidad, sin perjuicio de que pueda tener efectos retroactivos en casos concretos, en el entendido de que en esos supuestos serán aplicables las disposiciones conducentes de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Acción de inconstitucionalidad 10/2013, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ministro Juan N. Silva Meza, Querétaro
Febrero 10, 2015

Acción de inconstitucionalidad 86/2009

Menores con discapacidad dependientes. La declaración de invalidez del párrafo primero del artículo 147 de la Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California, en la porción normativa que señala “no dependientes”, surtirá efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos del fallo al Congreso de dicho Estado, y sin menoscabo de que éste deberá haber concluido el ajuste a todo el marco legislativo aplicable, a más tardar en el siguiente período ordinario de sesiones.

Acción de inconstitucionalidad 16/2011 y su acumulada 18/2011

Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal. Presentación del proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad en la que se impugnan diversos preceptos de la ley relativa, y aprobación de los considerandos de competencia, oportunidad y legitimación.

Acción de inconstitucionalidad 86/2009, Baja California, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas
Febrero 09, 2015

Acción de inconstitucionalidad 86/2009

Menores con discapacidad dependientes. Se declara la invalidez del párrafo primero del artículo 147 de la Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California, en la porción normativa que señala “no dependientes”.

Menores con discapacidad, no dependientes. Análisis sobre los alcances de la declaración de invalidez del párrafo primero del artículo 147 de la Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California, en la porción normativa que señala “no dependientes”.

Acción de inconstitucionalidad 86/2009, Baja California, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas
Febrero 05, 2015

Acción de inconstitucionalidad 86/2009

Centros de Desarrollo Infantil y Estancias Infantiles Familiares. Se desestima el planteamiento consistente en declarar la invalidez de los artículos 147 BIS 1 y 147 BIS 2 de la Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California, que regulan la autorización sanitaria para su funcionamiento, al no alcanzar una mayoría calificada.

Menores con discapacidad dependientes. Análisis sobre si el artículo 147 párrafo primero, de la Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California, viola el principio de igualdad y no discriminación, al excluir a dicho grupo de personas de la categoría a la que los Centros de Desarrollo Infantil brindan el servicio de cuidado temporal, alimentación y educación inicial.

Acción de inconstitucionalidad 86/2009, Baja California, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas
Febrero 03, 2015

Acción de inconstitucionalidad 86/2009

Centros de Desarrollo Infantil y Estancias Infantiles Familiares. Análisis de los conceptos de invalidez de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relativos a que los artículos 147, 147 Bis y 147 Bis 2 de la Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California, que regulan, básicamente, la expedición de autorizaciones para su funcionamiento, violan los artículos 1°, 4° y 133 de la Constitución Federal, y diversas previsiones contenidas en la Convención sobre los Derechos del Niño y las Convenciones sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, por considerar que mantienen una inadecuada regulación y generan condiciones de discriminación respecto de menores con discapacidad.

Acción de inconstitucionalidad 86/2009, Baja California, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas
Julio 03, 2014

Acción de inconstitucionalidad 21/2013

Restricción de comunicaciones privadas. Se declara la invalidez del artículo 26, párrafo cuarto, de la Ley que Regula la Ejecución de las Sanciones Penales del Estado de Nuevo León, en la porción normativa que indica “deberá restringir las comunicaciones de los imputados o condenados con terceros, salvo el acceso de su defensor. También”, toda vez que esta medida se prevé respecto de delitos diversos a los previstos en el artículo 2º de la Ley de Delincuencia Organizada, en tanto que las entidades tienen vedado legislar en esta materia; además, la medida está prevista de manera genérica y no limitativa para reclusos en centros especiales y, adicionalmente, se impone de forma absoluta, eliminando la posibilidad de valorar la necesidad de su imposición.

Prisión preventiva. Se declara la invalidez del artículo 171, párrafo penúltimo, del Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León, en las porciones normativas que indican “Rebelión en todas sus modalidades; terrorismo; delincuencia organizada y agrupación delictuosa; contra la seguridad de la comunidad, a que se refiere el Artículo 165 Bis”, y “parricidio; privación ilegal de la libertad a que se refiere los artículos 354, 355 y 355 Bis; y robo cometido por métodos violentos, previstos en el Código Penal para el Estado de Nuevo León, además los delitos establecidos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos”, toda vez que esta medida no puede preverse de manera oficiosa ni necesaria, salvo en los casos expresamente autorizados por la Constitución General.

Prueba de ácido desoxirribonucleico. Se declara la invalidez del artículo 275 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nuevo León, dado que en los términos previstos en esta disposición, dicha prueba opera como medida para la identificación de los testigos protegidos, figura que la Constitución Federal no autoriza sino para los casos de delincuencia organizada, además de que incide en el derecho a la dignidad, a la intimidad y a la integridad física, pues de aquélla puede extraerse información genética del individuos, tales como ciertos perfiles o rasgos biológicos que el sujeto no quiera hacer públicos, soslayándose la autodeterminación informativa, siendo una medida que no guarda relación alguna con la finalidad que supuestamente persigue. 

Acción de inconstitucionalidad 21/2013, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Nuevo León, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
Julio 01, 2014

Acción de inconstitucionalidad 21/2013

Delincuencia organizada.  Se desestima la propuesta consistente en extender la declaración de invalidez de la porción normativa respectiva del artículo 171 del Código Procesal Penal de Nuevo León, a las correspondientes porciones de los artículos 3º, fracción IV, 182 Bis 8 y 326 Bis del Código de Procedimientos Penales, 5º de la Ley de Ejecución de Sanciones

Acción de inconstitucionalidad 21/2013, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Nuevo León, Penal, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
Junio 26, 2014

Acción de inconstitucionalidad 21/2013

Delincuencia organizada. Análisis de la propuesta consistente en extender la declaración de invalidez de la porción normativa respectiva del artículo 171 del Código Procesal Penal de Nuevo León, a las correspondientes porciones de los artículos 3º, fracción IV, 182 Bis 8 y 326 Bis del Código de Procedimientos Penales, 5º de la Ley de Ejecución de Sanciones.

Acción de inconstitucionalidad 21/2013, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Nuevo León, Penal, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
Junio 24, 2014

Acción de inconstitucionalidad 21/2013

Secuestro y trata de personas. Se declara la invalidez de las porciones normativas que hacen referencia a Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro y a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, previstas en los artículos 26 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y 171 del Código Procesal Penal, ambos ordenamientos del Estado de Nuevo León, ya que las entidades federativas carecen de competencia para legislar en relación con las medidas de prisión preventiva y de restricción de comunicaciones con terceros, que ya se encuentran previstas en dichas leyes generales.

Acción de inconstitucionalidad 21/2013, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Nuevo León, Penal, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
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