La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad sobre preceptos legales de la legislación civil de una entidad federativa que establecen que las personas mayores de edad con discapacidad intelectual permanente o transitoria, tienen incapacidad natural y legal y deben ser representadas para actuar jurídicamente, así como también están impedidas para contraer matrimonio.
La Corte declaró la invalidez de tales normas por considerarlas contrarias al derecho humano a la igualdad y al modelo social de discapacidad, pues asimilan la discapacidad con la incapacidad jurídica y, consecuentemente, establecen una regla general de incapacidad legal para las personas con diversidad funcional mental, que les niega toda posibilidad de actuar por sí mismas. A consideración de la Corte, lo adecuado hubiera sido reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad con las demás personas, y establecer las salvaguardias necesarias para su ejercicio y ajustes razonables.
