La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, demandó la invalidez de diversas disposiciones del Código Civil del mencionado Estado que establecían la suspensión y la pérdida de la patria potestad como consecuencia de la alienación parental.
La Corte primeramente reiteró su línea jurisprudencial en el sentido de que los Congresos de las Entidades Federativas se encuentran en aptitud de normar lo relativo a la figura de la alienación parental y validó la definición jurídica del concepto contenido en la norma; sin embargo, declaró la invalidez de las disposiciones que establecen como consecuencia en forma irrestricta la suspensión y pérdida de la patria potestad, al considerarse desproporcionado que esas normas no permitan al juzgador realizar una ponderación de todos los elementos y circunstancias que inciden en el caso para, conforme al interés superior de la niñez, determinar si es viable adoptar otras medidas distintas que resulten idóneas para proteger con equilibrio tales derechos
