Reconocimiento Memoria del Mundo Nacional

Conjunto de expedientes relativos a diversos e ilustrativos asuntos y procesos judiciales tramitados ante el Máximo Tribunal, preservados en su archivo histórico, y que corresponden a uno de los periodos de transición más importantes de la historia nacional, del Porfiriato hasta la Post Revolución (1898- 1928) cuyo eje rector son la Constitución de 1857 y más adelante su reforma de 1917, por lo que en sus resoluciones se pone de manifiesto la compatibilidad o no de los actos de las autoridades en relación con los mandatos constitucionales, así como el respeto a los derechos de las personas; signos todos ellos de la dinámica y evolución de la cultura jurídica mexicana.

Este patrimonio documental ofrece una visión sobre el desarrollo económico, social y cultural, y refleja también las políticas de los regímenes que se sucedieron durante esos años, en los cuales se sentaron criterios importantes para la definición de las instituciones que se construyeron como consecuencia de la propia modificación al marco normativo del Estado mexicano.

A través de este acervo es posible complementar el estudio de la historia del país y acercarse a los personajes que pusieron en marcha acciones que en su momento impactaron diversos ámbitos de la vida; entre ellos pueden citarse a los hermanos Ricardo, Enrique y Jesús Flores Magón, Filomeno Mata, Francisco I. Madero, Victoriano Huerta y Aquiles Serdán.

El acervo documental del periodo de 1898 a 1928 bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se integra por más de 137,000 expedientes. La muestra que se postula está conformada por 126 expedientes seleccionados en razón de su valor testimonial y evidencial sobre la impartición de la justicia federal en ese periodo y como referente para complementar el estudio de la historia nacional.

Esta muestra documental comprende de 1898 por la entrada en vigor del Código de Procedimientos Federales, que marca el inicio de la Cuarta Época del Semanario Judicial de la Federación, y hasta 1928 en razón de la reforma constitucional que modificó la estructura y funciones de la Suprema Corte de Justicia.

Dichos expedientes se encuentran catalogados bajo criterios archivísticos y jurídicos en un sistema de consulta que permite acceder a sus datos e imágenes.

Este patrimonio documental da testimonio de los profundos cambios experimentados por la sociedad mexicana y en el ámbito de la administración de justicia, desde finales del Porfiriato hasta después de la Revolución (1898-1928); etapas históricas en que el desarrollo económico, social y cultural reflejaron las políticas de los regímenes que se sucedieron durante esos años.

Específicamente, da cuenta de los procesos judiciales tramitados ante la Suprema Corte de Justicia, a través de la aplicación de la normativa vigente en ese entonces, destacando la transición entre la Constitución de 1857 y la reforma que generó la de 1917, así como la entrada en vigor del Código de Procedimientos Federales de 1897, que a partir del año siguiente dio origen a la Cuarta Época del Semanario Judicial de la Federación, aplicable hasta el cierre de la Corte en 1914; es decir, las sentencias dictadas por el Máximo Tribunal de nuestro país ponen de manifiesto la compatibilidad o no de los actos de las autoridades en relación con los mandatos constitucionales, esto es, el respeto o la violación a los derechos de las personas; signos todos ellos de la evolución de la cultura jurídica en México.

Asimismo, dichas resoluciones fueron trascendentales en la construcción del sistema jurídico derivado de la reforma constitucional de 1917, pues sentaron criterios importantes para la definición de las instituciones que se construyeron como consecuencia de la propia modificación a nuestro marco normativo.

El periodo del patrimonio documental cuyo registro se propone culmina en una etapa importante del funcionamiento del Alto Tribunal, toda vez que con la reforma constitucional de 20 de agosto de 1928, se aumenta a dieciséis el número de Ministros y se crean tres Salas especializadas a fin de resolver el incremento del número de asuntos y contribuir a una expedita impartición de justicia.