Redes sociales y libertad de expresión
por Alejandra Martínez Verástegui
Internet ha transformado radicalmente la forma en la que nos informamos y nos comunicamos. Las redes sociales son una de las herramientas que Internet ha puesto a nuestra disposición para acceder y difundir información fácil y rápidamente. Actualmente, muchos funcionarios públicos de distintas partes del mundo utilizan estas plataformas para dar a conocer sus opiniones y sus decisiones, lo que ha supuesto retos importantes a los que el derecho ha tenido que hacer frente.
Twitter se ha convertido en un protagonista trascendente en la administración de Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos despide a ministros, amenaza a países con movilizar a sus tropas y comunica decisiones trascendentes a través de esta red social. El republicano, que supera los 60 millones de seguidores, suele bloquear a sus críticos Aunque la Suprema Corte no se ha pronunciado sobre el tema, sí lo ha hecho la justicia federal. Un tribunal federal de apelaciones con sede en Nueva York resolvió que estos bloqueos del presidente violan la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda.
Previo a este pronunciamiento, el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York decidió que bloquear a una persona con base en sus opiniones políticas supone una forma de discriminación y el Segundo Tribunal de Apelaciones del Circuito en Manhattan interpretó que la Constitución no permite que un funcionario público que utiliza una cuenta de redes sociales para propósitos oficiales excluya a las personas de un diálogo porque expresan opiniones contrarias a las del funcionario.
En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció recientemente sobre un caso en el que el Fiscal General de Veracruz bloqueó en twitter un periodista, después de que éste publicó información sobre fosas clandestinas en Veracruz. En este asunto, la Corte reconoció que las redes sociales se han convertido en espacios de discusión pública cuando los funcionarios las utilizan para compartir información sobre su gestión gubernamental. En estos casos, los servidores públicos no pueden bloquear o negar el acceso a sus redes sociales, sin causa justificada, porque esto atenta contra los derechos de libertad de expresión y de acceso a la información de la ciudadanía.
A través de estas interpretaciones, los jueces de distintos países están dejando claro que los derechos de expresión e información deben protegerse en los espacios digitales, ya que esto es fundamental para el debate de asuntos de interés público en una democracia.