Nota

Impeachment: sobre obstáculos e indefiniciones

 

por Carlos De la Rosa Xochitiotzi
 

A un año de las elecciones presidenciales un nuevo escándalo ha sacudido a Washington y ha detonado interesantes discusiones legales y políticas. La noticia de una llamada entre el Presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky ha derivado en el inicio del procedimiento denominado como impeachment. La llamada realizada en julio de este año, cuya transcripción ya ha sido revelada, consistió en una conversación sugerente entre el Presidente Trump y el Presidente Zelensky. Después de enfatizar el apoyo económico que Ucrania recibe de Estados Unidos, el Presidente Trump solicitó que el gobierno ucraniano reanude investigaciones vinculadas con Joe Biden, precandidato demócrata, y su hijo[1]

La Constitución estadounidense contempla la figura del impeachment o juicio político por medio de la cual es posible la remoción del Presidente en funciones por parte del Congreso. Para ello una mayoría de los Senadores deben considerar que el titular del ejecutivo cometió “traición, soborno u otros crímenes y delitos graves”[2]. En los más de dos siglos de democracia estadounidense, solo dos Presientes fueron sometidos a juicio político (Andrew Johnson y Bill Clinton) y ningún fue destituido[3]. No obstante, no es una figura extraña en el ámbito internacional; desde el 2000, han ocurrido juicios políticos en países como Corea del Sur, Brasil, Ucrania, Paraguay y Perú, entre otros.

Si las investigaciones prosperan seremos testigos de uno de los mecanismos más poderosos para garantizar contrapesos en el sistema político estadounidense; una figura adoptada del Parlamento Británico cuyo fin consistía en controlar el poder monárquico y garantizar la supremacía parlamentaria. Este proceso podría llegar a involucrar a representantes de los tres poderes si llega hasta sus últimas instancias[4]. En primer lugar, la Cámara de Representantes deberá votar la procedencia del juicio político si considera que hay suficientes elementos. Esto parece probable dado que los demócratas son mayoría. En dado caso, el proceso continuaría en el Senado donde se llevaría a cabo un juicio, presidido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, cuyo veredicto sería decidido por los miembros de la cámara alta. Se requiere la votación de dos tercios de los miembros presentes del Senado para destituir al Presidente.

Estamos ante el inicio de un proceso que plantea complejas preguntas para el derecho y el diseño constitucional. En primer lugar, las definiciones del procedimiento destinado a la protección del orden constitucional y democrático son lo suficientemente ambiguas como para generar un amplio debate en torno a sus alcances[5]. ¿La conducta del Presidente Trump puede ser encuadrada en el concepto de “crímenes y delitos graves”? ¿Son suficientes los datos relevados por la conversación para eventualmente destituir a Trump o es necesaria la mención explícita de un intercambio de favores? Como éstas, hay preguntas abiertas relativas al procedimiento; por ejemplo, si es necesario que el pleno de la Cámara de Representantes turne el asunto al Comité de Asuntos Judiciales para iniciar las investigaciones. El Comité ha anunciado que ya inició investigaciones, mientras el Departamento de Justicia ha argumentado que es necesaria la resolución de la Cámara para el inicio formal del proceso. Pero incluso si la Cámara de Representantes decide proceder, ¿Qué ocurriría si el Senado –de mayoría republicana- se niega a continuar el procedimiento o si lo desecha sin votación? El impeachment evidencia con claridad la intersección entre el derecho y la política, ya que muchas de las respuestas a las preguntas planteadas serán definidas por los balances de poder existentes en el Congreso. 

En segundo lugar, el affaire Trump-Zelensky ha puesto a prueba los mecanismos de denuncia institucionales del gobierno estadounidense. El Congreso solo conoció del testimonio de un funcionario anónimo después de que varias instancias gubernamentales intentaran deliberadamente evitarlo. Tanto funcionarios de la Casa Blanca, quienes pretendieron ocultar los registros de la llamada, como el Dirección de la Agencia Nacional de Inteligencia, quién omitió informar al Congreso casi por un mes, y el Departamento de Justicia, que resolvió que la denuncia no era viable, han sido señalados por obstruir el proceso. Los incidentes descritos obligan a revisar los procedimientos de denuncia vigentes.  El diseño institucional –pensado para reportar a mandos medios- no contempló que la denuncia fuera dirigida al mismo titular del Ejecutivo y por lo tanto hizo posible que Director de la Agencia –designado recientemente por el Presidente- consultara y alertara a la Casa Blanca y el Departamento de Justicia sobre la denuncia[6]. Una vez que el informante conoció que la Casa Blanca estaba alertada, decidió iniciar otro proceso de denuncia que derivó en el conocimiento del caso por parte del Congreso. Es decir, de haberse mantenido con la denuncia inicial y sin la vinculación del legislativo, seguramente el Presidente Trump no se encontraría frente al escenario actual.

De acuerdo con los especialistas es poco probable que el Presidente sea removido. Al menos a partir de la evidencia disponible hasta el momento y, principalmente, por la mayoría republicana en el Senado. Aunque hay razones para imaginar que en los siguientes días surgirá más información como resultado de las entrevistas e investigaciones realizadas por el Congreso. No obstante, los efectos en términos político-electorales no serán menores. Queda por definir si el proceso de destitución tendrá efectos negativos en la imagen de Trump de cara a las elecciones del siguiente año o si bien resultará contraproducente para la causa demócrata al fortalecer la base republicana. No obstante, más allá del desenlace del affaire Trump-Zelensky, como bien señaló Moyn, el impeachment no será la solución para la actual crisis del sistema político estadounidense[7]. Ya sea por la vía del impeachment o por su eventual relevo presidencia, el reto para las élites políticas de aquel país será ofrecer alternativas creíbles y viables para la era post-Trump. Es decir, atender precisamente la frustración y descontento social que Donald Trump usó hábilmente para justificar su llegada al poder. 


[1] Desde el primer conocimiento de la conversación, ha surgido más evidencia (mensajes de texto) que sugieren un quid pro quo entre los mandatarios. Ver Fandos, N., Barnes, J. & Baker, P. (2019) Texts from top diplomat described “crazy” plan to keep aid from Ukraine, New York Times. Disponible en: https://www.nytimes.com/2019/10/03/us/politics/kurt-volker-impeachment.html

[2] Ver Savage, C. (2019) How the impeachment process Works, New York Times. Disponible en:  https://www.nytimes.com/2019/09/24/us/politics/impeachment-trump-explained.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage

[3] Aunque se iniciaron los procedimientos, Richard Nixon renunció antes de que pudiera ser sometido a juicio.

[4] Ver Savage, C. (2019) How the impeachment process Works, New York Times. Disponible en:  https://www.nytimes.com/2019/09/24/us/politics/impeachment-trump-explained.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage

[5] Ver Politico Magazine (2019) Did Trum just impeach himself? Disponible en:   https://www.politico.com/magazine/story/2019/09/25/trump-impeachment-democrats-228269

[6] Ver Shear, M. (2019) White House tried to “lock down” Ukraine call records whistle blower says, New York Times, Disponible en: https://www.nytimes.com/2019/09/26/us/politics/whistleblower-complaint-released.html

[7] Ver Moyn, S. (2019) Impeachment isn’t the answer to America’s political crisis, The Guardian. Disponible en:  https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/sep/26/impeachment-america-political-crisis-donald-trump-centrists

 

 

Noviembre 2019