por Carlos De la Rosa Xochitiotzi
A finales del año pasado, la Suprema Corte de Estados Unidos escuchó los argumentos del caso R.G & G.R. Harris Funeral Homes Inc. vs. Equal Employment Opportunity Commission,[i] junto con otros dos asuntos de discriminación contra personas homosexuales, los casos Bostock vs. Clayton y Atltitude Express Inc. vs. Zarda. El primero de ellos resalta por su trascendencia para la comunidad transexual en Estados Unidos. La decisión pendiente en el caso R.G & G.R. Harris Funeral Homes Inc. v. EEOC determinará si la prohibición de discriminación en contra de personas trans está cubierta por el Título VII del Civil Rights Act de 1964.
Los hechos del caso que espera ser resuelto por la Corte se refieren a Aimee Stephens quién trabajó durante seis años en la dirección de la funeraria R.G. & G.R. Harris Funderal Homes Inc. Su despido se produjo poco después de informar al dueño de la funeraria la intención de iniciar un proceso de transición de género.[ii] Stephens presentó una queja ante la Comisión de Igualdad de Oportunidad en el Empleo (EEOC por sus siglas en inglés) alegando que la decisión de su jefe había sido injustificada y discriminatoria. La Comisión demandó a la funeraria argumentando que la destitución violaba el Título VII del Civil Rights Act, al ser ésta resultado del anuncio de Stephens respecto de su intención de transitar de género y su negativa a conformarse con los estereotipos sociales.
La decisión del Sexto Circuito que conoció el caso había establecido previamente que el Título VII efectivamente protege a las personas trans contra actos discriminatorios.[iii] Por su parte, el texto del Título VI establece la discriminación en razón de la raza, religión, origen nacional y sexo. Si bien han existido solicitudes para que el Congreso reforme el Título VII para incluir de forma explícita a las personas trans y la orientación sexual, la reticencia a abordar el tema desde el poder legislativo estadounidense ha propiciado la ambigüedad actual. En este contexto, la pregunta que tiene ante sí la Corte consiste en definir la amplitud del término “sexo”, para confirmar o desmentir si el concepto incluye la orientación sexual y protege a las personas trans y, por lo tanto, prohíbe también cualquier acto de discriminación contra empleados trans.[iv]
El caso del cual conoció la Suprema Corte estadounidense por vía de una solicitud de certiorari y que se espera se resuelva en este año 2020, ha sido objeto de múltiples análisis debido a los alcances de la eventual decisión de la Corte y porque su discusión ha revelado una serie de interesantes dinámicas políticas e ideológicas subyacentes al interior del máximo tribunal. En primer lugar, la decisión de la Corte tendrá implicaciones directas y concretas para millones de personas de la comunidad LGBTQ que en muchas regiones del país vecino carecen de protecciones legales similares a las de otros grupos minoritarios. Esto porque el caso establecerá un importante precedente respecto de casos futuros de discriminación en relación con acceso a vivienda, salud y educación. Al respecto, activistas de los derechos LGBTQ han mostrado preocupación ante un aparente desconocimiento del tema por parte de la Corte, así como por la falta de reconocimiento del tribunal de los logros de la comunidad en las últimas décadas.
En segundo lugar, el desarrollo del caso se ha acompañado de un rico debate en torno a los distintos modos de interpretación de la ley y su vigencia en el siglo XXI. En específico ha reavivado la vieja confrontación entre quienes ven en la ley el reflejo de los tiempos y entre quienes defienden una aproximación textualista y originalista en la interpretación de las normas legales. Los grupos conservadores –adscritos en su mayoría a las interpretaciones textualistas– han insistido en que la palabra “sexo”, incluida en el Título VII en 1964, no abarcaba las nociones de orientación sexual o género como las entendemos en nuestros tiempos. De acuerdo con la posición conservadora, si la Corte determina que el Título VII prohíbe la discriminación contra personas trans sería una “golpe” a la división de poderes y una invasión de competencias ya que la Corte estaría “reescribiendo” la ley.[v][vi]
Los recientes cambios en la composición de la Suprema Corte estadounidense no dan certezas sobre el sentido de la eventual decisión. El retiro del juez Anthony M. Kennedy en 2018 y la incorporación de los jueces Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, nominados por el presidente Trump, ha dado una mayoría clara al ala conservadora del tribunal. No obstante, de acuerdo con el desarrollo de los argumentos orales de octubre de 2019, la posición del juez Neil Gorsuch es incierta. Los intercambios de éste durante la audiencia con los abogados del caso sugieren que su decisión no está tomada y que podría votar en el sentido de los jueces liberales. Lo cierto es que los nueves jueces de la Corte estadounidense tienen ante sí una enorme responsabilidad en términos de lo que significa la igualdad ante la ley y la defensa de los derechos de las personas. Habrá que estar al pendiente de esta decisión que, además de confirmar si la comunidad trans se encuentra protegida por la ley federal, será piedra de toque para evaluar el rumbo de la Suprema Corte a partir de su nueva composición ideológica.
[i] Puede consultarse el certiorari en: http://bit.ly/2Qt0TlN
[ii] K. Burns (2019, 7 de octubre) “The Supreme Court is Finally taking on trans rights. Here`s the Woman who Started it all”, Vox. Disponible en: http://bit.ly/2UmpBW0
[iii] La decisión del Sexto Circuito se basó en el caso Price Waterhouse vs. Hopkins, el cual estableció que los empleadores no pueden discriminar a sus empleados por no conformarse a los estereotipos de género.
[iv] Oyez, “R.G. & G.R. Harris Funeral Homes Inc. v. Equal Employment Opportunity Commission”, Doc. 18-107. Disponible en: www.oyez.org/cases/2019/18-107
[v] A. Chen (2019, 18 de octubre), “The Supreme Court Doesn’t Undestand Transgender People”, Slate. Disponible en: http://bit.ly/2U4NxP3
[vi] H. Hewitt (2019, 19 de octubre), “The People know what laws mean. The Supreme Court Shouldn’t try to rewrite them”, The Washington Post. Disponible en: https://wapo.st/2WwFA6u