Medidas cautelares y provisionales en el sistema penal acusatorio

En este cuaderno de jurisprudencia se sistematizan los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto sobre las medidas cautelares y provisionales establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En específico, las medidas cautelares tienen por objetivo i) asegurar la presencia de la persona acusada en el procedimiento, ii) garantizar la seguridad de la víctima o del testigo o iii) evitar la obstaculización del procedimiento.

En atención a que se trata de medidas que restringen de forma temporal los derechos de las personas que se encuentran sujetas a un proceso penal, estas herramientas sólo pueden ser aplicadas en etapas específicas establecidas en la ley, es decir, una vez que se haya formulado la imputación o dictado el auto de vinculación a proceso. Además, la persona juzgadora de control —quien es la autoridad facultada para imponerlas— siempre debe cuidar que se cumpla con los principios de proporcionalidad, idoneidad y mínima intervención, que deben estar justificados en la resolución de cada caso.

Por otra parte, las medidas provisionales pueden dictarse en cualquier estado del procedimiento, a solicitud de la víctima u ofendido para la restitución de sus bienes, objetos, instrumentos o productos del delito, o la reposición o restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho delictivo. De esta manera, se logra conciliar no solamente los derechos de las víctimas, sino también los de las personas acusadas de cometer un delito, al establecer un estándar reforzado para la imposición de ambas clases de medidas.

Los criterios contenidos en el cuaderno abarcan las decisiones de la Suprema Corte que confirman la constitucionalidad de las medidas cautelares y provisionales, los requisitos de procedencia, los recursos que pueden presentarse en su contra, así como las posibles modificaciones que pueden concederse después de ser impuestas por las autoridades judiciales.