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El problema de la normalización de la violencia y la delincuencia en la infancia, su repercusión en los derechos humanos

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Los casos de delincuencia y de violencia, locales, nacionales e internacionales, representan fenómenos sociales que afectan el bienestar y la seguridad social, por lo que el incremento y a la reiteración con la que se cometen actos delictivos, sumado a la indiferencia, deriva en una sensación sobre un futuro desalentador.

Por lo anterior, se ha llegado a normalizar la situación actual de violencia, al grado de convertirse en un desafío cada vez más difícil de combatir, porque no sólo basta con desentrañar y entender las diferentes causas o factores que la generan, sino, además, se necesitan acciones que se ocupen de restaurar el daño causado a quienes sufren esos actos, ya sea de manera directa o indirecta, pues, en la mayoría de los casos, sólo se “cumple” con imponer una sanción, sin atender el problema de fondo.

Si bien la delincuencia afecta a toda la sociedad en general, la afectación impacta de manera diferente a las personas, pues depende en demasía de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentren. Ejemplo de ello son las niñas, niños y adolescentes (NNA) a quienes los grupos criminales ven como blanco fácil para que realicen actos delictivos y así obtengan diversos beneficios, dada su condición o estado indefenso en el que se encuentran.

En México, de acuerdo con el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde 2015 al 2022, se registró que 33,221 menores de edad fueron víctimas de delitos como corrupción de menores, extorsión, feminicidio, homicidio culposo y doloso, lesiones culposas y dolosas, delitos que atentan contra la vida, libertad personal, e integridad corporal, rapto, secuestro, tráfico y trata de menores (SESNSP, 2023), cifra alarmante que refleja esta gran problemática.

La utilización y desechamiento de NNA por redes delictivas, representa un problema severo que, sin duda, merece todos los reflectores, ello con la finalidad de que la sociedad y el Estado en sí mismo se detenga a analizar la violación grave de derechos humanos que se comete en contra de dicho grupo, no sólo por ser víctimas de la delincuencia y del rechazo de la propia sociedad, sino también de los estragos del sistema de “justicia” que los señala como culpables, y muchas veces no logra su finalidad: la reinserción social.

Para explicar esa problemática, es importante primero señalar los derechos humanos que se ven violados: derecho a la integridad personal; a una vida libre de violencia, que puede llegar a ser física, psicoemocional, sexual, en el ámbito familiar, escolar y social; derecho de familia, así como a la libertad personal de circulación y residencia; derecho a un sano desarrollo y crecimiento; de salud y educación, pero sobre todo al derecho a la vida, el cual en la mayoría de los casos se ve brutalmente dañado.

También es importante conocer que los factores que influyen en este tipo de problema e impiden a NNA gozar plenamente de sus derechos van desde el ámbito familiar, escolar y social hasta otros factores como la condición individual que caracteriza a cada menor: su edad, género, relaciones sociales, por mencionar algunos, esto de acuerdo con el artículo “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos. Acercamientos a un problema complejo”, realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.

En tal contexto, de conformidad con los artículos 1° y 4° Constitucional, en estricta observancia a tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros, al ser obligación del Estado asegurar el ejercicio y goce efectivo de los derechos humanos de las y los menores de edad, atendiendo al interés superior de la niñez indicado en el artículo 4° constitucional, se debe observar urgentemente la situación de normalización de ese tipo de violencia, con la finalidad de crear iniciativas y acciones que procuren la defensa de esos derechos.


Jessica Michelle Cuautle Patle es abogada por la Universidad Iberoamericana de Puebla, comprometida con la justicia social y la defensa de los derechos humanos.

 

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