La crisis del COVID-19 ha llegado para quedarse. Al momento de redactar este artículo hay más de 3 millones de casos positivos de COVID-19 y más de 200 mil personas que han fallecido por este virus en el mundo. Estamos frente a algo histórico. Se dice que las consecuencias sociales, pero sobre todo económicas, son algo apenas equiparable con lo que ocurrió en México en 1932 (después de la Gran Depresión). Es decir, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevén una contracción económica del 3% mundial. Lo que implicaría, para México, una caída del PIB del 6%. Lo que presenciaremos en nuestro país en materia económica probablemente será peor que la caída en 2009 por la crisis financiera de Estados Unidos (-5.3%). A pesar de esto, los expertos señalan que el impacto económico de esta crisis dependerá en cada país, conforme a las medidas que tome cada gobierno para enfrentar la crisis.

Algunos ejemplos de estas medidas los podemos encontrar en Alemania, país que acordó inyectar 750,000 millones de euros en préstamos, seguros de desempleo, incluso en adquisición estatal de acciones de empresas privadas que tengan problemas de liquidez y solvencia para evitar la quiebra y despidos. Además, Estados Unidos aprobó un paquete de 2 billones de dólares (two trillions) que equivale casi al 12% de su PIB para apoyar a su sector salud, a personas que se queden sin empleo a través de cheques, empresarios con falta de liquidez, así como estímulos fiscales y de seguridad social para no quebrar. En México también el Gobierno Federal ha anunciado que para enfrentar la crisis económica derivada por el COVID-19 apoyará con 3 millones de créditos a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que enfrenten problemas de liquidez, al sector informal con créditos a la palabra, se adelantarán las transferencias directas a adultos mayores, personas con discapacidad, becas para niñas y niños, etc. Suena a un primer paso, pero ¿a través de qué canales llegarán estos recursos?, ¿el pago será en efectivo?, ¿todos tendrán acceso a estos apoyos? A raíz de esta pregunta, me surgió la inquietud de hablar sobre la situación de inclusión financiera en México en tiempos de COVID-19.

Conforme al último Reporte Nacional de Inclusión Financiera de 2018, el 56% de la población en México no tiene una cuenta formal de ahorro, ya sea porque no tienen los ingresos suficientes, no cumplen los requisitos financieros o tienen una falta de interés y confianza en las instituciones financieras. Por otro lado, el 68% de las y los mexicanos adultos no tienen acceso a educación financiera, por lo que no tienen los conocimientos suficientes para entender cómo los productos financieros básicos como el ahorro, el crédito y/o el ahorro para el retiro pueden mejorar su calidad de vida. Lo anterior genera un problema de gran escala porque más de la mitad de la población en México está excluida del sistema financiero y, por ende, se dificultará el apoyo por parte del Gobierno Federal para sortear la crisis económica.

Por lo cual, para explicar la importancia de la inclusión financiera, señalaré brevemente: i) en qué consiste el sistema financiero mexicano, ii) cuál es el papel del Estado mexicano como interventor en la economía y, por último, iii) cuál es la importancia de la inclusión financiera, sobre todo, en tiempos de COVID-19.

Un sistema financiero es un conjunto de sujetos, intermediarios y autoridades que, bajo un marco jurídico específico, se ocupan de la actividad de intermediación financiera y sus servicios complementarios. Es decir, de manera general, hay una captación de recursos por parte de los bancos autorizados por el Estado que pueden recibir dinero por parte del público, ya sea como ahorradores o inversionistas, porque tienen algún excedente de recursos y no requieren utilizarlo en ese instante. Por el otro lado, hay personas físicas o morales (empresas) que necesitan dichos recursos, ya sea para invertirlos en algún proyecto personal, empresarial o solventar alguna contingencia y que pueden obtenerlos a través de operaciones de crédito celebradas con los bancos (Rubio Márquez, 2017, p. 16).  En síntesis: por medio estas operaciones financieras se impulsa el desarrollo y crecimiento económico del país.

Estas operaciones necesitan de la intervención del Estado mexicano a través de la creación de leyes, disposiciones secundarias y, sobre todo, de la generación de políticas públicas que promuevan el desarrollo y crecimiento económico; la estabilidad del sistema financiero y la protección de los usuarios.[1] El doctor José Roldán Xopa señala que, si bien esta “Constitución Económica” incorporó, desde el final de la década de 1980 valores del mercado, como la competencia económica, la privatización y regulación especializada de ciertos sectores por órganos reguladores, no se puede soslayar la narrativa de derechos humanos que se incorporó a la Constitución mexicana (CPEUM) en virtud de la reforma de 2011 y, sobre todo, que su garantía y protección sea real y efectiva (Roldán Xopa, 2018, p. 26).

Debemos recordar que, en 2013, a través de las “Reformas estructurales (Telecomunicaciones, Financiera y otras)” fueron constitucionalizados nuevos derechos humanos, como el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, a la radiodifusión y las telecomunicaciones, banda ancha e internet, así como cambios normativos al sistema financiero para aumentar y mejorar la inclusión financiera de las y los mexicanos. Por lo que la intervención del Estado mexicano en la economía debe ser “apreciada y asumida por los distintos operadores jurídicos como una narrativa de inevitable relación con los discursos de derechos humanos, la competitividad y el desarrollo a la luz del nuevo paradigma constitucional (Roldán Xopa, 2018, p. 35).

De aquí, surge la importancia de la inclusión financiera que es considerada por el BM como un factor determinante en la consecución de una vida digna; asimismo, es probable que las personas usen los servicios financieros como créditos y seguros para iniciar y ampliar negocios, invertir en educación o salud, gestionar riesgos y sortear crisis financieras que pueden resultar en mejorar su calidad general de vida sobre todo, como la crisis que vivimos hoy en día (Banco Mundial, 2018). En este sentido, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) define la inclusión financiera como el “acceso que las personas puedan tener al sistema financiero formal, así como al uso adecuado de productos y servicios financieros como lo es el ahorro, el crédito, los seguros y las cuentas de ahorro para el retiro, entre otros” (Consejo Nacional de Inclusión Financiera, 2018, p. 22). Desafortunadamente, en general, las cifras sobre inclusión financiera no son positivas para los hombres e incluso suelen ser más graves para las mujeres. Según el BM tienen menor acceso a las instituciones financieras, mecanismos de ahorro formales y, sobre todo, al crédito (World Bank Group, 2017).

Por lo que la CNBV señala que para que pueda garantizarse la inclusión financiera es imprescindible que el Estado, a través de la regulación del sistema financiero propicié un mayor acceso y uso de servicios financieros a través de su intervención para garantizar que los proveedores de servicios brinden un trato justo y un servicio de calidad a sus usuarios, así como crearse programas de educación financiera que faciliten los conocimientos necesarios para que las y los mexicanos tomen decisiones informadas y conscientes de sus recursos financieros (World Bank Group, 2017). Por otro lado, Ankit Sharma, menciona que la inclusión financiera tiene dos aspectos centrales: “uno es proporcionar acceso a servicios financieros y el otro es promover la participación de los usuarios en esos servicios”. Es decir, de nada sirve que una persona pueda tener una cuenta bancaria ya que, si no la usa, no es inclusión financiera (Ankit Sharma, 2019).

Bajo este contexto de baja inclusión financiera, los teléfonos móviles, así como otras tecnologías de la información y comunicación (TIC) se han convertido en un método alternativo para propiciar el uso de los servicios bancarios; sin embargo, existe una gran desconfianza y resistencia en las zonas rurales del país para llevar a cabo este tipo de operaciones a través de los dispositivos móviles. Además, hay una falta de acceso a servicios básicos para operar estos dispositivos como la electricidad y/o la penetración deficiente de internet que son un gran obstáculo para la conectividad de los potenciales usuarios de servicios financieros que operan a través de las TIC (FinTech), lo que dificulta inexorablemente la adopción de servicios financieros a través de la banca móvil.

No obstante, la expansión de las TIC ha crecido de manera considerable en nuestro país ya que el uso de dispositivos móviles y usuarios de internet ha aumentado debido a la Reforma en Telecomunicaciones (INEGI, 2019). Además, en virtud del abaratamiento de los teléfonos inteligentes (smart phones), 8 de cada 10 mexicanos se conectaron a internet a través de estos. Sin embargo, la conectividad es mucho mayor en zonas urbanas que en zonas rurales. Es por esto, que si se establece una política pública que promueva el uso y acceso de las TIC a través de infraestructura y educación digital, puede coadyuvar de manera transversal al acceso de servicios financieros básicos, sobre todo, en tiempos donde el aislamiento social es imprescindible para detener la propagación del COVID-19.

No obstante, también el panorama para las mipymes en términos de inclusión financiera no es alentador. En México existen aproximadamente 4.1 millones que aportan el 42% del PIB y generan el 78% del empleo formal. Es decir, dan trabajo a casi 8 de cada 10 personas en nuestro país. Sin embargo, los resultados de la última Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las mipymes 2018, señala que muy pocas logran tener acceso al crédito ya que casi sólo 1 de cada 10 de las mipymes (90% no tienen acceso al crédito) tiene la oportunidad de acceder a algún tipo de apoyo financiero (Nuñez, 2019). En este sentido, 73.6% de las mipymes señaló que no aceptaría un crédito bancario porque lo consideran caro (57.9%), indicó no necesitarlo (20.4%) o por no tener confianza en los Bancos (14.9%). Por otro lado, uno de sus mayores obstáculos son los requisitos que impone la banca, como garantías e historial crediticio y que no todas las mipymes pueden cumplir.

Sin duda la falta de inclusión financiera de las mipymes es una gran barrera para el desarrollo de éstas ya que en general requieren de capital para crecer y desarrollar mejores condiciones de mercado. Es decir, que el acceso al crédito se puede convertir en adquisición de maquinaria, ampliación de operaciones, contratación de personal, etc. (Lozano, 2019). Sin embargo, lo que estamos viendo en esta crisis económica derivada de la crisis sanitaria por Covid19 es que muchas mipymes dejaron de recibir ingresos (liquidez) por lo que en general se ven imposibilitadas para pagar nóminas, alquileres, proveedores, etc. Lo preocupante de esto, es que puede derivar que el día de mañana surjan problemas de insolvencia cuando el monto de sus deudas y obligaciones por penas convencionales y/o intereses se vuelvan impagables y, por lo tanto, tengan una alta probabilidad de quebrar. Esto significaría el despido de muchísimas personas y se volvería un problema sistémico que afectaría a las empresas con las que se tuvieran contratos y obligaciones de pago.

Para tratar de subsanar esto, el Banco de México ha anunciado una inyección de 750, 000 millones de pesos al sistema financiero (casi 3.5% del PIB) para que los Bancos no tengan excusa para otorgar créditos a las empresas que enfrenten estos problemas. Sin embargo, como ya vimos, hay un bajo acceso al crédito por parte de las mipymes, lo que significa que no todas van a poder tener este apoyo financiero. Además, hay que señalar que no serán créditos para expandir su producción ni capital de trabajo sino meramente para sobrevivir (Quintana, 2020).

Por esta situación, hay que exigirle deberes positivos al Estado para que promueva la autodeterminación de las y los menos aventajados, con herramientas económicas como la inclusión financiera ya que requieren ciertos bienes primarios como derechos y libertades, oportunidades y poderes, ingresos y riquezas ya que éstos constituyen “las bases sociales de la dignidad” (Vázquez Cardozo, 2019, p. 37). Es decir, que la justa igualdad de oportunidades (a la luz de la inclusión financiera) pueda darse a través de la implementación real y efectiva de la Legislación Financiera, Telecomunicaciones y la que detone el sector FinTech, para que más allá del altruismo y la beneficencia, sea utilizada la tecnología, la innovación y el sistema financiero para apoyar, sobre todo, a los grupos en situación de vulnerabilidad y los que son excluidos por vivir en zonas rurales (Vázquez Cardozo, 2019, p. 42). Sobre todo, en tiempos de contracción económica por la crisis sanitaria del COVID-19, que desafortunadamente aumentará la desigualdad económica y social en el país.

Ivan es Licenciado en Derecho por el ITAM 

Fuentes

Rubio Márquez,Vanessa (2017), Reforma financiera, Fondo de Cultura Económica.

Roldán Xopa, José (2018), La ordenación constitucional de la economía (Del Estado Regulador al Estado Garante), Fondo de Cultura Económica.

Banco Mundial, La inclusión financiera es un factor clave para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad, http://www.bancomundial.org/es/topic/financialinclusion/overview#1.

Consejo Nacional de Inclusión Financiera (2018), Reporte Nacional de Inclusión Financiera.

World Bank Group, The Global Findex Database 2017 Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution. 

Ankit Sharma (7/03/2019), Inclusión Financiera tan simple como abrir una cuenta bancaria o no, https://www.eluniversal.com.mx/columna/ankit-sharma/nacion/inclusionfinanciera-tan-simple-como-abrir-una-cuenta-bancaria-o-no. 

INEGI (2 de abril de 2019), COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 179/19 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/OtrTemEcon/ENDUTIH_2018.pdf

Nuñez, Jaime (9/11/2019), "Pymes y su acceso a crédito", El Heraldo de México https://heraldodemexico.com.mx/opinion/pymes-y-su-acceso-a-credito/.

Lozano Luis Fernando (25/11/2019), "¿Qué necesitan las Pymes para conseguir un crédito?", Forbes. https://www.forbes.com.mx/que-necesitan-las-pymes-para-conseguir-un-credito/.

Quintana Enrique (23/04(2020), "El gobierno va en sentido contrario", El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/el-gobierno-va-en-sentido-contrario.

Vázquez Cardozo, Rodolfo (2019), Teorías contemporáneas de la justicia -Introducción y notas críticas, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2019.

[1] Esto se desprende del llamado capítulo económico de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establecido del artículo 25 al 28.