Destacan los expedientes:
- Serie penal 8/1870. Expediente contra Jesús Aréchiga por el pronunciamiento armado que encabezó Trinidad García de la Cadena. Es uno de los muchos juicios contra sublevados, a los que un decreto del gobernador –expedido el 1 de marzo de 1870– ofrecía amnistía a quienes se presentaran ante las autoridades y se declararan culpables; en caso de no hacerlo serían perseguidos y sufrirían penas severas. Varios de los que no se acogieron al decreto fueron denunciados; en su mayoría declararon que desconocían el objetivo de la rebelión e ignoraban que actuaban contra el gobierno constitucional.
- Serie penal sn/1876. Un labrador, vecino del rancho La Blanca, fue acusado de participar en un mitin en Ojocaliente, al parecer inspirado en el pronunciamiento del “Ejército Regenerador” bajo las órdenes del general Porfirio Díaz. Jesús López fue arrestado por maldecir y pronunciar injurias contra el gobierno; interrogado, dijo que estaba ebrio. Muchos de los expedientes relacionados con sedición son similares. El expediente contiene una carta emitida por Zacarías Valadez, en la que llama a la población para unirse al movimiento encabezado por el general Díaz contra Lerdo de Tejada.
- Serie penal 1/1910. Expediente relacionado con un grupo antirreeleccionista organizado en el sur de Zacatecas a favor de Francisco I. Madero. Además del cabecilla, se acusa a otros de actividad sediciosa contra el gobierno. Se describe la búsqueda de pruebas para inculpar a varios en Teúl y a otros en Moyahua.
- Serie penal 31/1912. Entre los procedimientos criminales seguidos a quienes asaltaban pueblos y oficinas federales de recaudación como protesta contra el gobierno federal, resalta éste, instruido contra uno de los líderes revolucionarios más notables en la región. Luis Moya –al mando de más de cien hombres– asaltó la oficina del Timbre en Jalpa y sin molestar a vecinos ni empleados pidió timbres de contribución federal. Moya solicitó el importe de unas estampillas fiscales presuntamente vendidas y redactó un recibo que firmó el “coronel del regimiento”, Benito Juárez. El procedimiento terminó con una resolución fundada en la recién publicada Ley de Amnistía.
- Serie penal 6/1930. En 1930 aún se respiraban aires de discordia; hasta el presidente estaba expuesto a un atentado mortal, como sucedió con Álvaro Obregón. El 5 de febrero de 1930 se renovarían los ejecutivos federal y estatal en Concepción del Oro; el diputado José Gil López perdió, pero aseguraba que “pronto cambiaría la situación del país” y que ni el gobernador ni el presidente durarían en sus cargos. El 26 de mayo de 1931, un agente del Ministerio Público Federal libró orden de aprehensión contra Gil López por rebelión y homicidio frustrado. Dado que se ignoraba su paradero, en noviembre de 1933 se desistió de la acción.
- Juicio de Amparo 8/1917. Proceso contra Ángel del Palacio y Victoria Ortiz, directora de un convento de Carmelitas. Cuestionado por unos soldados sobre un recinto religioso que estaba en la vecindad y su número de habitantes, Del Palacio respondió que era bien conocida esa institución religiosa, pero que ignoraba cuántas personas vivían allí.
- Serie civil 18/1931. La Ley del 6 de enero de 1915 fue uno de los más importantes resultados de la Revolución, ya que hizo jurídicamente posible la expropiación de haciendas y la posterior repartición de esas tierras entre el campesinado. Los hacendados promovieron los recursos jurídicos que encontraron a su alcance para revertir la pérdida de su patrimonio; en la mayoría de los casos su acción quedó sin efecto debido al decreto que dejaba a los afectados sin recurso legal ordinario ni extraordinario contra esas resoluciones.
- Serie penal 23/1936. El acusado asegura que fue obligado a llevar correspondencia sin saber qué contenía: circulares, cartas, reglamentos e instructivos de varias asociaciones religiosas. Resulta curioso un promocional que invita a los creyentes a consumir cigarros “Basílica”, con el fin de aportar recursos monetarios para la ampliación de la Basílica de Guadalupe. Las diligencias llevadas a cabo mostraron al juez la participación de los acusados con los rebeldes cristeros, condenándolos a la mínima pena corporal que establecía la ley respectiva.
