Destacan los expedientes siguientes:
- Juicio de amparo 223/1881. Francisco Ghigliazza recibió una pequeña imprenta que fue despachada por la aduana marítima con la exención total de derechos que le otorgaba el arancel vigente. Al intentar retirarla, un agente de la Tesorería General le notificó un cobro como impuesto, que, si no pagaba, los objetos se llevarían a los almacenes de la Tesorería, amenaza que entrañaba riesgos para las máquinas y demoraría su instalación. El quejoso argumentó que se violaban las garantías consignadas en la Constitución y que la Tesorería de Tabasco invadía la esfera federal. Luego de la petición de amparo, el juez decidió que se violaron sus garantías constitucionales.
- Juicio de amparo 47/1889. Dos trabajadores de Nicolás Calacichen pidieron protección de la justicia. Gregorio Hernández solicitó a su amo su liquidación, lo que le valió castigos despiadados y ser remitido al jefe político, éste lo forzó a realizar trabajos públicos y luego lo regresó a la finca para que siguiera trabajando. Jacinto Sánchez acusó a Calacichen de golpes y amordazamiento; ambos consideraron violadas sus garantías constitucionales. El jefe político desmintió a Gregorio. El Juez de Distrito admitió la demanda de Hernández, y rechazó la de Sánchez. Se remitió el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que confirmó el fallo del juez en el caso de Gregorio Hernández con una multa; sólo se libraría mediante justificación de insolvencia.
- Juicio de amparo 12/1911. Varios hombres fueron integrados a la fuerza al ejército de Tabasco, dejando desamparadas a sus familias. Al año de estar acuartelados piden la protección de la justicia para regresar a sus casas. El gobierno tabasqueño y la autoridad militar argumentaron que se les consignó según lo disponía la ley de la materia. El juez les negó la protección y el caso fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; una comunicación telegráfica del general en jefe avisó que ya habían sido dados de baja, por lo que la Corte resolvió decretar el sobreseimiento.
- Juicio de amparo 54/1911. Juicio controvertido por la efervescencia política del momento. Pánfilo S. Toca fue acusado de participar en un movimiento en Teapa. El jefe político supo que el acusado preparaba un asalto al pueblo y que había estado en Macuspana haciendo propaganda política para llevar dinero y fuerzas armadas. Toca promovió un amparo, pero el juez lo declaró formalmente preso por los supuestos delitos de sedición y de rebelión, hechos que el juez no comprobó. Las violaciones de las garantías constitucionales invocadas quedaron manifiestas, por lo que la justicia de la Unión amparó al promovente.
- Juicio de amparo 89/1912. Pascual Orozco, cabecilla de una rebelión contra Francisco I. Madero, comisionó a Abraham Llergo para intentar la rendición de Pichucalco, Chiapas. Por tratarse de un delito de orden federal, un juez chiapaneco envió a la autoridad en Tabasco un telegrama facultándolo para dictar auto de formal prisión. En el informe rendido por el jefe político de Pichucalco se señaló a Llergo como uno de los asaltantes. El juez concedió la suspensión provisional del acto, que tendría por efecto que el quejoso quedara a disposición del Juzgado. En 1913 el juez sobreseyó el asunto.
- Expediente penal 26/1917. Pedro Torruco Jiménez fue acusado de explotar terrenos nacionales sin la concesión respectiva; no presentó prueba alguna, pero dijo tener un contrato con el comité municipal de Balancán para extraer chicle. La declaración de un aspirante forestal no compaginó con lo dicho por el acusado, por lo que la autoridad solicita otro castigo por declarar falsedades, mantener esclavizados a sus trabajadores, endeudados con él más cada día, pues les vende víveres a precios exorbitantes. En el juicio por la explotación de terrenos sin concesión, la defensa demostró lo contrario y logró su absolución.
- Incidente de libertad provisional bajo protesta sn/1918. Se expone ante el juez Tomás Garrido Canabal que se habían desvanecido los fundamentos que pudieran haber servido para decretar la formal encarcelación de Andrés Sarrazaga, por lo que excarceló provisionalmente al encausado. Garrido concluyó que estando con el pedimento del agente del Ministerio Público no se podía conceder la libertad condicional. La audiencia está firmada por todos los comparecientes, excepto el procesado, que no sabía escribir.
- Juicio de amparo 94/1921. Demanda que presentó Virginia Perales en la que expuso que su esposo, el general Carlos Greene, arribó a Villahermosa procedente de Cárdenas; como a las 23:00 horas, oficiales del Ejército lo habían aprehendido por órdenes del presidente y del ministro de Guerra. La orden de aprehensión se había cumplimentado en forma arbitraria, pues como gobernador de Tabasco, el general Greene gozaba de fuero constitucional. Álvaro Obregón manifestó que el general Greene tenía órdenes de permanecer en la capital a disposición de la superioridad y desobedecerlas era una flagrante violación a la disciplina militar; que no gozaba de fuero alguno porque había sido desaforado por la Legislatura de Tabasco y que el Senado de la República había nombrado un gobernador interino. El presidente solicitó que no se concediera la suspensión en mérito de estricta justicia y para mantener el orden público. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a donde se remitió el expediente, sobreseyó el juicio de garantías el 24 de enero de 1929 por fallecimiento del general Green.
- Juicio de amparo 52/1924. Carmela Greene viuda de Valenzuela, solicita amparo en favor de Carlos Greene, Alejandro Greene y Juan Reinaldo Greene; temiendo que éstos, habiendo caído prisioneros, sean privados de la vida. Solicita la suspensión del acto reclamado, sin embargo, se decreta el sobreseimiento en virtud de que según los informes de las autoridades señaladas como responsables, Carlos y Alejandro Greene han fallecido. Respecto a Juan Reinaldo Greene, dado que nadie más se apersonó para dar seguimiento al juicio de amparo, también se decreta el sobreseimiento.
NOTA: Los juicios de amparo 94/1921 y 52/1924, se refieren al mismo personaje: el General Carlos Greene Ramírez, quien fuera Gobernador Interino del Estado de Tabasco, de octubre de 1914 a febrero de 1915 y primer gobernador constitucional (por la Constitución de 1917), del mismo Estado de 1919 a 1922. En abril de 1919 promulgó la Constitución del Estado Libre y Soberano de Tabasco que actualmente se encuentra vigente. De ahí la importancia de ambos documentos.
