Destacan los expedientes:
- Juicio mercantil s/n. Documentos correspondientes al caso de la hacienda de San Bartolomé Cuamacingo en el municipio Muñoz de Domingo Arenas, Tlaxcala. José Fernández Lara era el propietario en 1712; a su muerte, en 1733, sus bienes se remataron a un fraile. En el documento del remate hay un plano que marca los linderos de la hacienda. A partir del siglo XVIII se puede seguir la línea sucesoria hasta mediados del XIX; en 1867 ya funcionaba la vía México-Apizaco, en 1869 el ramal Tlaxcala-Puebla y en 1873, el trayecto México-Veracruz vía Orizaba, que atravesaba de poniente a oriente la hacienda. Durante el rescate de la documentación en 1997 se encontraron testamentos y papeles importantes que se integraron a un expediente con el nombre indicado.
- Causa criminal 2/1868. Relativa a las denuncias que hizo Calixto Robles, el 28 de marzo de 1868, sobre 120 pesos en oro y plata presumiblemente del fisco federal, que el C. Ignacio Comonfort, Jefe del Ejército del Centro donó a sus hijos naturales Luis y Cúspolo.
- Causa criminal 7/1869. Denuncia que hizo Miguel Marrero el 20 de septiembre de 1869 en contra de Honorato Domínguez por conspirar contra el Supremo Gobierno en compañía de Joaquín Muñoz, Melquíades Trujillo, Manuel Larosa, Joaquín Castro y José María Díaz y Gil. El Juez de Distrito sobreseyó esta causa.
- Expediente 13/1869. Embargo de bienes practicado en la hacienda San Isidro Buen Suceso, San Pablo del Monte, Tlaxcala; el propietario reconoce deudas al convento de la Concepción, al Juzgado de Testamentos y a la Archicofradía del Rosario de Puebla. El embargo fue efectuado por la Jefatura de Hacienda, el juez decreta la venta de la hacienda en lotes. El expediente contiene un plano de la hacienda de 1870.
- Juicio de amparo 13/1872. Promovido por el licenciado Pablo Reyes y Retana por faltas cometidas en el desempeño de sus funciones como juez de primera instancia en Huamantla. El Juez de Distrito otorga el amparo. El expediente contiene un ejemplar de la Constitución de 1857.
- Expediente penal 14/1872. Causa criminal contra un portador de moneda falsa; declaró que había llegado a Cuapiaxtla y al entrar al mesón cayó del arreo de su burro una moneda falsa; al catearlo se encuentran más monedas, sobre las que ignora su origen, pues apenas había comprado el aparejo a un desconocido. Es formalmente preso y cumple dos meses en prisión sin que su causa se haya terminado por la demora en la devolución de los exhortos liberados. Se le otorga la libertad bajo fianza, “Para que no vaya a sufrir una pena mayor que la merecida”.
- Causa penal 2/1880. Contra una pareja por circular moneda falsa. Un guardia presentó a la mujer denunciándola por el delito cuando pagó su compra a una vendedora en Tlaxcala. Declara que la encontró y la recogió. Se absolvió del cargo al marido, pues no hubo prueba alguna en su contra y se dio por compurgada la pena a la mujer con 28 días de cárcel.
- Causa criminal 39/1881. Denuncia que hizo José María Izurrieta del terreno baldío llamado Cuaximala, compuesto de tierras de laborío montuoso y pastizal, propiedad de varios indígenas del pueblo de Ixcotla, el terreno se localiza en Yatlacustla, en los límites de los municipios del Distrito del Centro y Hueyotlipan. El Juez de Distrito determinó que el terreno no era denunciable como baldío, aunque dejó a salvo los derechos del denunciante para promover el juicio de apeo y deslinde.
- Causa penal 1/1882. Acompañado de su familia y amigos, un vecino de Apizaco condujo una imagen de la Virgen de Guadalupe de su casa al templo, la colocó en un templete con iluminación, serenata y fuegos artificiales y la devolvió al templo. Se le absolvió por realizar actos públicos religiosos, y se determinó que era competencia de la autoridad administrativa el exigirle o no la multa correspondiente. Se remitió a la Cámara de Diputados para que determinara la responsabilidad en que pudiera haber incurrido.
- Causa criminal 2/1889. La Prefectura Política de Calpulalpan puso a disposición del Juzgado a varias personas como responsables de falsificación, circulación de moneda falsa y objetos probatorios del hecho. El principal inculpado negó que los instrumentos encontrados fueran de su propiedad. Se le condenó a un año ocho meses de prisión, otro recibió un año cuatro meses de prisión y multa, asimismo, otros fueron exculpados.
- Causa criminal 19/1912. David Paredes, Irineo Guzmán y Julio López, fueron acusados de rebelión y encarcelados. Declararon que el ciudadano Bonifacio Olvera, les dijo que tenía pensado levantarse en armas para cambiar a las autoridades y asesinar al Prefecto Político y al Juez de Primera instancia de Calpulalpan. El juez consideró que había méritos suficientes para dictar formal prisión, aunque fueron liberados al exhibir la fianza correspondiente. Debido al Artículo primero de la Ley de Amnistía, el juez sobreseyó.
- Causa criminal 34/1918. El presidente municipal de San Bernabé Amaxac fue acusado de infringir la Ley para Elecciones de Poderes Federales por eliminar de la lista electoral los nombres de unos comisionados. Se le impuso reclusión por quince días y una multa.
- Causa criminal 50/1918. El gobierno del estado consignó al juez de primera instancia un recibo por 100 pesos, una carta y una lista firmada por el rebelde Cirilo Arenas, en las que constan los nombres de jefes y oficiales opuestos al gobierno. En la carta se informan noticias de una rebelión. Al acusado se le impuso un año de prisión y una multa.
- Causa criminal 1/1920. Contra el presidente de una casilla electoral de San Pablo Apetatitlán por infringir la Ley Electoral vigente al extraviar documentos que debía entregar a la Junta Computadora. Fue sentenciado a seis meses de reclusión y multa de 100 pesos.
- Causa criminal 23/1920. Un candidato a diputado y representante del Partido Liberal Tlaxcalteca señaló al presidente municipal de Tlaxcala por infringir la Ley Electoral al no informar a la Junta Computadora el número de casillas que funcionaron en el Distrito. Se le impuso un año de reclusión y una multa de 2,000 pesos, además de la suspensión de sus derechos políticos por diez años.
