Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey

Ministro Emeterio De la Garza Martínez

El archivo histórico está conformado por expedientes del período entre 1822 y 1950, generados en el Primer Juzgado de Distrito y en el Tribunal Unitario del Cuarto Circuito con una extensión de 313 metros lineales.

  • Expediente sn/1866. Mercantil. El 1 de mayo de 1864, Joaquín Zendejas, apoderado jurídico de Mercedes Piñón, viuda de Manuel Crescencio García Rejón y de sus dos hijos, inicia un litigio contra Andrés Calzado sobre liquidación de cuentas y participación de utilidades en Potrero Redondo y La Camotera. Algunos de los bienes existentes en esas haciendas –entre ellos cuentas cobrables por varios miles de pesos– fueron confiscados por el gobierno de Benito Juárez.

  • Juicio de propiedad 132/1869. Juicio ordinario promovido por el súbdito español Agustín Prida, apoderado sustituto de los herederos del finado José Iturbe, en el que pide se entreguen a sus herederos los bienes que quedaron luego de su muerte y que obran en posesión de la hacienda pública. Contiene documentos sellados y apostillados por los Estados Unidos de América, dados en Washington, D. C.

  • Expediente civil 608/1881. Tercería de Preferencia que pronuncia el señor Carlos Barbosa como apoderado sustituto del señor Mariano Degollado por 9,707.60 pesos en los juicios ejecutivos que se rigen por los señores Hunter Samprell, Wiells y el Milmo Bank, contra la compañía del Ferrocarril Internacional Reformado. Contiene ejemplares de los periódicos La Prensa Libre y El Progreso, tres ediciones del Diario Oficial de México, así como hojas y sellos de la Suprema Corte de Nueva York.

  • Juicio de oposición 722/1904. En 1903, Alfonso Larralde era dueño del fundo minero denominado Promontorio; en enero, Victoriano Solís, causahabiente de la compañía opositora, denuncia diez pertenencias bajo el nombre de Los Reyes, colindantes al sur con Promotorio; el señor Larralde redujo sus 30 fundos a diez en febrero y en marzo, el doctor Manuel M. de la Garza denunció cuatro pertenencias bajo el nombre Cruz de Plata, localizadas en el terreno que ocupaban las cuatro que quedaban libres a causa de la reducción hecha por Larralde. El expediente contiene cinco ediciones del Periódico Oficial, tres planos 260 y el título de propiedad de la mina Los Reyes signado por el presidente Porfirio Díaz.

  • Expediente civil 1029/1909. Toca del juicio seguido por la señora Reyes González viuda de Garza denunciando un terreno baldío sito en la jurisdicción de China, Nuevo León, a cuya denuncia se oponen Rafael Dávila, apoderado del dueño de la hacienda La Sauteña, Andrés Cantú Villarreal y Clemente Garza, apoderado de los accionistas de las tierras de Las Mercedes, propiedad del sargento mayor Carlos Cantú. Un caso en el que se puede apreciar la terminología y el estilo de redacción propio del lenguaje jurídico de la época.

  • Juicio penal 12/1924. El 20 de enero de 1924, el excoronel Pedro Chapa se alzó públicamente en abierta hostilidad para substraerse a la obediencia del gobierno, el todo o una parte de la República, acaudillando a rebeldes que causaron derramamiento de sangre. En consecuencia, la nación resintió daños consistentes en pérdida de caballos, equipo, parque y atención médica a heridos, cuyo importe por responsabilidad civil se valuó en 80,000 pesos.

  • Juicio civil 31/1931. El Ministerio Público Federal promovió un juicio ordinario para nacionalizar el edificio regiomontano conocido como Colegio de Niñas, erigido a finales del siglo XVIII. Conforme a una ley de 1892, toda adquisición de fincas o imposición de capitales hecha con posterioridad a la Ley de julio de 1859 debía considerarse nula y deberían entrar al dominio de la nación todos los bienes del clero católico que se adquirieron contraviniendo esas disposiciones, que eran las mismas contenidas en la fracción II del Artículo 27 de la Constitución General de la República. El 16 de mayo de 1934 se declaró que el edificio era propiedad de la nación. Se anexan varios periódicos oficiales de 1932.

  • Juicio de amparo 90/1938. Toca a la apelación interpuesta por un agente del Ministerio Público Federal y por el defensor de Procopio Rodríguez, capitán del vapor nacional México, contra el auto de formal prisión que se le decretó el 18 de octubre de 1937, en la causa 20/937 por ataques a las vías de comunicación a que se refiere la fracción VII del Artículo 1657 del Código Penal. El 14 de julio de 1937, cuando Rodríguez maniobraba su embarcación entre escolleras, encalló al sur de Tampico, Tamaulipas; por el agua que entró, los barriles de petróleo que cargaba comenzaron a flotar hasta llegar a mar abierto. Se procesó a Rodríguez por ataques a las vías generales de comunicación por su falta de pericia; se menciona que el paso de un ciclón había formado un banco de arena en el que quedó varado el barco. Expertos en buceo hicieron peritajes para compararlos con planos del área, con lo que se pudo demostrar que el barco varó sobre un antiguo y desconocido naufragio, y que no había en la superficie ninguna señal de peligro. El expediente contiene planos del área, fotografías detallando cada momento del hundimiento del vapor y el currículum del acusado.

Archivo Histórico, Monterrey