Destacan los expedientes:
- Juicio penal sn/1857. Se procesa a vecinos de Caborca por alta traición, acusados de complicidad al invitar a tropas extranjeras, radicadas en la California estadounidense, a invadir Sonora y proclamar su independencia. La acusación se fundamentó en una carta que se confiscó a las tropas filibusteras –dirigidas por Crabb en 1856–. La carta estaba firmada por los procesados, quienes alegaron que fueron engañados por Agustín Ainza, ya que estaba redactada en otro idioma y solamente les tradujeron que era un llamado a los colonos para poblar los desiertos de Sonora. Fueron absueltos por el Juez local de Primera Instancia en Guaymas, por falta de pruebas plenas.
- Juicio de amparo sn/1900. Promovido en 1900 por la Sonora and Sinaloa Irrigation Company contra el auto del Juez de Primera Instancia del Distrito de Guaymas, en el que decretó a la empresa en suspensión de pagos por su imposibilidad para saldar sus deudas. En 1890, esa empresa había obtenido una concesión del Poder Ejecutivo Federal para construir canales de irrigación en los ríos Yaqui, Mayo y Fuerte y comprar, vender y colonizar terrenos en Sonora. La compañía alegaba que la quiebra fue declarada incorrectamente porque su misión tenía carácter de servicio público y no privado. Varios artículos del contrato determinaron ese carácter y los juicios determinaron su insolvencia, por lo que se declaró la suspensión de pagos. El juez negó el amparo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó el fallo.
- Juicio de amparo 85/1901. Luis de Heras y Plutarco Elías Calles promueven esta demanda contra la sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia del Distrito de Guaymas. Como pago de una deuda, el primer quejoso había traspasado al segundo una imprenta; la escritura respectiva de transacción no había sido registrada porque el juez a cargo del Registro Público de la Propiedad se negó con alguna excusa, aunque admite una demanda promovida por Jesús B. Moreno contra Juan de Heras por 100 pesos, ordenando el embargo de la imprenta como pago. Los quejosos promueven la demanda de amparo por considerar que el Juez de Primera Instancia carecía de competencia para conocer del asunto dada la cuantía. El Juez de Distrito niega el amparo a los quejosos considerando que la demanda está fundada en excepciones dilatorias y perentorias que debieron oponer ante el juez, y porque no está probada la incompetencia del Juez de Primera Instancia ni la excepción fue planteada oportunamente: les impone una multa de 25 pesos a cada uno de los promoventes.
- Juicio de amparo 44/1908. Promovido por los profesores Manuel M. Diéguez y Esteban Baca Calderón contra la sentencia del Supremo Tribunal de Justicia del estado, argumentando la violación a sus garantías individuales; habían sido condenados a 15 años de obras públicas como responsables de motín, destrucción en propiedad ajena, incendio, homicidio y lesiones durante el paro de labores que hicieron los trabajadores en la Minera de Cananea en 1906. El Juez de Distrito negó el amparo. Algunos historiadores mantienen que la Revolución Mexicana tuvo sus inicios en este movimiento, y consideran a los acusados como líderes intelectuales de la huelga.
- Juicio de amparo 357/1924. George Young, apoderado de The Cananea Consolidated Copper Company, promueve juicio contra actos de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje del estado. La empresa se inconforma por el laudo que otorga a la señora Concepción Bermúdez una indemnización por la muerte de su hijo –contratista en la empresa-, muerto en el interior de la mina. El laudo dictado condena a la “Compañía de las 4C” a pagar 4,500 pesos por indemnización; el representante de la minera argumenta que el laudo es ilegal porque la señora no comprobó que Prisciliano Loa fuera su hijo ni mostró documento alguno que comprobara su dependencia del fallecido. El juez concedió el amparo considerando que la Junta se había extralimitado ya que la cuestión por resolver era si la señora Bermúdez probó o no ser la madre, porque ninguna otra cuestión se había planteado.
- Juicio de amparo 508/1924. Promovido por ciudadanos chinos, radicados en Pilares de Nacozari de García, en contra de la orden de expulsión del país girada por el presidente de la República con la facultad que le confiere el Artículo 33 Constitucional, por considerarlos extranjeros perniciosos según datos sobre una mafia denominada Chee Kung Tong, dedicada a asesinar a sus enemigos políticos. El Juez de Distrito sobreseyó el juicio al desaparecer los efectos del acto reclamado.
- Juicio de amparo 12/1926. Promovido por Francisco Gin, de origen chino naturalizado mexicano, y Julia Delgado, mexicana, a quienes se les niega el derecho a contraer matrimonio. El juez negó el amparo considerando que no hubo ninguna violación en perjuicio de los quejosos, puesto que la ley invocada fue expedida para reglamentar el matrimonio civil en el estado, en ejercicio de las facultades que le otorgan los Artículos 124 y 130 de la Constitución Mexicana.
- Juicio de amparo 19/1926. Promovido por Ing Lung, Rafael Chao y ciudadanos chinos radicados en Nogales, propietarios de negocios comerciales, argumentando la inconstitucionalidad de las leyes 180 y 203 del estado que los obligaba a suspender labores los domingos. El juez negó el amparo por considerar que las leyes eran armónicas con la Constitución, que establece un día de descanso por cada seis trabajados.
