Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes

Ministro Alfonso López Aparicio

El archivo histórico depositado en esta sede incluye 53.4 metros lineales, destacan los expedientes siguientes:

  • Serie civil, expedientes ID-1805, 1808, 1809, 1811, 1812 y 1817. Diligencias para establecer los derechos de propiedad de la Nación sobre el inmueble catedralicio de Aguascalientes, hecho correspondiente a la nacionalización de bienes eclesiásticos fundamentado en la Constitución de 1917 y con antecedentes en 1914, cuando Victoriano Huerta mandó intervenir los templos de la ciudad en julio de aquel año. Lo mismo ocurrió con los templos La Purísima, Guadalupe, La Merced, San José y San Antonio. Las resoluciones para la catedral La Purísima y Guadalupe se dieron en 1949, mientras que para las de San Antonio y San José fueron resueltas hasta 1952, en tanto que la de La Merced se resolvió hasta 1959.

  • Serie penal ID-6259, 1886. Juan Herrera fue condenado por un juez local a doce años de prisión por el delito de homicidio. En 1888 el Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes emitió una resolución que modificó la sentencia del juez de primera instancia, para el efecto de imponer la pena de muerte a Juan Herrera, a la cual llamaba “pena del último suplicio”. La H. Legislatura del Estado, en 1888 lo indultó al conmutar dicha pena en la mayor extraordinaria, misma que era la prisión por veinte años. Luego de que el Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes le negara en dos ocasiones previas el otorgamiento del beneficio de la libertad preparatoria, Juan Herrera promovió juicio de amparo ante el Juzgado de Distrito en el Estado de Aguascalientes, recayendo en fecha 28 de noviembre de 1901 la sentencia que concedió el amparo; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le reconoció el beneficio preliberacional. El 1 de mayo de 1902, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado dio cumplimiento a la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que el reo Juan Herrera fue puesto en libertad preparatoria.

  • Serie penal ID-6668, 1892. Victoriano Lira, de veintiocho años, de oficio labrador, campesino agricultor, fue acusado de abusar sexualmente de la menor, de nombre Macaria, tenía 6 años. Victoriano Lira es procesado por rapto, violación y homicidio en contra de la pequeña Macaria. El juez de la primera instancia le otorgó una pena de veinte años de cárcel y 100 pesos de multa; el Supremo Tribunal de Justicia del Estado lo condenó a pena de muerte y, por último, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día 11 de diciembre de 1892, concedió el amparo al quejoso a efecto de aplicar la pena privativa de libertad en lugar de la pena capital.

  • Serie penal ID-5701, 1910. Durante su gira como candidato a la presidencia, Francisco I. Madero dio un discurso; lo escuchaban los jóvenes Arturo E. Norman y Archibaldo Eloy Pedroza, quienes decidieron reorganizar el Club Antirreeleccionista Primo Verdad, a favor de Madero y de Francisco Vázquez Gómez para la vicepresidencia e imprimieron volantes atacando al presidente Díaz. Se les giró orden de aprehensión, aunque sólo se encontró a uno, quien, al rendir declaración, pidió se tomara en cuenta su confesión, buena conducta y edad. El juez determinó que era responsable de ultrajes al primer magistrado, pero considerando su juventud lo condenó a cinco meses de arresto.

  • Serie penal ID-4938, 1924. Justo Ramírez fue denunciado por la “Química Industrial Bayer Weskott y Compañía”, por el delito de uso indebido de marcas legalmente registradas y fabricar pastillas a los que denominó “Aspirin” utilizando la formula semejante a las aspirinas de la marca Bayer. El Juez de Distrito lo declaró responsable como autor del delito, se le impuso una multa de 2,000 pesos, se le decomisaron objetos de fabricación, ordenándose su destrucción, y se le amonestó para que no reincidiera.

  • Serie amparo ID-4844, 1925. José María Elizalde solicitó amparo contra actos del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, por haberlo desaforado y separado del cargo como Gobernador Constitucional del Estado y pretender que las autoridades judiciales del orden común puedan someterlo a un proceso como presunto responsable de homicidio. El Juez de Distrito negó el amparo al quejoso.

  • Serie penal ID-4868, 1925. El tumulto de San Marcos. En la madrugada del 29 de marzo de 1925 se presentaron ante el Juez Menor, el presidente municipal, el jefe de las Comisiones Especiales, el jefe de la Sección de Sanidad, el secretario de la Inspección General de Policía y dos empleados públicos para denunciar el tumulto que se efectuó en el Templo de San Marcos, en donde se formaron grupos de católicos y comenzaron a gritar frases como: “viva Cristo Rey”, “ muera el mal gobierno”, “viva la Virgen de Guadalupe”, “muera Calles”. Se agredía a los representantes del gobierno que estaban en el jardín de San Marcos, ante esto, las fuerzas federales usaron las armas para detener la agresión. El saldo del tumulto de San Marcos fue un soldado y dos civiles muertos y cuatro militares heridos. El Juez de Distrito decretó formal prisión como presuntos responsables del delito de tumulto a 61 detenidos.

  • Serie amparo ID-4168, 1931. Por decreto presidencial se entregaron 340 hectáreas de los predios Soledad de Abajo y Zacatequillas–, en el municipio de Cosío y una fracción de la Hacienda de San Pedro Piedra Gorda. Los terrenos se cedían con usos, costumbres y accesiones, incluido el volumen de agua necesaria para el aprovechamiento de las tierras de labranza en San Pedro, ubicado en el estado de Zacatecas. En el juicio de amparo, la propietaria alegó que las 100 hectáreas de esos terrenos eran inafectables por ser una pequeña propiedad. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobreseyó el juicio de amparo por improcedencia.

  • Expediente ID-3117, 1934. Instalación del Tribunal para menores. El 29 de octubre de 1934 se reunieron en el Juzgado de Distrito del estado el juez, el delegado del Departamento de Salubridad Pública y el director de Educación Federal y del estado para instalar el Tribunal Federal para Menores en el estado de Aguascalientes y nombrar al Consejo de Vigilancia y su presidente. Se acordó comunicar el asunto a las instancias involucradas. El Juzgado de Distrito de Aguascalientes recibió el oficio en el que la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dio por enterada.

  • Serie penal ID-2050, 1942. En 1942, Aurelio Arrioja trabajaba en la Dirección General de Correos y Telégrafos hidrocálida; se le instruyó una averiguación previa como presunto responsable de robo y violación de correspondencia. En 1943, un agente del Ministerio Público Federal solicitó al Juez de Distrito suspender el procedimiento debido a que Arrioja se encontraba sustraído de la acción de la justicia. En 1947, la Dirección General de Correos, a través de la Procuraduría General de la República, solicitó al Juez de Distrito la devolución de cinco billetes de cinco pesos que constaban en el expediente. En 1950 se puso en movimiento la causa criminal y se declaró prescrita la acción penal.

  • Serie amparo ID-6704, 1944. Carmen y Natalia Martínez, dedicadas al oficio de meseras, solicitaron amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos del Inspector General de la Policía Local, quien por medio de sus agentes les prohibió dedicarse a tal oficio y que en caso contrario se las llevarían presas. Las mujeres argumentaron que no habían cometido delito alguno y que su oficio era lícito y honrado. En su informe la autoridad responsable expresó que se dio la orden para que los agentes de policía prohibieran que los establecimientos de cantina, cervecerías y restaurantes fueran atendidos por mujeres, ya que en dichos lugares se registraban actos inmorales y robos. El Juez de Distrito les concedió el amparo a las quejosas.

Archivo histórico Aguascalientes